El subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias Palau, participó en la ceremonia inaugural del seminario “Desafíos de la Minería a Gran Altitud, Minalt 2013”, ocasión en la se refirió al proceso de modernización del sistema de seguridad laboral que está liderando el Ministerio del Trabajo con el objeto de disminuir el número de accidentes y fatalidades en el país.
“Por estos días se están discutiendo proyectos de ley que regulan las condiciones de trabajo en altura para minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y esas leyes necesitan ser construidas sobre una base técnica y científica sólida”, manifestó la autoridad.
“En particular en las regulaciones de las jornadas de trabajo en altura tienen que combinar las necesidades de las empresas con las condiciones de salud de los trabajadores y para eso necesitamos evidencia científica que nos diga exactamente a qué riesgos se enfrentan los trabajadores en altura y cómo una u otro tipo de jornada afecta su salud”, agregó el subsecretario Iglesias para quien este tipo de seminarios “son de mucha ayuda por el alto nivel de conocimiento de las personas que se reúnen para ver estos temas”.
En relación a las reformas en materia de seguridad laboral, el personero de gobierno aclaró que “los cambios que introduce este proyecto tienen cuatro ejes principales: la prevención, con lo que se busca fortalecer este tipo de actividades realizadas por las Mutuales y los empleadores; la eliminación de la distinción obrero-empleado; mejorar los beneficios económicos del seguro ante accidentes laboral; y por último aumentar las medidas de fiscalización del cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo”.
“Estamos haciendo mucho énfasis en la fiscalización. Cuando todo este sistema esté en pleno funcionamiento, tendremos 202 fiscalizadores que se van a dedicar de forma exclusiva a revisar las condiciones se seguridad laboral, y serán personas especializadas en dicha área”, afirmó.
EJES DE LAS REFORMAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD LABORAL
1.- Prevención: se busca fortalecer las actividades de prevención que desarrollan las entidades administradoras del seguro y los empleadores, para lo cual se introducen nuevos instrumentos de prevención para las empresas medianas y pequeñas, y se definen con mayor precisión las responsabilidades de las Mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) en esta materia.
Las propuestas incluyen desde la autoevaluación de riesgos y mapas de riesgos para empresas con más de 10 trabajadores, hasta contar con un Departamento de Prevención de Riesgos en todas las empresas con más de 100 trabajadores, incluidas entidades públicas.
2.- Eliminar distinción obrero-empleado: esta es una diferencia arbitraria entre los trabajadores afiliados al ISL, que perjudica a aquellos calificados como “obreros”, quienes solo pueden recibir atención médica del seguro en los establecimientos hospitalarios públicos.
De acuerdo al proyecto, todos los trabajadores afiliados al ISL, cualquiera sea la naturaleza de los servicios que ejecuten, tendrán la misma cobertura médica y preventiva frente a los riesgos laborales. De igual modo el Instituto tendrá la administración integral de sus afiliados, para lo cual se contempla un aumento de su dotación.
3.- Mejorar beneficios económicos del seguro: se busca mejorar la calidad de la protección económica del seguro, y corregir discriminaciones (especialmente contra las mujeres) que existen en la estructura actual de beneficios.
En ese sentido, se asegura que el monto de las pensiones de invalidez por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no disminuya cuando el beneficiario deba pensionarse por vejez en el Sistema de Pensiones. Además, se otorga el derecho a pensión de sobrevivencia al cónyuge sobreviviente y al padre de hijos no matrimoniales; se elimina la restricción de edad y de no contraer nupcias para que las viudas tengan derecho a percibir en forma vitalicia la pensión de sobrevivencia; y para acceder a la pensión de orfandad, la calidad de estudiante se deberá tener a la fecha de fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 años de edad.
4.- Fiscalización: se busca aumentar la intensidad y efectividad de la fiscalización de cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, ya que una fiscalización oportuna y con el enfoque adecuado, ayuda a promover una cultura de cumplimiento de las normas.
Para ello se propone traspasar a la Dirección del Trabajo la mayor parte de las facultades de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo que hoy tiene el Ministerio de Salud, creando un departamento especial para cumplir esta función. Asimismo, se aumentan en 120 los fiscalizadores adicionales. De esta forma, se podrá prácticamente duplicar la cantidad de fiscalizadores exclusivos de seguridad y salud laboral a nivel nacional.
El proyecto de ley incluye también otras modificaciones como, por ejemplo, una nueva modalidad de evaluación de incapacidades permanentes y temporales; el cambio de la dependencia de la Comisión Médica de Reclamos desde el Ministerio de Salud al Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y la modificación de los requisitos para que las empresas tengan derecho a que se les confiera la calidad de “administradoras delegadas del seguro”, entre otras.
