El viernes culminó el trabajo de la comisión que vio el tema y que lidera Juan Somavía. Los cambios apuntan a fortalecer la negociación colectiva y los sindicatos. También se propondría modificar la legislación sobre gratificaciones y los criterios de reajuste del salario mínimo.
UNA presentación sobre la legislación chilena en materia de salario mínimo y gratificaciones, que se realizó el lunes pasado en las oficinas del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), en la comuna de Las Condes, fue la última actividad grupal que tuvo la Comisión Laboral del comando de Michelle Bachelet, liderada por el ex director general de la OIT Juan Somavía. El texto estará listo entre martes y miércoles para la revisión del equipo programático, el que remitirá a la candidata el documento definitivo con sus observaciones a fines de la semana que se inicia.
Aunque recién el viernes terminó la entrega de insumos y opiniones de la decena de profesionales que integran la comisión -con representantes de algunos de los partidos de la Nueva Mayoría (ver recuadro)-, los ejes de las propuestas ya están definidos, asegura uno de los profesionales que participa de la redacción del documento. Habrá cambios para fortalecer la negociación colectiva y a los sindicatos, poniendo fin al reemplazo en huelga y la posibilidad de negociar por fuera de los sindicatos. También se apunta a terminar con el uso de múltiples razones sociales y a revisar la ley de gratificaciones para que las empresas repartan sus utilidades y no usen ese beneficio para constituir remuneraciones.
Asimismo, se contempla perfeccionar la ley de defensoría laboral, proponer un nuevo esquema de reajuste del salario mínimo, nuevas políticas de empleo para jóvenes y mujeres, de capacitación e intermediación laboral, y normas pro equidad salarial de género, según precisaron varios de sus integrantes.
“Las líneas gruesas, los cambios estructurales en el Código Laboral ya están claros, ahora falta decantarlos. Abordamos un abanico ambicioso de temas, la mayoría complejos porque despiertan resistencia, pero la Presidenta tomó una decisión de ir con una muy buena agenda” en este ámbito, explica uno de los profesionales del grupo.
En la otra vereda, lo que no consideró la comisión fue modificar el actual régimen de indemnizaciones por despido.
Uno de los técnicos que participa en este trabajo señala que si bien hay un par de materias en las que hubo posturas dispares, las que quedarán reflejadas en el informe, “incluso en un escenario muy conservador estamos sobre el 90% de acuerdo”. Al respecto, otro de los integrantes precisa que en aquellos temas sin consenso se consignarán las diferencias con sus argumentaciones, independiente de la propuesta general.
1. NEGOCIACION COLECTIVA
En este ámbito se propondrán cambios estructurales al Código Laboral, para “devolver el valor real a la negociación colectiva como instrumento de diálogo entre el trabajador y su empleador”, fortaleciendo el rol de sindicatos, se asegura al interior de la comisión.
Para eso, se plantea restringir el artículo del Código Laboral que permite el reemplazo de trabajadores en huelga -se evalúa mantenerlo sólo en sectores estratégicos (como eléctricas, gasíferas y sanitarias)-, prohibir que las empresas puedan hacer ofertas especiales a quienes están en huelga y que la administración negocie con grupos de trabajadores cuando hay sindicato. Aunque no concita pleno apoyo, se ha analizado también buscar la inclusión del concepto de “piso de negociación” para que el último contrato colectivo sea la base de cada proceso nuevo de negociación.
“Tenemos en la ley una negociación que es rígida, con todo tipo de trabas dirigidas a limitar su cobertura y vulnerar a los sindicatos. Debemos avanzar en que haya más negociación colectiva y abrir opciones para distintas formas contractuales”, añade otro miembro.
Donde no habría consenso es en torno a impulsar la sindicalización automática. Uno de los integrantes señala que los detractores de la idea advierten que ese mecanismo contraviene el derecho de libertad de elección y que eso no se evita con la posibilidad de que los trabajadores manifiesten su negativa a la opción. Por su parte, quienes promueven el cambio señalan que para garantizar la protección de la libertad sindical se requiere un nuevo artículo que establezca que todo trabajador, al firmar su primer contrato (definido por los primeros tres meses), ingrese formalmente al sindicato y se mantenga ahí por un plazo (posiblemente los mismos primeros tres meses). Luego, podría desafiliarse de modo voluntario.
De acuerdo con los técnicos consultados de la comisión, si se da poder a los sindicatos y se redefinen los parámetros de la negociación colectiva, se podría incluir un ítem que permita ampliar las materias de acuerdo. Eso quiere decir que se permitiría a sindicatos y empleadores negociar jornadas flexibles, salarios y gratificaciones. Esta idea, de hecho, fue planteada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la administración de Bachelet, sin éxito.
2. MULTIRUT
Si bien en el Congreso existe hoy un proyecto que busca limitar el uso de diversas razones sociales por parte de empresas que quieren evitar obligaciones laborales y previsionales, lo que se conoce como multirut, la comisión laboral de Bachelet persigue poner fin al mecanismo. La visión de la mayoría de sus integrantes es que habría una relación directa entre la fragmentación de las empresas y la baja tasa de sindicalización en Chile, que llega al 13% aproximadamente entre los asalariados, al impedir la formación de organizaciones de trabajadores y por esa vía acceder a la negociación colectiva. “Sólo el 7% de los trabajadores sindicalizados negocia colectivamente y en eso mucho tiene que decir esta práctica del multirut”, dice uno de los miembros del grupo.
También estiman que la existencia de varios RUT genera una situación confusa en la relación trabajador-empleador y que, además, la empresa usa el mecanismo para ahorrar el pago de impuestos. Por lo mismo, uno de los integrantes indica que no se descarta incorporar cambios al concepto de empresa como parte de este punto.
3. GRATIFICACIONES
Aunque hay diferencias de tono, se evalúa la posibilidad de que las gratificaciones también sean sujeto de negociación colectiva. Donde sí existe una visión común es en la necesidad de reformar la legislación sobre el pago de gratificaciones. Esta plantea dos modalidades para la entrega de dicho beneficio. El primero es el regulado en el artículo 47 del Código del Trabajo, mediante el cual a los trabajadores les correspondería el 30% de las utilidades de la firma. El segundo es el normado en el artículo 50, que permite a las compañías la posibilidad de pago del 25% de las remuneraciones mensuales devengadas durante el año, con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales en el año, transformando así un componente variable de la remuneración en uno fijo.
La opinión generalizada de la comisión es que la mayoría de las empresas no usan la vía prevista en el artículo 47 y no más del 8% hace una efectiva entrega de gratificaciones, según el espíritu de la norma. Por eso se propondría “revisar el cargo de 30% de las utilidades, porque es tan ambicioso que se hace inaplicable en la realidad, aunque es un tema que sabemos difícil de sacar adelante”, sostiene un profesional.
4. SALARIO MINIMO
Una revisión de la legislación sobre salario mínimo y de los criterios o mecanismos de reajuste es otra de las propuestas en que se trabaja y sobre la que habría “una visión común en la línea de modernizar y perfeccionar el instrumento como base salarial para los trabajadores de menor calificación. No hemos logrado ponernos de acuerdo del todo en cómo debiera ser el reajuste”, apunta uno de los técnicos.
En la sesión del lunes último se discutió cuál es la metodología más adecuada para abordar el tema y surgieron dos líneas gruesas. Una, que el salario mínimo y su reajuste debieran relacionarse principalmente con un umbral de pobreza y no sólo con variables como la inflación y la productividad estimada. Y dos, que el salario mínimo y su cálculo debieran tener alguna relación con el nivel de ingreso per cápita del país. “Seguimos discutiendo, pero el principio de cambiar el mecanismo ya está acordado”, añade uno de los redactores del informe.