La Moneda ve con preocupación la movilización y estudia aplicar descuentos en base al estatuto administrativo y a la Constitución. Para enfrentar la contingencia el gobierno generó decreto para prorrogar la vigencia de los carnés de identidad hasta fines del 2013.
A dos semanas de iniciado el paro, el gobierno evalúa aplicar sanciones a los funcionarios del Registro Civil movilizados en demanda de mejoras salariales, según informaron fuentes gubernamentales.
Estas sanciones podrían involucrar descuentos por horas no trabajadas en base a lo dispuesto en el artículo 72 del estatuto administrativo, que autoriza a descontar remuneraciones en caso de que los trabajadores no cumplan con su horario laboral. La Constitución, en el artículo 19 Nº 16, detallan desde La Moneda, establece que los funcionarios del Estado no pueden declararse en huelga, en tanto la jurisprudencia administrativa de dicho cuerpo legal ha reconocido la facultad de la autoridad para realizar descuentos a los funcionarios que hayan adherido a una paralización de actividades. De acuerdo con lo informado, en ocasiones anteriores ya se han aplicado este tipo de descuentos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y los Servicios de Salud, en el marco de las movilizaciones de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) de fines de 2010, oportunidad en que algunos funcionarios afectados impugnaron la medida ante la justicia.
Desde el oficialismo aseguran que la Contraloría ha reconocido la facultad de la autoridad para realizar descuentos a los funcionarios que hayan adherido a una paralización de actividades y se respaldan en el dictamen Nº 62.446/2009: “…cuando los empleados públicos no desempeñan sus funciones por haber adherido voluntariamente a huelgas, interrupciones o paralizaciones de labores, corresponde que el valor del tiempo no trabajado por tal motivo les sea descontado de sus remuneraciones, pues en tal evento, su falta de desempeño en las actividades propias de sus cargos, tiene su origen en actividades en las cuales la ley les ha prohibido expresamente intervenir”, detalla el dictamen en cuestión.
Consultado sobre la posibilidad de sanciones para los funcionarios movilizados, Raúl de la Puente, presidente de la Anef, señaló que la legislación chilena que descarta el derecho a huelga entre los funcionarios públicos está en desuso. “El paro es legítimo, porque los funcionarios del Estado somos trabajadores igual que todos, según el derecho internacional. De hecho, en la práctica negociamos con el gobierno y nos movilizamos siempre”, sostuvo el dirigente.
Durante la tarde de ayer, la Anef estuvo en conversaciones con sus delegados nacionales para convocar a un eventual paro nacional en favor de los trabajadores. Para la dirigente Nelly Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil, la solución al conflicto pasa por un nuevo acercamiento: “Por lo pronto seguiremos en paro atendiendo los turnos éticos”.