Gremio que agrupa a prestadores privados explica que la mayor parte de las atenciones son consultas y exámenes:
El 46% de las prestaciones del sector corresponde a usuarios del seguro público que realizan un copago para poder acceder.
Por René Olivares
Las dos corrientes de pensamiento más importantes en el sector salud se debaten entre hacer más fuerte la presencia estatal -construyendo hospitales y contratando más médicos- para hacer frente a la demanda de la población, o bien subsidiar el exceso de demanda para que la resuelva el sector privado.
Mientras esa discusión suele ser recurrente en pasillos del Congreso, durante la última década las clínicas privadas han ampliado su oferta fuertemente.
Basta ver el caso de Concepción, donde hace diez años existía apenas una clínica privada. Hoy suma cuatro.
En Santiago es igual de evidente. Las clínicas Alemana, Las Condes, Tabancura, Dávila y Santa María, entre otras, han hecho una fuerte inversión en infraestructura, al igual que redes como Megasalud, Integramédica y Vida Integra. Además, se han construido clínicas nuevas, como Bicentenario o Vespucio.
En ese contexto, la gerenta general de la Asociación de Clínicas, Ana María Albornoz, confirma que el crecimiento de los prestadores privados se explica fundamentalmente por el aumento de demanda por parte de beneficiarios de Fonasa. Los mismos que representan el 46% de las atenciones que realiza el sector privado, sobre un total de 82 millones de prestaciones.
¿Es esto un traspaso encubierto de dineros públicos al sector privado? Albornoz asegura que no. «La gente que está en Fonasa cotiza su 7% y tiene derecho a ir a atenderse al hospital. Pero en este caso eligen, además, sacar plata de su bolsillo -y no del Estado- para ir a atenderse a un centro privado, ¿por qué eso no está bien?», comenta.
Eso sí, el grueso de las atenciones a beneficiarios del sector público son para el diagnóstico de las enfermedades (consultas médicas y toma de exámenes, principalmente), en el cual Fonasa tiene un buen nivel de cobertura. Distinto es el caso de las hospitalizaciones, donde según datos de la Asociación de Clínicas, Fonasa cubre apenas el 1,63%.
Albornoz agrega que «es errado decir que si viene gente de Fonasa a atenderse acá significa un traspaso de recursos del Estado. La gente saca plata de su bolsillo para decidir atenderse, para usar ese derecho», explica.
Y agrega que «crecemos porque la gente manifiesta preferencia por nosotros. Está como dentro del ADN de los chilenos saber que, a través de Fonasa, se puede atender en clínicas, y lo hacen porque encuentran oferta atractiva, amplia, adecuada para todos». Según la ejecutiva, «es una cuestión aspiracional atenderse (en clínicas). La gente se siente bien cuando puede darle solución a un problema de salud de un hijo en una clínica, pudiendo haber optado por atenderse gratis en un hospital».
Durante los últimos días se ha discutido fuertemente las decisiones del Gobierno respecto de la compra de cupos a clínicas, la concesión de hospitales a privados y otras materias. Además, en octubre se cumple un año de la implementación de la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes, que entre otros fines busca empoderarlos, al permitirles mayor acceso a información. Esto será parte del debate del congreso anual de la Asociación de Clínicas, que se realizará hoy en CasaPiedra.
82,5 millones es el último registro del total de atenciones en el sector privado.
37 millones corresponden a usuarios del Fonasa que optaron por un prestador privado.
16 millones son exámenes de diagnóstico, los más utilizados por estos pacientes.
TC falla a favor de isapres por alzas anuales
Las cortes de Apelaciones del país fallan principalmente en favor de los afiliados cuando estos recurren de protección contra las alzas anuales aplicadas por las isapres. Pero una afiliada a Cruz Blanca elevó su reclamo ante el Tribunal Constitucional (TC), para que este se pronunciara sobre la constitucionalidad de este reajuste.
Ayer se conoció la decisión del organismo, el cual desechó la argumentación de la requirente, argumentando que la facultad de modificar los precios de las isapres no es injusta, ni inconstitucional ni arbitraria.
En otras palabras, mientras las cortes rechazan el mecanismo utilizado por los seguros para calcular las alzas, el TC confirma la pertinencia del cobro.