Empresa del grupo Sura acumula más de $120 millones en multas aplicadas por la Superintendencia de Pensiones, además de tener el mayor número de castigos. Vea acá las principales infracciones de las AFP.

AFP Capital, perteneciente al Grupo Sura, es la administradora que encabeza las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Pensiones (SP) durante este año, con 12 castigos de un total de 45 impuestos por el ente regulador a los actores del mercado previsional entre enero y diciembre.
De estas sanciones, 4 corresponden a censura, 7 a multas y una absolución, con lo que la empresa supera a las demás AFP que han cometido infracciones durante el año, entre las cuales también figuran Planvital, con 8 sanciones, 3 de censura y 5 multas, seguida de Provida (1 censura y 6 multas); Cuprum (2 censuras y 4 multas); Habitat (1 censura y 3 multas); Modelo (1 censura y 2 multas), y el Instituto de Previsión Social (IPS), con 2 multas.
LA MÁS CASTIGADA

En cuanto al monto total de las multas, la Superintendencia indica que AFP Capital acumula 5.200 UF, unos $120 millones, registrando también la pena más alta, de 3.000 UF, por la «falta de diligencia y cuidado en el acceso a información constitutiva de datos personales de los afiliados», además de «efectuar labores de comercialización sin personal autorizado para ello», entre otras acusaciones.
También, el 8 de octubre pasado, fue multada con 1.000 UF, más de $23 millones, por «incurrir en irregularidades en la acreditación de las cotizaciones de sus afiliados pagadas electrónicamente». Por lo mismo fue multada Habitat (800 UF) y Planvital (400 UF).

CAUSAS DE MULTAS

Otra multa alta, de 1.000 UF, fue aplicada en marzo contra AFP Provida por otorgar pensiones de vejez anticipada, transgrediendo la normativa del sector.
El IPS acumula 900 UF en multas, una de las cuales fue aplicada en febrero, por no cumplir con las instrucciones de la Superintendencia para regularizar problemas detectados en sus pocesos de cobranza.
Una causal de infracción recurrente, por parte de las AFP, es incurrir en irregularidades en la información proporcionada al Instituto de Previsión Social, para la determinación de los pagos del subsidio previsional a trabajadores jóvenes.

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