Control detectó que el 30% de los trabajadores no cumplía con la asistencia mínima. Gobierno adoptó medidas que le permitirán ahorros por unos US$ 80 millones.
Por Nicolle Peña

Clases que no existían, alumnos que no cumplían con los requisitos mínimos de asistencia, y hasta paseos de fin de año financiados por el Estado. Esas fueron algunas de las irregularidades que detectó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), entidad dependiente del Ministerio del Trabajo, tras implementar, en agosto del año pasado, un nuevo mecanismo de control a los cursos de capacitación financiados vía franquicia tributaria.

Se trata de un sistema de huella electrónica, cuya finalidad es monitorear la asistencia a clases de los trabajadores y así corroborar la correcta ejecución de los programas beneficiados.

Las sospechas se hicieron realidad. “Muchos cursos eran fantasma, la gente no asistía o ni siquiera los trabajadores se enteraban que sus empleadores los inscribían en cursos”, asegura Rodrigo Sobarzo, jefe del departamento formación para el trabajo del Sence.

La franquicia tributaria permite a las empresas descontar del impuesto a la renta el gasto que realicen en capacitación durante el año, por hasta el 1% del total anual de remuneraciones de sus trabajadores. Para obtener el beneficio tributario, basta que la empresa informe al Sence sobre el inicio del curso y su culminación.

“El Sence paga y aprueba el curso por trabajador, pero sólo si tiene al menos el 75% de asistencia. Si bien los registros apuntaban a que casi todos tenían el 100% de asistencia, al aplicar la huella electrónica nos encontramos con que el 70% de los alumnos cumple con el requisito”, explica Sobarzo.

Junto a ello, dice, entre octubre y noviembre quedó en evidencia que casi un 25% del total de cursos inscritos no se ejecutaba.

“Son cursos fantasmas que no se estaban dando. Si no los hubiéramos detectado se habrían financiado”, añade. De acuerdo con los cálculos del organismo, el incumplimiento en materia de asistencia y la no ejecución de algunos cursos implican un ahorro de US$ 60 millones al año.

A esto se suman otros US$ 20 millones en cursos financiados por el Estado que no cumplían con estándares que permitieran a los trabajadores adquirir nuevas competencias. “Estimamos que cerca del 10% de los cursos de la franquicia no son pertinentes”, detalla Sobarzo. Si bien no se pueden caducar -cada curso es aprobado por cuatro años- sí se pueden congelar, evitando asignarles recursos.

Ejemplos de estos programas son “gimnasia de pausa laboral” -que consistía en 10 minutos diarios para cada trabajador- o “descanso, relajo, término de conflictos: paseo de fin de año”.

La ex ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, señaló en reiteradas oportunidades que “los US$ 300 millones anuales que invierte el Estado en capacitación tienen cero impacto”. En efecto, en 2011 un grupo de expertos concluyó que la franquicia tributaria no se traducía en mejores remuneraciones ni en mayores posibilidades de empleo para quienes tomaban los cursos, que por lo general eran trabajadores más calificados y de grandes empresas.

El 85% de los cursos que se dicta vía franquicia es gestionado por algún Organismo Técnico Intermedio para Capacitación (Otic). En paralelo, existen cerca de tres mil Organismos Técnicos de Capacitación, que se encargan de ejecutar los programas.