Iniciativa ingresada al Congreso introduce la responsabilidad extendida del productor (REP), creando dos instrumentos de gestión para prevenir la generación de residuos: la certificación, rotulación y etiquetado y los sistemas de depósito y reembolso.

En 2009, se generaron en el país unas 16,9 millones de toneladas de desechos, de los cuales 6,5 millones de toneladas correspondieron a municipales y 10,4 millones a industriales.

A este escenario se suma que la tasa de valorización de los residuos alcanzaría sólo un 10% de los desechos sólidos, cifra muy inferior si se piensa que la estimación es que un 50% de los residuos municipales podrían ser valorizados.

El aumento de la valorización es la idea del proyecto para la Gestión de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que también busca generar mecanismos que permitan aumentar los niveles de reciclaje que actualmente se disponen.

“La base de este proyecto se encuentra en la REP, que implica hacerse cargo del producto una vez terminada su vida útil”, explica Susana Jiménez, economista senior de LyD.

de qué se trata

La iniciativa propone además la reutilización y valorización cuando ya no puedan ser utilizados, formalizándose así el mercado del reciclaje.

El proyecto establece el marco jurídico para la gestión de residuos e introduce la responsabilidad extendida del productor (REP), creando dos instrumentos de gestión para prevenir la generación de residuos: la certificación, rotulación y etiquetado y los sistemas de depósito y reembolso.

“Lo más importante del proyecto es, sin duda, la instauración de la REP, un régimen especial de gestión de residuos que implica que los productores de productos prioritarios deben cumplir con ciertas obligaciones. Éstas incluyen el registrarse, organizar y financiar la gestión de residuos, cumplir metas de recolección y valorización a través de sistemas de gestión y asegurar que el tratamiento de los elementos recolectados se realice por gestores autorizados”, señala Jiménez.

el que contamina paga

La iniciativa introduce el concepto de “el que contamina paga” y “de la cuna a la tumba”, donde el productor es responsable de que el producto, una vez terminada su vida útil, cumpla con las metas de reciclaje que establecerá el Ministerio de Medio Ambiente, así como otras obligaciones asociadas”, advierte la experta.

Se instaura también un registro que permitirá conocer qué sistemas de gestión se encuentran autorizados y a qué gestores contratar. Si no se cumplen las obligaciones arriesgan desde una amonestación hasta multas por 10.000 Unidades Tributarias Anuales e incluso la prohibición de vender el producto, fiscalización que estaría a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente.

lo que le falta

Eso sí, Jiménez afirma que en el proyecto falta incorporar obligaciones exigibles para los consumidores y regular de mejor manera el rol de las municipalidades, entre otros. “Esta iniciativa sólo podrá ser exitosa si se alinean los incentivos y se compromete la participación de todos los actores involucrados en la generación y disposición de los residuos”.

Como ejemplo menciona que si bien se señala que todo consumidor estará obligado a entregar el residuo de un producto prioritario en un punto de recolección establecido por el respectivo sistema de gestión, «no hay ningún mecanismo para hacer exigible esta obligación que garantice que los consumidores finales contribuyan efectivamente al proceso de valorización de residuos».

También es necesaria la activa participación de los municipios para lograr una mejor gestión de los residuos, debido a que si no son parte de este sistema se impedirá el cumplimiento de las metas establecidas para los fabricantes de productos prioritarios.

“Se debe contemplar que, en rigor, los municipios son los ‘dueños’ de la basura, de modo que podrían ver este proyecto como una oportunidad de negocio cobrando a los gestores por la recolección selectiva a un precio demasiado elevado. En este contexto habría que evaluar algún tipo regulación”, indica.