Remueven al presidente del directorio Pedro Lizana y a otros tres miembros
Por : Boris Bezama en Actualidad y Entrevistas
La Superintendencia de Seguridad Social removió a cuatro de sus directores por no cumplir con los requisitos legales para ocupar dichos puestos e intervino durante dos semanas la caja de compensación, hasta reclutar nuevos integrantes para la mesa. El Presidente de la entidad, Pedro Lizana, llevaba más de 25 años en el puesto y una demanda laboral ventiló serias acusaciones en su contra, las que ahora son investigadas por la superintendencia. Él las desmiente.
Más de un cuarto de siglo estuvo Pedro Lizana Greve a la cabeza del directorio de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre. Su gestión terminó abruptamente el 31 de diciembre pasado, cuando la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso) lo removió de su cargo, junto a otros tres directores, y decretó la intervención de la caja de compensación. De acuerdo a la resolución de la superintendenta, María José Zaldívar, los directores no cumplían los requisitos para ocupar ese puesto, por lo que se pasaron a llevar en forma “grave” y “reiterada” tanto la ley como los estatutos de la institución.
La decisión de Zaldívar tuvo lugar sólo tres semanas después de la presentación de una demanda laboral del ex gerente de la Caja 18 de Septiembre, Nelson Bravo Correa. Podría haber sido una más de las miles de demandas que llegan a tribunales si no hubiese estado cargada de graves imputaciones contra Pedro Lizana, a quien entre otras cosas acusa de imponer contratos millonarios como presidente del directorio con empresas relacionadas con él.
Lizana, quien fuera presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), está siendo investigado ahora tanto por la denuncia en tribunales como por la superintendencia que dirige una de las hijas del fallecido ex embajador en Argentina y ex presidente de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar. Lizana deberá responder por sus decisiones como director de la Caja 18 de Septiembre, donde asumió el 1 de agosto de 1987 (ver decreto del Diario Oficial). La institución tiene un patrimonio de más de $61 mil millones y las empresas afiliadas superan las 15 mil.
La intervención de la Caja 18 se inició el 31 de diciembre de 2013 y se prolongó hasta el 15 de enero, cuando su interventor, el abogado de la Superintendencia de Seguridad Social, Humberto Ruiz Soto, designó nuevas autoridades, dejando atrás los más de 25 años de la “era Lizana”.
Rodrigo Vidal Sánchez, representante legal del Hogar de Cristo; Juan Cristóbal Phillipi Irarrázabal, de la Corporación de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril; y José Llugani Rigo-Righy, de Empresas Carozzi S.A., son los nuevos directores que la superintendencia logró fichar para superar esta crisis. Este viernes tendrán su primera reunión de directorio para echar a andar esta nueva fase de la caja de compensación.
El ex presidente de la Sofofa debió cesar como presidente del directorio de Caja 18 porque aunque estaba ahí en nombre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, no cumplía con el requisito de ser su representante legal. Otros tres directores enfrentaron la misma suerte: Amador Auad Herezi, representante de Confecciones Butka Limitada y Mario García Viñuela, de Hilados y Tejidos Garib S.A. Osvaldo Lagos Castillo, representante de Ingeniería y Construcción Urbina y Asociados Limitada, no cumplía con la obligación de que la empresa tuviera al menos 100 trabajadores.
Fue la propia Caja 18, a través del gerente general subrogante, Claudio Castro, la que reconoció estas irregularidades en una carta con fecha 30 de diciembre de 2013 dirigida a la superintendenta María José Zaldívar (ver texto). Al día siguiente, la caja estaba intervenida.
Lizana resta importancia a haber tenido que salir de la caja por el dictamen de la superintendenta. “Se trata de una cuestión absolutamente burocrática”, aunque admite que es “un golpe emocional, porque no puede ser que la superintendencia sobrereaccione por infundios”.
El despido que Lizana cursó al ex gerente general, Nelson Bravo, por no cumplir ciertas metas en la caja, con fecha 5 de diciembre de 2013, desencadenó la intervención que hasta ahora no había sido conocida por la opinión pública.
En todo caso no es la primera vez que sus procesos internos, como entrega de créditos, son cuestionados. En 2010, la propia caja contrató a PricewatershouseCoopers, a raíz de un crédito otorgado a Mauricio Israel en febrero de 2008 por más de $32 millones a 60 meses y que no fue pagado, luego de que el ex comentarista deportivo huyera del país tras la debacle de su bicicleta financiera. Según lo señala el ex gerente general, Nelson Bravo, en la demanda contra la caja, luego de esa auditoría se determinó que no se cumplían las normas internas mínimas de control crediticio, de riesgo y de buenas prácticas, constituyendo una acción irresponsable con el patrimonio de la caja y perjudicial para sus afiliados. Se le pidió la renuncia al entonces gerente de operaciones, Patricio Ossandón.
REPRESENTANTE EN CHILE DE META
Una de las situaciones más delicadas que enfrenta Lizana dice relación con Meta 4, Se trata de una empresa de softwares de recursos humanos, donde Lizana oficia como representante en Chile. En la página web de la multinacional se señala que cuenta con “más de 1.300 clientes que utilizan las soluciones de Meta 4 para gestionar a más de 18 millones de personas en más de 100 países repartidos por todo el mundo”. Y precisamente uno de esos clientes es la Caja 18 de Septiembre, cuyo contrato anual asciende a las 1.500 Unidades de Fomento, alrededor de $ 35 millones.
De acuerdo a la demanda presentada por el ex gerente general de Caja 18 de Septiembre, “no existió proceso de licitación alguno subscribiéndose el contrato con la premura y presión directa del presidente, Pedro Lizana, pero sin que exista constancia de un acuerdo del directorio en que se haya aprobado la operación”.
Nelson Bravo asegura que en la Caja 18 de Septiembre se encuentra instaurado desde el año 2010, como práctica obligatoria, la licitación de todos los servicios con al menos tres oferentes, pero en este caso no habría sucedido, por presión de Lizana.
-Esa es la mentira más grande. El contrato con Meta 4 se hizo con el gerente anterior a Nelson Bravo y existe constancia en las actas del directorio de que yo me abstuve de opinar y de votar por ser su representante. Eso debe haber sido en 2005-, aseguró Pedro Lizana a CIPER.
¿Usted tiene comisiones de venta en Meta 4? ¿En qué consiste su labor?
Yo no tengo comisiones de venta. Recibo un honorario mensual por firmar cheques y contratos. Y puedo asegurar que el contrato con la caja está firmado por el vicepresidente para América Latina de Meta 4 y no por mí. Después de unos años, hubo un ajuste de contrato, cuando Nelson Bravo se desempeñaba como gerente general, pero yo nuevamente me abstuve.
Lizana no es el único sindicado por el mismo ex gerente general como protagonista de conflictos de interés. También se acusa al ex director Mario García Viñuela de ser socio de Guido Madrid, abogado y dueño de la empresa de cobranza judicial que lleva más carteras de la caja. De acuerdo a la página web del Estudio Jurídico Madrid y Asociados, la Caja 18 de Septiembre destaca en el primer lugar de sus clientes. Y en el staff de abogados se incluye a García Viñuela, quien es relevado como ex consejero de la SOFOFA, especialista en derecho aduanero, empresarial y corporativo, además de director de la Caja de Compensación 18 de Septiembre. Este tema también está siendo investigado por la superintendencia.
CAJA NEGRA Y CONFLICTO DE INTERÉS
Actualmente Lizana es concejal independiente, apoyado por Renovación Nacional, en Providencia y posee vastas redes empresariales y políticas que lo sitúan como un hombre que sabe moverse en el mundo del poder. Fue presidente de la SOFOFA, la cámara de industrias de Chile, durante dos periodos, entre 1993 y1997, y desde ese puesto estrechó lazos con los gobiernos de la Concertación. Ha mantenido un buen trato con la oposición y ha declarado su simpatía por la presidenta electa, Michelle Bachelet. “Es mejor amar a la Presidenta que amar a (Ricardo) Lagos, porque es más simpática y tiene más encanto personal”, decía a fines de 2009.
Como dirigente de la industria, mantuvo su rechazo a iniciativas de orden social, como el seguro de desempleo o la aplicación del Convenio 169 de la OIT, por considerarlos impuestos adicionales que inhiben nuevos proyectos. Ya como concejal, simplemente no votó en el cambio de nombre de la ex avenida 11 de septiembre. “Soy contrario a tomar decisiones que no son útiles”, dijo entonces.
El 13 de mayo de 2009, cuando la municipalidad de Providencia debió resolver la contratación de un soporte de gestión de recursos humanos, Lizana en su calidad de concejal planteó que, debido a su rol en Meta 4, se abstendría de votar. La contratación directa de “Airth Software” finalmente fue aprobada por un monto mensual de $1.600.000, exento de impuesto y en un plazo de 4 años renovable (ver acta municipal).
Saber si tuvo la misma actitud en la Caja 18 de Septiembre concentra gran preocupación en la investigación que lleva adelante la Superintendencia de Seguridad Social (ver entrevista a María José Zaldívar) por el supuesto conflicto de interés que enfrentaría Lizana, quien se arriesga a multas de hasta 15 mil UF ($350 millones), de detectarse irregularidades.
La superintendenta exhorta a que los gobiernos corporativos de las cajas estén a la altura de los tiempos para así terminar con la creencia de que son una verdadera caja negra, usada para negociados de algunos directores. “El tema de la regulación de los conflictos de interés es relevante cuando un director se debe pronunciar respecto de un eventual contrato en el que pueda tener cierto interés. Lo que corresponde es que ese director se abstenga de la discusión, no vote y la decisión se tome entre los otros directores. Debe quedar claramente establecido que la contratación sea acorde a precio de mercado, y no a un precio más elevado”, advierte María José Zaldívar.
Qué ocurrirá con el futuro de la Caja 18 a corto plazo, es una pregunta que el mercado ha comenzado a hacerse después de la intervención. El propio Lizana asegura que lo han llamado varios bancos para consultarle por la situación de la corporación, cuyo número de entidades empleadoras afiliadas asciende a 15.318, que agrupan a 466.317 trabajadores y 146.940 pensionados. Esos números podrían perfectamente comenzar a descender, pronostica el gerente general subrogante de la Caja 18, Claudio Castro, en la carta de respuesta a la superintendenta Zaldívar. Lo peor –advierte– es que vendrán aparejadas consecuencias que generarán “un severo daño a la imagen corporativa; eventuales desafiliaciones; freno de los estándares actuales de captación de clientes y de comercialización de productos”.
Desde el punto de vista financiero, el temor es que se genere incertidumbre en los bancos, entidades desde donde se obtienen los fondos necesarios para generar los ingresos provenientes de los créditos sociales otorgados a sus afiliados. Según el gerente general, al 30 de noviembre de 2012 la Caja 18 de Septiembre debía renovar y negociar M$86.920.000 en 12 entidades bancarias. Y aunque la intervención de la superintendencia fue acotada a solo dos semanas, entre la competencia comenzó a circular la información respecto del proceso que enfrentó la Caja 18, cuyo patrimonio es de M$61.555.491.
Las cajas de compensación de asignación familiar entregan a sus trabajadores afiliados créditos, que son pagados mensualmente a través de descuentos que el empleador efectúa de sus remuneraciones. El Decreto con Fuerza de Ley Nº 41, del 1 de junio de 1978, liberalizó al mercado de estas corporaciones, permitiendo a trabajadores acceder a créditos.
La dictadura militar puso fin al aporte estatal que tuvieron las cajas desde 1953, logrando subsistir a través de la administración de créditos sociales, lo que en la práctica las ha transformado en verdaderas financieras, destinadas fundamentalmente a los sectores de escasos recursos. Esta revolución de las cajas de compensación se vio incrementada durante los primeros gobiernos de la Concertación al hacerse éstas cargo de las cuentas de ahorro para la vivienda y al ampliar el número de afiliados, incorporando a los pensionados. Esto último fue establecido en la circular 1669, del 26 de agosto de 1998 (ver documento). Lo que fue una buena noticia para el sector pasivo del país, también trajo desventajas económicas que no llegan a los trabajadores activos, pues la afiliación de los pensionados a una caja significa el descuento mensual de una cuota que puede alcanzar hasta el 2% de su pensión.
BATALLA EN TRIBUNALES
Este 22 de enero el conflicto judicial entre Lizana y su ex gerente Nelson Bravo continuará en el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, cuando se realice la audiencia preparatoria. En la respuesta a la demanda de Bravo por vulneración de derechos fundamentales, Lizana señala que la indemnización por daño moral que persigue el gerente general no le corresponde en caso alguno, luego de que fuese rechazada por el directorio de la Caja 18 una propuesta de finiquito. Esta contenía el pago de sus indemnizaciones sustitutivas y por años de servicio sin el límite de 90 UF y el pago de una asesoría que prestaría a la caja por el plazo de seis meses (ver documento). Ambos mantenían una relación de trabajo desde principios de los 90, cuando coincidieron en la Universidad Diego Portales (UDP).
En esa universidad Lizana se desempeñaba como vicepresidente de Asuntos Económicos y al dejar el cargo también enfrentó a la justicia. Tenía un contrato por el sueldo mínimo que entonces era de $105 mil para así poder acceder a un depósito convenido por 6.429 Unidades de Fomento, según consignó La Nación Domingo. Al ser despedido por el ex rector Francisco Javier Cuadra, Lizana acudió a tribunales, pues se le había notificado que le pagarían solo la mitad de ese monto. En 2005, recibió sólo $52 millones, menos de lo que pretendía recibir.
El ex presidente de la Caja 18 cree que podría continuar ligado a esa entidad si le pidieran asesorar al nuevo directorio. “Es que cuando uno tiene curriculum, puede llamar al presidente de la Papelera, al presidente de Carozzi, como yo lo hice muchas veces, para por ejemplo frenar la salida de una empresa de la caja”, afirma Lizana, quien se autodefine como “un lobbista ad honoren, porque no recibo plata por las gestiones que realizo”.
AUTOMÓVIL Y DIETA DEL PRESIDENTE
El automóvil de la caja que ocupaba Pedro Lizana también es parte de la investigación de la superintendencia. Este no fue sólo empleado para actividades relacionadas con la caja, sino para uso personal, incluso para viajes de turismo fuera de Chile. Lizana no lo desmiente y admite que usó el Audi Q3 (que cuesta unos $30 millones) algunas veces para ir a Mendoza, donde “tenía una novia”.
-Era lo mínimo que el presidente del directorio pudiera usar el vehículo. Por lo demás, la dieta es de $500 mil pesos por reunión de directorio. Y no hay muchas en el mes-, aseguró Lizana. Al buscar en la memoria de 2012 de la caja se observa que el pago recibido ese año fue de $32.638.000 ($2,7 millones en promedio al mes) y en 2011 ascendió a $31.663.000 (ver documento).La dieta aumentó notablemente respecto años anteriores, pues en 2009 recibió $8.074.000 y en 2010 la cifra se triplicó a $26.805.000.
El mal uso de las instalaciones de los centros vacacionales en el hotel del balneario de Maintencillo y el hotel Piemonte en Quilpué, son otras de las acusaciones que enfrenta Lizana. De acuerdo a la denuncia del gerente general, el ex presidente del directorio las emplea sin costo alguno y a su discreción, teniendo acceso a habitaciones exclusivas, sin pagar por el alojamiento, por los consumos diarios y por los invitados que llevaría.
“Son mentiras, solo infundios de Bravo. Claro que he ido como cualquier otro afiliado, pero pago mis gastos”, se defiende Pedro Lizana, quien durante la entrevista con CIPER interrumpió la conversación por un par de minutos para hablar con su ejecutivo bancario y agilizar un vale vista de $20 millones. El dinero lo requería para comprar un 4×4 y así reemplazar al Audi de sus buenos tiempos como presidente de Caja 18.
Superintendenta de Seguridad Social:
María José Zaldívar: “No le tenemos miedo a aplicar sanciones”
En esta entrevista la superintendenta explica cómo detectaron las irregularidades en la Caja de Compensación 18 de Septiembre y por qué se justifica la intervención de la institución. En caso de confirmarse todas las imputaciones, la caja y sus ex directivos arriesgan multas hasta por $350 millones.
¿Cómo surgió la investigación a la Caja 18 de Septiembre?
Surgió como parte de una fiscalización que se aplicó a todas las cajas de compensación. Pedimos los nombres de los directores que, aunque están publicados en las páginas web, no necesariamente decían a quiénes representaban: si eran del estamento empleador o trabajador y a qué empresa representaban. Quisimos hacer un catastro para tener claridad respecto de quién era cada uno.
¿Qué solicitaron en concreto?
Si los directores son representantes laborales, pedíamos un respaldo que acreditara que efectivamente lo eran, a través del pago de cotizaciones previsionales del último año. Y si son representantes empresariales, pedíamos la escritura en la que conste que es el representante legal de esa empresa. Así y luego de una larga interacción nos dimos cuenta de que efectivamente en la Caja 18, cuatro de los miembros del directorio no cumplían con los requisitos. Tres de ellos no eran los representantes legales de la empresa que decían ser. No lo pudieron acreditar, no nos pudieron entregar ninguna escritura y con la información de contraste que teníamos, identificamos que figuraban otras personas como representantes legales de esas empresas.
¿Qué respuesta les dieron después de saberlo?
Nos dijeron que a ellos les habían dado un poder para representar a sus empresas, pero la ley establece que el representante legal de una empresa es una persona que se le ha conferida esta calidad en la escritura de constitución. Las escrituras que revisamos no nos figuraban en ninguna parte.
Pedro Lizana decía representar a la Universidad Iberoamericana.
Él supuestamente era el representante legal de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. La información que tenemos de esa universidad es que el representante legal es otra persona y lo mismo ocurría con Amador Auad y Mario García. Había otro requisito de los propios estatutos de la caja: que para ser representantes empresariales tenían que pertenecer a una empresa que estuviera hace más de un año afiliada a la caja y además que tuviera más de cien trabajadores. Eso mismo rige para los representantes laborales. El problema es que había dos representantes: uno laboral y uno empresarial, que no cumplían con este requisito de los cien trabajadores: Osvaldo Lagos y Amador Auad. Cuando se dan cuenta de esta situación, ambos presentan la renuncia.
¿Qué les respondió la Caja 18 de Septiembre?
Hay una carta formal de la Caja 18 admitiendo ese hecho. Es decir, el directorio adolece de un vicio de nulidad y correspondía intervenir.
¿Cuánto tiempo estuvieron estos señores ocupando ilegalmente ese directorio?
Bastante. Pedro Lizana más de 20 años.
¿Nadie en la Superintendencia se percató durante dos décadas de esta situación?
En el último año hemos hecho más de 20 fiscalizaciones a esta caja. Ahora que alguien cumpla con los requisitos para ser director es responsabilidad de la caja, o sea cuando llega el momento de la elección tú tienes que revisar las credenciales de la persona y chequear que efectivamente es quien dice ser. Uno cuando se va a operar, no le pide el título de médico al cirujano.
¿La demanda laboral del gerente general de Caja 18, Nelson Bravo, es la que hace actuar a la Superintendencia?
De alguna manera se gatilla o enciende la luz de alerta de que tenemos que avanzar más rápido a raíz de la tutela de Nelson Bravo. Y como no había directorio, teníamos que intervenir según la norma solamente para proveer un nuevo directorio que establezca y rija esta caja de ahora en adelante.
¿La intervención solo se limita a renovar el directorio o indagará en otras situaciones anómalas?
Claramente después de haber tomado conocimiento de los temas que denuncia Nelson Bravo, debemos estudiar lo que se plantea. Y el interventor revisó todo lo que se ha hecho en esa caja en el último tiempo.
De haber multas, ¿a qué monto ascienden las más altas?
De detectarse irregularidades, tenemos que aplicar sanciones, a lo que no le tenemos miedo. Podemos aplicar multas de hasta 15 mil UF ($350 millones), atendida la gravedad del tema.
¿Esas multas son a la caja o a las personas involucradas?
Depende. Podemos aplicar multas tanto a la caja como institución, como a las personas individuales.
Se lo pregunto porque en este caso hay cuatro ex miembros del directorio fuera de la Caja 18.
Antes que nada hay que acreditar que los hechos denunciados corresponden a la realidad. Y aquí quiero ser súper cuidadosa, porque lo único que tengo absolutamente acreditado es que había cuatro directores que no cumplían con los requisitos y es por eso que instruimos la renovación del directorio. Todavía tengo tiempo para poder investigar estas otras denuncias y chequear qué hay detrás de ellas.
Uno de los hechos más preocupantes son las empresas relacionadas con los directores, como es Meta 4, de la que Pedro Lizana es su representante en Chile.
Eso es parte de los temas que estamos investigando y por eso es tan importante que las cajas de Compensación tengan gobiernos corporativos a la altura de los tiempos. El tema de la regulación de los conflictos de interés es relevante cuando un director se debe pronunciar respecto de un eventual contrato en el que pueda tener cierto interés. Lo que corresponde en esos casos es que ese director se abstenga de la discusión, no vote y la decisión se tome entre los otros directores. Debe quedar claramente establecido que la contratación sea acorde a precio de mercado, y no a un precio más elevado, que el producto tenga la misma calidad que correspondía.
Como superintendenta qué responde frente a la percepción de que las cajas de compensación son una especie de caja negra
Las cajas de compensación no tienen financiamiento público, ni estatal, ni privado. Si tú estás en una caja, no tienes que pagar una cotización. Los únicos que pagan el 1% son los pensionados, pero para los trabajadores y los empleadores no tiene ningún costo. Son recursos bien raros, porque tienen un fin de afectación que es otorgar beneficios sociales y que se constituyeron originalmente por medio de donaciones que se hicieron para conformar estos fondos sociales, los que se han ido incrementando con los intereses que se cobran por los créditos sociales.
Pero hoy su principal rol es ser verdaderas financieras…
Las cajas de compensación son entidades de previsión social que tienen que entregar beneficios sociales a los trabajadores. Y el crédito social es de alguna manera un beneficio importante. En el último tiempo hemos fiscalizado mucho el tema del crédito social y lo hemos regulado para evitar el sobreendeudamiento de los trabajadores. Pero no podemos regular tasas de interés. Al haber establecido, por ejemplo, limites máximo de endeudamiento, porcentajes máximos de descuento, al haber regulado que no pueda haber más de una reprogramación al año, hemos regulado muchísimo todo lo que dice relación con el crédito social.

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