Los puertos que fueron escenarios de movilizaciones ayer retomaron sus labores:

Sindicatos y autoridades discrepan sobre cuántos serán los empleados beneficiados con el monto máximo a pagar. El miércoles, las partes se reunirán para abordar el proyecto de ley que se enviará al Congreso.

Por CLAUDIA RAMÍREZ y CORRESPONSALES

Millonarias pérdidas para los exportadores de fruta, los dueños de camiones y el comercio dejó el paro portuario que se extendió por 22 días en los puertos de San Antonio, del Biobío, Iquique, Antofagasta y Tocopilla. La movilización finalizó el sábado, y su desenlace tuvo como protagonista activo al Gobierno, tal como lo reconoce el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet.

En pleno Palacio de la Moneda, el Gobierno, a través de los ministerios del Interior, del Trabajo, de Transportes y Telecomunicaciones y de Agricultura, cerró las tratativas que llevó a cabo con los empresarios y representantes de los 6.500 trabajadores movilizados. Y acordó pagar, con platas públicas, una parte del bono que recibirá cada trabajador.

¿Por qué el fisco paga deudas que corresponden a empresas privadas? «El sector portuario, como quedó de manifiesto esta semana, cuando no funciona tiene efectos negativos sobre muchos actores sociales, que no están en esta mesa de negociación: exportadores, importadores, el mundo agrícola. Y cuando existe una eventual contingencia que afecta el funcionamiento del sector y pone en riesgo los intereses de esos actores, obviamente el Estado debe tener una actitud proactiva para tratar de cerrar esos temas y asegurar así que el sector funcione de manera estable hacia el futuro», explica el ministro Jobet.

Agrega: «Las empresas que estaban llamadas a lograr un acuerdo con sus trabajadores no lo consiguieron, el Estado proveyó la fuerza pública cuando se pidió, y los puertos no funcionaron. Y solo en ese escenario el Estado, velando por intereses de terceros, tomó un rol proactivo, convocó una mesa y logró un acuerdo».

Los trabajadores reclamaban el pago de un bono de colación de media hora retroactivo desde 2005 y hasta 2013. Los privados acordaron pagar $1,5 millones por trabajador y el Estado pondrá la otra parte para llegar a un bono promedio de $3 millones por trabajador, detalla Jobet.

Según los portuarios, más del 50% de los empleados recibirá el doble de este monto, por sumar la antigüedad y la cantidad de turnos mensuales, lo que, según el ministro, «no es efectivo».

Añade que «el costo que están pagando las empresas con este bono para que los trabajadores vuelvan a trabajar es equivalente al costo que va a pagar el Estado».

Para el miércoles está acordada una reunión entre dirigentes portuarios y el Gobierno para trabajar en el proyecto de ley para entregar estos fondos. Jobet estima que la iniciativa tendrá «apoyo transversal» y explica que la fecha en que se enviará al Congreso es un tema por resolver.

Terminales retoman su normalidad
Con cuatro barcos atracados a sitio y diez a la gira, en espera de muelle, se reiniciaron ayer las faenas portuarias en San Antonio. El retorno se inició a las 8:00 horas, con una convocatoria limitada de trabajadores: 50 en STI y 15 en Puerto Panul. En la tarde se incrementó con el cambio de turno de las 15:30 horas, cuando se activó Puerto Central (PCE).

En la Octava Región, José Agurto, vocero de la Unión Portuaria, que agrupa a 40 sindicatos, indicó que «a las 8:00 de la mañana, todos estábamos trabajando». En Antofagasta, la compañía Ultraport informó que el terminal funcionó con normalidad, no obstante que un grupo del Sindicato 2 de Puerto Angamos siguió en paro.

Del total de naves que se encuentran en San Antonio, cinco son graneleros que esperan descargar 174.215 toneladas de graneles sólidos, incluidas 32.000 toneladas de maíz. Otros tres son roll on roll, que desembarcarán 12.824 vehículos, y cinco buques dejarán 2.905 contenedores y embarcarán 2.846. Otras nueve naves anuncian recaladas y demandan sitios.

Dirigentes portuarios: «Hay peleas más de fondo, más allá de la plata»
«Sabemos defendernos y si la palabra no se cumple, tenemos la capacidad de retomar las movilizaciones, si es que el próximo Gobierno no cumple con este acuerdo». De esta forma, Pedro Riquelme, vocero de la Unión Portuaria del Biobío, analiza el acuerdo que sellaron los dirigentes portuarios con el Gobierno.

La negociación implica el pago de un bono de colación retroactivo desde 2005 y hasta 2013 para 6.500 trabajadores, que estuvieron paralizados durante 22 días.

En el detalle, los privados entregarán $1,5 millón a cada trabajador y el resto lo financiará el Estado, a través de un proyecto de ley que se enviará al Congreso en marzo.

Riquelme asegura que el bono de colación se dará conforme a los turnos que haya cumplido cada trabajador -contratado y eventual- entre 2005 y 2013 y que se contempla un pago máximo de $6 millones para un empleado que haya hecho 24 turnos mensuales durante los ocho años.

Agrega que más del 50% de los trabajadores movilizados llegaría a esta compensación máxima, de $ 6 millones, y que la solicitud a las empresas es que cancelen su parte el próximo mes de febrero.

-¿Cuál es la garantía de que les paguen el resto del dinero, si depende de un proyecto de ley?

«Nosotros confiamos en este gobierno y en el próximo, porque hay un compromiso de los dos gobiernos de mantener el tema de discusión del trabajo portuario. Lo que sí todavía quedan puntos pendientes por abordar con este y el próximo gobierno y con los dos está conversado».

-En promedio, recibirían $3 millones por trabajador, lejos de los $8 millones que pidieron originalmente, ¿no sienten que perdieron?

«No, porque el sentimiento de la mayoría de los dirigentes es que hoy hay peleas más de fondo, que van más allá de la plata. Por ejemplo, el sistema previsional y de las condiciones en las cuales trabaja la gente del sector portuario».

-Se les está pagando, en promedio, la colación a $2.600 pesos, mil menos que lo se paga hoy, ¿por qué aceptaron la rebaja?

«La verdad es que hay diversos aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, el tema solidario de los sindicatos que tienen más trabajo versus los espigones fiscales, donde la cantidad de trabajo es muy baja. Entonces, los sindicatos grandes fueron solidarios con los que tienen menos trabajo y por eso quedó un bono fijo para que los sindicatos más pequeños pudieran obtener un ingreso más alto en esta pasada».

-¿Les parece justo que el Estado pague una deuda que en su mayoría es de empresas privadas?

«Nosotros hemos señalado que aquí hay dos responsables. Por una parte, la empresa privada que no cumplió con las fiscalizaciones y la colusión que generaron entre ellas para la no cancelación, y, por otro lado, también el Estado, que no fue capaz de fiscalizar y hacer cumplir las normas que ellos mismos habían establecido con respecto a este trabajo».