Parlamentarios pidieron mantener la tasa máxima de impuesto a las personas en 40%. La próxima semana, el Gobierno responderá a diputados y senadores.
Por C. Alonso y M. Sánchez.

La suerte ya está echada. El gobierno ingresará el 31 de marzo el proyecto de reforma tributaria. Así se definió ayer, en el primer comité político de ministros que lideró la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda.

La fecha elegida no fue al azar, al contrario, obedece a dos razones específicas. La primera, dar celeridad al trámite legislativo para lograr tener la reforma aprobada antes del 21 de mayo próximo, cuando la Mandataria entregue su primera cuenta anual al país, y la segunda, contar con distintos incentivos que permitan enfrentar el escenario de desaceleración económica.

Durante el comité político, fuentes que participaron en la reunión indicaron que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, intervino para enfatizar que la iniciativa había sido “suficientemente socializada”, tanto con los parlamentarios del oficialismo como con otras organizaciones sociales y empresariales -como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)-, por lo que su rápida llegada al Congreso debería ser poco cuestionada.

Con esta decisión tomada, el jefe del equipo económico enfrentó también su primera reunión-almuerzo con los diputados y senadores de la Nueva Mayoría que integran las comisiones de Hacienda.

El mensaje en este encuentro siguió siendo que el Ejecutivo estaba dispuesto a escuchar propuestas, pero no para cambiar el programa, sino para ayudar a la viabilidad de la iniciativa en el Congreso. Por ello, de aquí al 31 de marzo continuarán las reuniones con los distintos sectores para seguir acercando posiciones.

Preacuerdo

En el oficialismo existe consenso sobre los lineamientos centrales del proyecto: alza de impuesto a las empresas del 20% al 25%; eliminar el FUT en un período de cuatro años; reforzar los mecanismos para el control de la evasión y la elusión, y eliminar el DL 600, pero también coexisten posturas disímiles sobre algunos aspectos del proyecto.

Entre los puntos discutidos destacan: la propuesta de rebajar del 40% al 35% la tasa máxima de impuesto a las personas, que grava las rentas más altas; la necesidad de incluir una rebaja en el impuesto específico a los combustibles, hoy no considerada, o algún mecanismo de estabilización de precios, y el alcance de las franquicias tributarias a la construcción.

Dadas estas diferencias, fuentes que participaron en la reunión realidades en Teatinos 120, comentaron que el ministro Arenas se abrió a estudiar la mantención del impuesto que grava los ingresos más altos en 40% y, a su vez, rebajar a los tramos medios, con el objetivo de favorecer, precisamente, a la clase media.

La medida fue solicitada por varios legisladores, entre ellos, el senador Andrés Zaldívar (DC), quien afirmó que, “personalmente, le solicité al ministro que era mejor revisar la escala completa, para beneficiar a los tramos medios”. La misma opinión entregó el diputado Pablo Lorenzini (DC), quien comentó que “si hay una rebaja a esos impuestos se debe compensar a la clase media”. En ese sentido, señaló que también existe como alternativa que se suba el tramo exento desde el monto actual de $ 557 mil, hasta un rango de entre $ 800 mil a $ 900 mil.

Desde el PS, los diputados Marcelo Schilling y Manuel Monsalve y la presidenta del Senado, Isabel Allende, también abogaron por esa propuesta. Es que al interior de la Nueva Mayoría existe consenso en que no quieren correr riesgos de estar “favoreciendo” a sectores con altos ingresos.

Sipco para junio

Los parlamentarios, principalmente de la DC, pidieron, además, que dentro de la reforma tributaria se incluyera algún mecanismo para reemplazar el Sipco y proponer alguna rebaja al impuesto específico de los combustibles. Si bien la propuesta fue acogida por el Ejecutivo, la modificación del actual sistema quedará pendiente para junio. Esto, debido a que la segunda modificación que se le realizó al Sipco, en la cual se aumentó de 40 a 52 semanas el promedio histórico del WTI y se disminuyó el ancho de la banda desde un 12,5% a un 10%, termina su vigencia el 30 de junio. “Es un tema que se puede incluir dentro de la discusión tributaria, pero es preferible que cualquier modificación sea analizada en un proyecto aparte”, aseveró Zaldívar. Finalmente, se acordó que el próximo lunes el gobierno responderá a los parlamentarios su planteamientos.