Luego de que Salud desestimara uso de su IPC:
Aseguradoras, autoridad y médicos polemizan por posible «estimulación» de los profesionales para aumentar las prestaciones y elevar el precio de los seguros.
Por Nadia Cabello y Carlos Said.
El próximo lunes se cumple el plazo legal para que las isapres informen a la Superintendencia de Salud el reajuste que aplicarán a los precios base de sus planes para el próximo período (2014-2015). Aunque el proceso se vive todos los años, esta vez la incertidumbre es mayor, ya que el Gobierno descartó usar el IPC de Salud -que fue calculado en 5,6%- como referencia para las eventuales alzas.
Ante ese clima, los expertos coinciden en que no sería bueno que las aseguradoras aplicaran reajustes superiores al 5%. Argumentan que si bien los dos años anteriores se acercaron a la cifra entregada por la Superintendencia de Salud, eso no frenó los recursos de protección de los cotizantes para evitar las alzas. Además, ante el anuncio de una reforma al sistema «desde cero» y considerando que desde 2011 no se ven alzas de esa magnitud, sería «un suicidio para el sistema», opinan.
«Es bueno que se haya desechado el IPC, porque es un indicador con serios problemas en su construcción. Ahora eso quedó en evidencia pública», sentencia el académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Héctor Sánchez.
Más lejos va Guillermo Gormaz, asesor para la elección de planes, quien asegura que «un reajuste cercano al 5% sería poner la lápida a un sistema que ya está cuestionado por la ciudadanía y hasta por la justicia».
Por eso el académico de la UNAB Manuel Inostroza plantea que «uno esperaría que se hicieran reajustes prudentes, cercanos a cero. De lo contrario, sería un suicidio».
Es lo que espera también el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, quien explica que «esperamos que las isapres asuman el mensaje de los tribunales y que esta superintendencia está dando y no apliquen alzas desproporcionadas».
Más moderado es el decano de la facultad de Economía y Negocios de la UDD, Rodrigo Castro, quien señala que «las isapres, más que tomar en cuenta el IPC, deben evaluar su propia experiencia y modelo de negocio».
Pero para las isapres, la discusión va más allá de la validez referencial del IPC de salud, y tiene que ver con el argumento usado por la superintendencia para descartarlo: que la cantidad de prestaciones de salud que se otorgan son muchas veces estimuladas por los propios prestadores y que por esa vía se aumentarían los costos de las aseguradoras y, por consiguiente, el precio de los planes.
Eso, para el presidente de la gremial, Hernán Doren, está apuntando a la ética de los médicos. «Serían ellos los que inducirían, y me gustaría saber cuál es la experiencia de la señora ministra (Helia Molina) en la U. Católica, si los médicos de la UC inducen más prestaciones de las necesarias», dice.
Pero Enrique Paris, presidente del Colegio Médico, inmediatamente defendió al gremio, y aseguró que no tiene denuncias de eso, y «si ocurriera, está penalizado por nuestro código de ética».
»Si hay inducción de prestaciones o no, habría que preguntarles a los médicos. Serían ellos los que inducirían (a usar más prestaciones)».
HERNÁN DOREN PDTE. ASOCIACIÓN DE ISAPRES
»Los médicos no piden exámenes por pedir, lo hacen para confirmar un diagnóstico. Si Hernán piensa que piden exámenes por pedir, está equivocado».
ENRIQUE PARIS PDTE. COLEGIO MÉDICO