Se trata de un millón 245 mil personas. Antecedentes serán analizados por la Comisión de Expertos de la reforma al sector.

Por Oriana Fernández.

Un 39% de los beneficiarios de isapres está en condición de cautivo, es decir, no puede cambiarse de aseguradora en forma libre porque padece de alguna enfermedad crónica. Así lo señala un estudio elaborado por la Superintendencia de Salud y que sería entregado a la comisión de 18 expertos que elaborará la reforma al sistema de salud privado y que se reunirá este miércoles, en La Moneda.

El informe indica que del total de usuarios de las isapres, se proyecta que 1.245.182 personas están en una condición de cautivas. Eso sólo considerando dentro de la medición aquellas que poseen alguna de las 80 enfermedades del Plan Auge (ver infografía).

Por el contrario, sólo un 61% de los beneficiarios puede moverse libremente de una aseguradora a otra, por no presentar limitaciones ni de edad ni de enfermedad.

Consultado sobre estas cifras, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, explicó que es posible que esta estimación suba, considerando a aquellos pacientes con patologías que no son parte del plan Auge, pero que sí son enfermedades crónicas y aquellos que son mayores de 60 años.

“El cálculo podría estar superando el 40% de la cartera total de personas que se encuentra en esta condición. Es decir, que no se puede cambiar de isapres”, afirmó la autoridad.

Aseveró que “este elemento se suma a otros que configuran un mercado que está funcionando de manera muy asimétrica, imperfecta y con poca información para los usuarios. Además, hay una creciente concentración de mercado e integración vertical”.

La autoridad añadió que los resultados del estudio “muestran un cuadro de ineficiencia y de la necesidad de un cambio profundo” en las isapres.

Claudio Santander, presidente de la Isapre Masvida, explicó que es relevante que la comisión de expertos aborde este problema. “Creo que los miembros de la comisión van a resolver la cautividad en caso de que se genere un fondo de compensación que permita que haya libre tránsito de usuarios, entre una isapre y otra”.

A juicio de Santander, “este fondo incluiría las preexistencias, con lo que los usuarios podrían emigrar de aseguradora y siempre y cuando esas preexistencias se trataran bajo la modalidad Auge”.

Las personas con preexistencias tienen hoy pocas alternativas, especialmente cuando quieren cambiarse de aseguradora cuando le reajustan el precio de su plan.

Al respecto, la directora de la consultora Altura Management, Victoria Beaumont, explicó que “en el caso de los cautivos, los que se presentan por razones de cronicidad o de edad y no pueden cambiarse de isapre, pueden acudir a la Superintendencia de Salud y solicitar una mediación de su caso. Es una alternativa que lleva varios años en funcionamiento. Generalmente, con la mediación de la Superintendencia de Salud, los cotizantes logran mitigar en parte el alza del plan”. No obstante, agregó que se necesita regular este tema.

Reunión de expertos

En la reunión de hoy de la Comisión de Expertos en La Moneda expondrán las autoridades de salud, quienes entregarán insumos para el trabajo que deberá desarrollar esta instancia, la que en un plazo de cuatro meses deberá entregar una propuesta.

La instancia fue convocada por la Presidenta Miche-lle Bachelet, para proponer un nuevo modelo y marco jurídico para el sistema privado de salud, uno de los compromisos de los primeros 100 días de gobierno.

La entidad está formada por académicos, ex autoridades del sector, representantes de las aseguradoras, abogados de usuarios y economistas del área.

La Mandataria dio un plazo de cuatro meses para entregar una propuesta, la que tendrá como objetivo convertirse en un proyecto de ley, donde haya modificaciones al sistema.

Algunos de las temas que se debatirán al interior de la comisión son: terminar con la discriminación por riesgo que hay en el sector; controlar las alzas de precios de los planes de salud, y regular los beneficios y copagos que realizan los pacientes. El objetivo de esta mesa, además, es generar una propuesta que considere una mirada global del financiamiento.

Este es el segundo intento de regular el sector. En 2011, se envió un proyecto de ley sobre la misma materia, el que fue desechado en el Congreso. La iniciativa que fue elaborada en base al trabajo de dos comisiones de expertos.