Para conseguir precios más bajos:

Ministra Molina pretende que el cambio sea antes del invierno, que es cuando se requieren más plazas en clínicas.

Por Equipo de Salud.
El año pasado el gobierno de Sebastián Piñera licitó el convenio marco para la compra de camas de Fonasa al sistema privado para el período 2013-2016. Este tenía como objetivo asegurar que cuando un hospital de la red no diera abasto y necesitara una plaza, supiera a dónde recurrir y cuánto le costaría dicho servicio con anterioridad.

Así, se estableció un gasto máximo de $15 mil millones al año para la compra de camas para pacientes pediátricos, adultos, intensivos o intermedios en distintas clínicas del país.

Pero ayer la ministra de Salud, Helia Molina, aseguró que «vamos a tratar de que vengan cambios» antes de que llegue el invierno en el convenio marco que rige las compras de cama por parte de Fonasa al sector privado.

Esto, pues el Gobierno ha manifestado su disconformidad por los precios alcanzados en el convenio firmado por la administración anterior, y en esa época del año es cuando mayor número de camas requiere el sistema, presionado por las enfermedades respiratorias que afectan principalmente a niños y adultos mayores.

La idea de Salud es reducir la diferencia entre lo que cuesta un día cama en el sector público y lo que cuesta en el privado, por el que el Estado puede pagar «hasta cuatro veces más», según el asesor legislativo de Salud, Enrique Accorsi.

Este cambio en la forma de adquirir camas en el sector privado no significará un gasto extra para el Estado, pues al tratarse de un convenio marco, la autoridad puede simplemente dejar de usarlo, sin que haya dineros públicos comprometidos a las clínicas, ya que su uso estaba supeditado a la demanda generada desde los hospitales.

Sin embargo, la modificación que pretende Salud es difícil de conseguir en un período tan acotado de tiempo -se estima que el peak de enfermedades respiratorias sea entre la tercera semana de junio y la primera de julio-, ya que la generación de un convenio de este tipo tarda varios meses, según la experiencia del propio ministerio en ocasiones anteriores.

Concesiones

Respecto del futuro de los hospitales concesionados, la ministra Molina afirmó que no hay definición sobre ninguno de los que están a la espera de su toma de razón en Contraloría (del Salvador, Sótero del Río y Félix Bulnes), como tampoco del Biprovincial Quillota-Petorca y del Marga Marga.

Sobre este último, aseguró que «el ex Presidente Piñera no firmó el decreto… pero todavía puede hacerse, tiene hasta tres meses». Y aunque dijo no querer enviar un mensaje «a nadie», explicó que revisará la condición legal de dichos recintos. Para ello tendrá una reunión hoy con los alcaldes de dichas comunas.

Aseguró, además, que su cartera tiene casi US$ 5 mil millones para invertir en los cuatro años de gobierno, en los que se espera avanzar en la construcción y diseño de 60 hospitales que deberán estar definidos este 21 de mayo.

Contraloría ordenó 8 procedimientos disciplinarios
La auditoría anual de Contraloría para el cumplimiento de atenciones AUGE de 2013, en la que se revisaron las garantías atrasadas y las exceptuadas -que salieron de lista de espera sin necesariamente haber recibido la prestación-, determinó la instrucción de ocho procedimientos disciplinarios en los hospitales Doctor Leonardo Guzmán de Antofagasta, Guillermo Grant Benavente (Concepción), Base Puerto Montt (tres procedimientos), Félix Bulnes (dos procedimientos) y el CRS de Maipú.

En estos recintos se encontraron distintos problemas en el examen de cuentas, como compras de servicios a sociedades médicas que no cumplen con las bases de licitación, sociedades que realizaron cirugías antes de firmar contratos con los hospitales, falta de acreditación de las horas realizadas por anestesistas y pagos sin los debidos respaldos.

Contraloría revisó una muestra de 2.993 atenciones en 26 hospitales. Se hallaron también problemas como desórdenes en las fichas de los pacientes y que en 16 recintos no siempre se registra la justificación de las garantías exceptuadas.