La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, y su marido Carlos Cano, son dueños de CETRA uno de los mayores actores del jugoso negocio de las asesorías sindicales. Otra porción de la torta se la lleva la firma que creó la ex directora del Trabajo, Patricia Silva, junto a Rafael Pereira, actual subdirector de la DT, quien aun mantiene vínculo con la firma.

Por Rodrigo Durán.

Manuel Sandoval, presidente del Sindicato Autónomo de Jumbo, era muy cercano a Carlos Cano. Juntos iniciaron en 2008 una dura lucha por organizar a los trabajadores del retail y dar la pelea en el Congreso para conseguir que ciertos feriados fueran irrenunciables para los trabajadores del comercio. Y como brazo derecho de Cano, Sandoval se convirtió pronto en presidente de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, instancia que hoy agrupa a buena parte de los agremiados del retail. Pero la ‘buena onda’ entre ambos se acabó en 2012, cuando el dirigente sindical decidió prescindir de los servicios de Cano. “Yo quería aprender y sentirme capaz de negociar solo. Pero Carlos se lo tomó muy mal y me dijo: ‘Cómo se te ocurre que tú eres capaz de negociar, cómo te vas a comparar conmigo, que llevo 25 años asesorando sindicatos… ¡¿Cómo se te ocurre?!”. Dice que entonces Cano inició una soterrada guerrilla de desprestigio que se extendió por varios meses y que desembocó finalmente en la salida de Sandoval de la confederación y su reemplazo por Manuel Díaz, del sindicato creado por Cano en Walmart.

En retrospectiva, sin embargo, Sandoval no se arrepiente y afirma que no hay nadie mejor que el sindicalista para defender los derechos de los trabajadores. “El trabajo de Cano lo conozco a la perfección. Lo que ellos crean es una dependencia de los dirigentes hacia las asesorías. Manejan todas las cláusulas y mientras menos participación y menos información sobre la negociación tenga el dirigente, mejor para ellos, porque así siguen dependiendo de los asesores. Ellos crean el proyecto de contrato, lo defienden y lo cierran”, dice.

Cuando habla de ellos, Sandoval se refiere a la empresa de asesorías sindicales “Centro de Estudios del Trabajo”, más conocida como CETRA, perteneciente desde 2006 a Carlos Cano Barriga y a su mujer, la actual ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas Acevedo. Ellos poseen el 98% de la propiedad (49% cada uno), y son apuntados como uno de los principales instauradores del floreciente mercado de las empresas de asesorías sindicales, un negocio al alza que es mirado con distancia por buena parte de los trabajadores y dirigentes que critican que se lucre con la lucha sindical. Y cuestionan también la forma despiadada con que operan.

Un dirigente de la CUT, que prefiere mantener el anonimato, afirma que estas asesorías buscan el bono de término de conflicto, porque se cobra de inmediato. Y por ello no trepidan en empujar la huelga para que la contraparte empresarial ponga la plata que a ellos les asegure los recursos. En esa lógica, atomizar los sindicatos es la forma que tienen para que éstos dependan de la asesoría.

El cambio en la estructura de las asesorías que se entregan a los sindicatos es un proceso que no lleva más de 10 o 15 años, dice la misma fuente de la CUT, y culpa de ello a una ley demasiado reglamentada y tecnificada que oculta vericuetos imposibles de descubrir para algunos dirigentes, sobre todo si son primerizos. Y en ese desierto han florecido las empresas de asesorías que han venido a reemplazar al abogado con el que el sindicato tenía una relación permanente y que solo se contrataba para hacer frente a la negociación colectiva. Ahora lo que se lleva es la asesoría integral y el contrato dura el lapso que va de una negociación a otra. Y por ellas los dirigentes pagan altas sumas de dinero, sobre todo en los sindicatos más grandes.

Y si bien Cano es la mano fuerte de CETRA, su mujer siempre ha ayudado en el negocio. “La señora Fernanda Villegas nos asesoró en varias ocasiones. Ella era parte de las planificaciones estratégicas, en la asesoría directa, y estuvo en la empresa hasta antes de entrar al Gobierno. Es una señora bastante amable… Era la encargada de hacer la planificación, organización por organización, en cómo se iban a tirar las líneas para organizar un bloque. También era parte de las capacitaciones para la negociación colectiva y también de las movilizaciones que realizábamos”, dice el secretario de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, Sergio Cisternas.

De rearticulador de la CUT a paradigma del lucro

El Centro de Estudios del Trabajo es una institución de larga historia. Fundada por sacerdotes salesianos a fines de los setenta, el entonces centro de estudios sociológicos pasó a ser liderado en los ochenta por el cura francés Michel Bourguignant, quien junto a un grupo de profesionales convirtió al CETRA-CEAL en el brazo de apoyo de los grupos de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), asociación al alero de la Vicaría de Patoral Obrera que reactivó el sindicalismo en Chile y se convirtió en el articulador de la nueva CUT.

El objetivo inicial de CETRA entonces era promover y apoyar a las organizaciones sindicales en el contexto del “Plan Laboral”, puesto en marcha por el ministro del Trabajo de la época, José Piñera. Entre las características que se recuerdan del centro de estudios estaba su pluralidad, ya que participaban personas de diversos credos y vinculaciones políticas a quienes los unía la lucha por la recuperación de la democracia.

En esa época se allegó Carlos Cano a CETRA y -según cuentan- fueron los propios salesianos quienes enviaron al joven historiador de la Izquierda Cristiana a estudiar a Francia, al Instituto de Altos Estudios de América Latina. A su regreso participó en la integración de la IC al Partido Socialista e intentó paralelamente otros negocios con compañeros que volvían del exilio, como Camilo Escalona y María Emilia Tijoux, sin mayores resultados. De hecho, Cano asegura a sus cercanos que el concepto “Nueva Izquierda” -con que se conoce a la facción liderada por Escalona- es de su autoría.
Cano aprovechó sus nexos políticos y sindicales para prontamente obtener una parte de CETRA. En julio de 1996, la sociedad aumenta el capital de $240 mil a $3 millones e ingresa María Fernanda Villegas con el 49% de la sociedad, mientras que Michel Bourguignat se queda con el 51% restante. Diez años después, se retira finalmente el salesiano francés a ingresa Cano a la sociedad, con el 49% de la propiedad, pasando la empresa a denominarse “Villegas y Compañía Limitada”, con los nombres de fantasía CETRA o Centro de Estudios del Trabajo.

El cambio también fue de orientación. En un principio CETRA buscaba la capacitación profesional y técnica acogiéndose a beneficios SENCE, trabajando en áreas económicas como la minería, forestal, industrial, metalúrgica, agrícola, informática, comunicaciones, pesquera, textil, bancaria, etc. Pero a partir de 2006, Cano se larga a crear sindicatos, sobre todo en comunicaciones y en el retail.

“Antes existían sindicatos diversos, pero sobre todo colocados por la empresa, distantes unos de otros, y así las negociaciones colectivas eran un verdaderto chiste”, dice Manuel Díaz, actual presidente de la coordinadora de sindicatos del retail. “Entonces nos encontramos con CETRA en 2008 e iniciamos una estrategia que consistía en organizar varios sindicatos nuevos y conseguir en el tiempo una fuerza tal que la empresa no quisiera pelear contigo”, agrega.

La estrategia consiste en crear pequeños sindicatos por local, lo que permite que cada uno tenga una directiva propia -con fuero- que se ligue con la federación nacional en una alianza de iguales para crear instancias de negociación. “Cuando haces una negociación colectiva debes fijarte que los asesores sirvan para sacarle a la empresa el dinero que pagas en la asesoría. Si tienes una buena negociación colectiva, donde en realidad puedes amenazar con un derecho a huelga real, sin reemplazos, y donde puedas ocasionar un gran daño a la empresa y así evitar que esta te desafíe a la huelga, obviamente que puedes sacar la plata para pagar la asesoría y obtener otros beneficios”, plantea Díaz.

Sergio Cisternas, de Ripley, explica que la atomización de los sindicatos surge a raíz del Multirut y que lo que ellos buscan son mecanismos para equiparar la relación con la empresa. “Lo fundamental es como se mira la negociación colectiva, porque hay un montón de trabas, de plazo, de quienes pueden negociar… Lo primero es negociar de manera reglada, es decir con derecho a huelga, con los plazos legales conferidos. Porque si negocias colectivamente de manera no reglada, esa capacidad de sobrellevar la negociación con alguna clase de contrapeso es nula”, puntualiza.

De hecho, una de las imposiciones de CETRA al asesorar sindicatos es hacer una negociación reglada, con derecho a huelga, y la firma te prepara no solo jurídicamente sino que sicologicamente para ello. “Tienes que saber que cuando vas a una negociación vas a todo, con fuerza, brutalmente incluso, pero con inteligencia. Hay que tirar toda la carne a la parrilla, para que sientan que vamos en serio, porque sino la empresa te aguanta la huelga, que es lo que ha ocurrido tradicionalmente en el retail”, dice Cisternas.

Esas presiones van desde múltiples acusaciones a la empresa ante la Dirección del Trabajo y consideran estruendosas protestas frente a los locales más importantes de la empresa. “Tienes que interrumpir la paz que existe y eso implica meterte de inmediato a los malls donde va el público que ellos no quieren que molestes, también exponer cosas comerciales que la empresa no quiere que sean públicas. Porque hoy las empresas viven de la imagen… O sea, sea que algo efectivo y que a ellos les signifique algo negativo de inmediato”.

Hoy la federación ideada y movilizada por Cano la constituyen más de 60 sindicatos -Walmart, Falabella, Paris, Monserrat, Ripley, Sodimac, Alvarez (reponedores externos), Cooperativa de Carabineros, entre otros- y tiene como asociados a más de 17 mil 500 trabajadores, solo en el retail. Y eso que cobra caro en relación al mercado: no menos de $25 mil por socio parcial y $35 mil por socio full. Si consideramos solo la negociación colectiva, sin asesoría permanente, la federación del retail le reporta a Cano y Villegas no menos de $500 millones de pesos.

Cano contra la vieja escuela

Consultados para este reportaje, algunos recuerdan dos frases muy sui generis de Cano en sus presentaciones ante sindicatos. La primera, cuando intentó asesorar a los trabajadores de la Cámara de Diputados. “Llegó vanagloriándose de ser ‘un monstruo’ de la negociación. Era muy verborreico…”, recuerda un funcionario de la corporación. Otros recuerda claramente haberle escuchado decir que era “un mercenario” de los sindicatos. Otra cosa que recalca Cano es que él no se ofrece, sino que lo van a buscar, porque es el mejor asesor del retail en Chile (Ver videos).

Cano se ha convertido en un polémico actor que provoca escozor en el sindicalismo de la “vieja escuela”. El dirigente de la CUT califica de “descarada” la conducta de CETRA. Añade que a Carlos Cano no le interesa el diálogo social, sino el lucro. “Todos los sindicatos están bajo la lógica del maltrato, y ahí él se erige como solucionador. Se transforma en el presidente, secretario y tesorero de las organizaciones sindicales y de las federaciones, pone y saca dirigentes… Ninguno de sus sindicatos tiene una buena relación con la empresa. Dice que pone sicólogos y un conjunto de profesionales, y yo la verdad es que no se si me sirven a mí como trabajador”, dice.

Sandoval agrega que “si los sindicatos que tiene Cano llevan 14 o 15 años con él, no es su culpa, ya que hace bien su pega, y son lo dirigentes los que pecan de omisión, que se quedan en los laureles y no les interesa aprender y ahorrarse las lucas que le pagan a estas empresas. El dirigente no tiene por qué ser experto en economía o como funciona el mercado, ni tiene porque entender las leyes laborales. Pero yo no estoy de acuerdo con las asesorías invasivas, que toman las decisiones por tí“.

A Cano también se le acusa de intervenir las asambleas, menoscabando de tal manera al dirigente sindical que este se vea en la necesidad de llevarlo hasta las reuniones, donde toma el liderazgo. “Los dirigentes más allá de ver en él una habilidad técnica, crean lazos de confianza y dependencia. El se apropia de las asambleas justificando a muchos dirigentes y pidiendo disculpas”, añade.

“Cano confunde los roles”, dice otro dirigente del comercio que no comulga con el estilo del esposo de Villegas. “Su personalidad es fuerte e influyente, porque adquiere una posición casi patronal, y los dirigentes que son tímidos se dejan llevar… En definitiva las asesorías no solo de Cano sino que de todos los asesores no son a prueba de resultados, ya que aunque haya malos resultados, ellos igual cobran la plata convenida. O sea es un negocio que no tiene apuro”.

Bárbara Figueroa: “Las asesorías se han transformado en un nicho atractivo de negocios”

Consultada Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, sobre la aparición de estas empresas de asesorías y sobre la atomización sindical, señala: “El primer déficit está en lo engorroso del proceso de negociación colectiva, en su carácter burocrático -dice- porque en el fondo lo que determina una negociación colectiva no es la fuerza de la contraparte sino los trámites administrativos, cumplir los plazos, que todo esté en regla… Es decir, obliga al sindicato a tener que acudir a asesores externos, lo que ha tendido a transformar estos procesos en procesos de especialistas, quitándole todo el valor a la fuerza sindical como un punto fundamental para entenderse con la contraparte”.

Agrega que ese primer escollo de la legislación laboral los ha llevado a poner el énfasis en que el debate de reformas laborales en sus puntos iniciales tiene que ser de fortaleciemiento sindical y de fortalecimiento de la negociación colectiva. “Los movimientos sindicales se fortalecen en la medida en que son autónomos y se pueden empoderar de sus procesos de negociación. Y hay que fortalecer a los dirigentes, capacitarlos, ayudarlos en ese proceso, más que en tener que depender de estas asesorías externas que se han transformado en un nicho atractivo de negocios. Y eso evidentemente es un tema que uno tiene que atacar con fuerza. Que los procesos de negociación colectiva se transformen para algunos estudios o holding en una forma de atraer recursos con las demandas legítimas de los trabajadores, no nos gusta, pero distingo que no es la mayoría ni la tónica que predomina”, agrega.

Finaliza señalando que “se ha abierto este nicho y la atomización sindical es un tremendo subterfugio para hacerlo más atractivo, porque en la medida que hay más sindicatos más posibilidades hay de que haya un demandante de estos servicios. Eso nos parece que no permite avanzar. También muchas veces los procesos de asesorías terminan transformando a estos equipos asesores en ‘semidioses’ que terminan decidiendo lo que hace el sindicato. Nosotros creemos que la organización sindical se debe bastar por si misma”.

En una línea similar se pronuncia la Fundación Sol, quienes también asesora sindicatos. El experto laboral Gonzalo Durán dice que la negociación históricamente se ha concentrado en pequeños estudios de abogados y que la aparición de estas empresas asesoras “está muy vinculado con el asistencialismo, en el cual se da esta relación casi clientelar, donde los dirigentes del sindicato en el fondo delegan lo que son las competencias que ellos debieran tener para el proceso mismo de la negociación colectiva. Y muchos asesores, aprovechándose de la situación, utilizan estos sectores de manera recurrente al encontrar un nicho”, afirma.

Agrega que las asesorías deben ser algo puntual, y que “cuando el dirigente aprende las competencias ya no debiera necesitarlo. A su vez, el empujar la huelga, señala, tiene mucho que ver con el estilo de los asesores. “Eso es bastante nítido en el caso de quienes toman un liderazgo en las audiencias y se transforman casi en dirigentes sindicales que dirigen el proceso, toman las decisiones, influencian en la gente, les hablan. Y eso nos parece negativo porque hay que respetar la autonomía de los sindicatos con sus bases”, argumenta.

La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, contestó a las preguntas de El Dínamo por medio de un cuestionario vía email.

Usted posee el 49% de la propiedad en la empresa Centro de Estudios del Trabajo (CETRA) ¿Tiene participación activa hoy en la gestión de la empresa?

Tal como se señala en la declaración de intereses y patrimonio actualmente no se tiene participación en la gestión de la empresa. En realidad, no tengo participación en la gestión desde el año 2006 como lo consigna la Modificación de Sociedad de fecha 20 de abril de 2006 en la Notaría Ñuñoa.

Como propietaria de Cetra, ¿cuál es el tipo de asesoría que presta hoy su firma a los sindicatos? ¿Hay un cobro estandarizado?

Cetra asesora a organizaciones sindicales de los sectores públicos y privados. Este servicio incluye apoyo técnico en negociaciones y formación sindical y asesoría estratégica. Respecto de la contraprestación por los servicios prestados estos se fijan en razón a la duración y tipo de asesoría requerida.

¿Se ha inhabilitado en decisiones que dicen relación con su cargo a raíz de esta participación en la empresa?

Durante el desempeño del cargo no se ha configurado causal legal alguna que amerite la inhabilidad a raíz de la participación en la propiedad de la empresa referida.

¿No cree incompatible su situación como dueña de dicha empresa en condiciones en que CETRA asesora a sindicatos que a su vez negocian con el Estado, como Aneiich y Fenpruss?

Considerando las facultades del Ministerio y obligaciones del cargo no se considera incompatible su ejercicio con la propiedad en la empresa referida.

¿Cuáles son las utilidades de la empresa en el último año?

Entiendo que Cetra Ltda. no tuvo utilidades operacionales en la Operación Renta 2014. Esto no constituye un antecedente sorpresivo considerando que las cancelaciones de los honorarios de asesorías a sindicatos del sector privado se prolongan a veces de un año calendario a otro.

La plana mayor de la Dirección del Trabajo entra al negocio

El 5 de abril de 2010 -a menos de un mes de arribar a La Moneda el Presidente Sebastián Piñera-, cuatro connotados funcionarios bacheletistas emigrados de la Dirección del Trabajo inscribían su propia empresa de asesorías sindicales bajo el interminable nombre de “Servicios de Asesoría Jurídica-Laboral Integral Profesionales Asociados Limitada”. Casi un año después, instalados en su oficina de calle Phillips, le agregaban el nombre de fantasía con que comúnmente se les conoce: “Desarrollo y Trabajo Consultores”.

Según consta en documentos públicos, integraban la sociedad en partes iguales (25% cada uno) la ex directora del Trabajo -hoy subsecretaria general de la Presidencia-, la socialista Patricia Silva Meléndez, el ex jefe de gabinete de Silva e hijo de la ministra de Vivienda, Paulina Saball, Felipe Ossandón Saball; el ex jefe de la División de Relaciones Laborales de la DT, Joaquín Cabrera Segura; y el ex jefe de la División Jurídica y hoy subdirector del Trabajo, Rafael Pereira Lagos.

Y no les ha ido mal. Solo en el portal de la empresa aparecen 38 clientes, algunos de los cuáles son sindicatos apetecidos por su número de miembros y los montos que manejan. Entre estos la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo-ENAP, el sindicato N°1 de Minera Escondida, el Sindicato Interempresa de Trabajadores de las Empresas Lider, el Sindicato Nacional de Entel PCS y sindicatos de trabajadores del Poder Judicial, del ministerio del Desarrollo Social y del Sernam.

También asesoran al Sindicato de Trabajadores de SUBUS, que cuenta con 180 trabajadores. Cuenta el presidente de ese sindicato, Alejandro Aedo, que ellos hicieron una negociación reglada a instancias de Desarrollo y Trabajo. “Nosotros acabamos de terminar nuestra negociación colectiva y dentro de ella creemos que se desenvolvieron muy bien, y llegamos a una huelga”, dice. Agrega que el trato es por una asesoría permanente de dos años, y que “hicimos el contrato porque los conocíamos de antes en sus funciones en la Dirección del Trabajo”. La asesoría permanente consiste en diversas capacitaciones para los socios. Por ejemplo, derechos sindicales y fuero, métodos de denuncia laboral, término de relación laboral y finiquito, habilidades de gestión sindical, competencias de la Dirección del Trabajo, etc.

Camila Leiva, presidenta del sindicato de trabajadores de la Clínica Odontológica de la Universidad Diego Portales, también llegó a la empresa por los nombres involucrados. “Hablé con el presidente de otro sindicato de la Universidad y este me recomendó la empresa porque estaba incluida ahí la Patricia (Silva), que era la directora del Trabajo. Ella tenía una propuesta muy clara de lo que podíamos abordar en la propuesta y lo que no”.

A diferencia de SUBUS, ellos realizaron un contrato solo por la negociación colectiva, en septiembre de 2013. “Cobran de 2 a 3 UTM por trabajador sindicalizado, pero como este caso éramos pocos trabajadores (30 personas), cobraron un mínimo de 2 millones de pesos por la negociación total. Y yo creo que los valió porque ellos tienen muy claro lo que están haciendo. Dicen que con el bono de término de conflicto su asesoría se paga sola”, explica Leiva.

El 10 de marzo de 2014, un día antes de asumir Bachelet por un nuevo mandato, y en vista de que asumía funciones en la Secretaría General de Gobierno, Patricia Silva presentó en la notaría de Gonzalo de la Cuadra, ubicada en Bandera 84, su salida de la sociedad, entregando su participación al resto de los involucrados. Días más tarde, ratificó aquello en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, pese a que en su declaración de intereses nada dice de la empresa a la que perteneció hasta un día antes de asumir su nuevo cargo.

El abogado Rafael Pereira, por su parte, fue nombrado subdirector del Trabajo el 27 de marzo pasado, y un día antes presentó en la misma notaria su renuncia a la sociedad. Sin embargo, en los 60 días posteriores que le otorga la ley nunca ratificó aquello ante el Conservador, el organismo donde debe oficializar su salida de la sociedad. Eso implica que legalmente sigue siendo socio de Desarrollo y Trabajo. El asunto es más grave porque su cargo posee “función crítica”, vale decir, le pagan por no tener otras fuentes de ingreso y las características de su cargo se cruzan expresamente con la labor de su empresa.

El Dínamo contactó a Pereira para que explicara el punto y se pronunciara sobre los conflictos de interés que se producen entre su cargo de subdirector de la DT y su empresa asesora pues muchos de los sindicatos que asesora llegan a la Dirección del Trabajo con sus demandas. Esto respondió.

/ desarrolloytrabajo.cl

-¿Cuál era la labor que realizaba en Desarrollo y Trabajo?

El trabajo era de asesoría. Nuestro nicho era las organizaciones sindicales y de trabajadores. Y era básicamente en dos ámbitos. Representación en juicios y asesorías a la organización sindical ya sea en su funcionamiento interno como en sus negociaciones colectivas.Como éramos 4 no más, hacíamos prácticamente de todo. Algunos nos dedicábamos más a temas judiciales y otros colegas más al tema de la negociación colectiva.

-¿A qué sindicatos asesoró durante ese período?

Es una larga lista, pero estaban los sindicatos de ENAP, de Subus, el SIL de Walmart, el del Hogar de Cristo, de la tienda de Falabella Plaza Vespucio, el de Entel. Yo mandé un memorándum en mayo pasado al director del Trabajo donde señalo que debo inhabilitarme en todos aquellos casos donde actué judicialmente o presté asesoría, y le informo que ante cualquier presentación de esa organización o de la empresa a la cual se vincula esa organización, yo debo abstenerme de cualquier intervención, pronunciamiento, resolución u opinión. Eso lo mandé también a Contraloría interna para el debido control.

-¿Se ha inhabilitado alguna vez en su cargo como subdirector del Trabajo?

-Sí. En el tema de la empresa Subus, también en una consulta del sindicato de Walmart. No recuerdo en este momento otro caso.

-¿Por qué si se desvincula de la sociedad en una notaría, luego no hace la ratificación ante el Registro de Comercio?

-Efectivamente está pendiente ese trámite. Yo confié en que una persona que lo iba a hacer y no ocurrió así. Pero esa escritura es un contrato y lo que hay que hacer ahora es simplemente hacer la corrección de la omisión.

-O sea que para usted no hay un conflicto de interés.

-No, porque yo me retiré de la sociedad y hay una escritura pública.

-Pero eso no tiene validez mientras no esté en el Registro de Comercio.

-Está bien, es un trámite que hay que regularizar y vencido el plazo hay que hacer la corrección, pero la escritura suscrita ante notario no pierde valor, y en consecuencia desde esa fecha no pertenezco ni tengo beneficios en la sociedad.

-Pero hasta el pasado jueves su nombre y el de Patricia Silva aparecían en la página web de la empresa como socios.

-¿Hasta el jueves? No, desde que yo me retiré y asumí en la dirección del Trabajo dejé de aparecer en la página web. Esa fue una preocupación expresa de que eso fuera así. De separar aguas inmediatamente. Resulta improcedente mantener una participación en la sociedad. Me sorprende lo que me dices.

-¿Cuánto facturó su empresa el año pasado?

-No, no recuerdo ese dato. Si quieres se lo preguntas al gerente de la empresa porque yo no me acuerdo del monto. Pero no eran grandes facturaciones tampoco.

Registro de Comercio certifica que Rafael Pereira, no ha puesto término a su vínculo con “Servicio de Asesoría Jurídica-Laboral Integral Profesionales Asociados Limitada”.