El presidente del gremio, Peter Hill, advierte riesgos:

El dirigente también plantea su preocupación por las facultades de juez y parte que, en su opinión, se pretende entregarle al Sernac.

Por L. CASTAÑEDA.

«Varios de los indicadores de la economía chilena están en los niveles más bajos desde la recesión de 2009 y no estamos viendo que haya una preocupación por hacer frente a esta coyuntura que es claramente compleja», dice el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Peter Hill.

Hace ver que mientras el Gobierno se ha abocado en sus primeros 100 días a las reformas tributaria y educacional -anticipando a futuro cambios a la Constitución, al sistema binominal y a otros ámbitos como el Sernac y las AFP-, por otro lado el país está sufriendo una caída en todos sus índices, con una contracción en la inversión y en el consumo e incluso el sector minorista está viendo una fuerte caída en las ventas. «Todo esto va a significar una caída en el empleo y, al final, se va a recaudar un tercio de los US$ 8.200 millones que se buscan con la reforma tributaria», advierte.

Otra de las preocupaciones del gremio es el proyecto de ley que otorga más atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Según Hill, la iniciativa tiende a dar todas las facilidades para que el servicio sea juez y parte, con facultades para interpretar la ley e incluso cursar multas. La posición de la CCS es que el Sernac debería ser un organismo autónomo como el Banco Central, que cuente con un consejo directivo donde estén representadas las asociaciones de consumidores; las principales empresas proveedoras; académicos de universidades, etc.

Si bien el proyecto perfecciona el mecanismo de la mediación colectiva, el gremio estima que el Sernac no puede ser mediador, debido a su calidad de juez y parte, por lo que debería crearse un cuerpo de mediadores imparciales. Además, Hill sostiene que tratar de extender el daño moral a los juicios colectivos o derechos difusos conlleva el riesgo de generar una industria de los reclamos, como ocurrió en EE.UU.

«Hace un año y medio que las empresas no cuentan con una normativa que permita expresar el consentimiento en los contratos masivos. Es urgente que se dicte ya un reglamento, contemplando tanto el consentimiento expreso como tácito».