Empresas manifestaron inquietud por reducción a siete horas de jornada laboral, según desprenden del proyecto

Pese a baja en cobros a toneladas transferidas, operadores portuarios afirman que las importaciones y exportaciones se encarecerán. Privados y parlamentarios sostienen que es un impuesto inconstitucional.

Por Marco Gutiérrez V.
Las empresas operadoras del sector portuario siguen preocupadas por el impacto que producirá el proyecto conocido como «Ley Corta Portuaria», especialmente por los cambios a la jornada laboral. Tampoco los dejó conforme la indicación que introdujo el Gobierno la semana pasada -cuando la iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado- para modificar el aporte económico a beneficio fiscal que harán las compañías para costear mejoras en las condiciones laborales y la institucionalidad del sector.

Dicho aporte, considerado como un «impuesto» por firmas portuarias y parlamentarios de oposición, ascendía a US$ 0,3 por cada tonelada de carga transferida. Tras los cambios realizados por el Ejecutivo se rebajó a US$ 0,2 por tonelada de carga general y US$ 0,1 por tonelada de granel sólido o líquido. Con esto, lo que se contemplaba recaudar para el período 2015-2018 cayó 46% (o US$ 53,6 millones), pasando de US$ 116 millones a US$ 62,4 millones. Así los ingresos anuales suman US$ 15,6 millones que resultan de aplicar los nuevos valores a 120 millones de toneladas, consigna el Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos.

Las modificaciones también incluyen al Fondo de Modernización Portuaria que se crea con el proyecto de ley y que será administrado por el Ministerio de Transportes. Este recibirá transferencias por un máximo de US$ 2 millones anuales y no los US$ 10 millones al año que se estimaba previamente. El subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, comentó que estos cambios acogieron los planteamientos de privados y de diputados en el sentido de diferenciar los aportes por tipo de carga y de reducir los montos.

En la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) y fuentes de diferentes grupos portuarios del país afirmaron que el pago al que se verán expuestos encarecerá las importaciones y exportaciones. A la vez, indicaron que operadores tienen contratos de transferencia de carga a largo plazo con clientes y no podrían reajustar los valores.

Otro punto que inquieta a los portuarios es el impacto en la jornada laboral. Señalaron que con la introducción de media hora de descanso se interviene la dinámica de las operaciones y se fijan en siete horas efectivas los turnos, en comparación con las ocho horas que rigen para el resto de los trabajadores del país. Esto, añadieron, se traduciría en 22,8 días que no se trabajaría, impactando la productividad portuaria.

Inconstitucionalidad

El investigador del Programa Legislativo y Constitucional de Libertad y Desarrollo (LyD), Sergio Morales, afirmó que el cobro a los puerto se trata de un impuesto que se «disfraza como aporte» y que tiene rasgos de inconstitucional. Agregó que no puede existir un tributo para un fin determinado, como sería costear los beneficios de los trabajadores portuarios.

Morales tampoco comparte gravar la carga general y a granel. Comentó que algunos actores del sector portuario pedían que se cobre según el valor económico de la transacción. El experto de LyD añadió que la recaudación del Fondo de Modernización tampoco será de mucha ayuda, pues US$ 2 millones al año son exiguos para desarrollar inversiones relevantes.

El diputado UDI Patricio Melero también afirmó que el cobro a los puertos es un impuesto y no un simple «aporte», y que sería inconstitucional.

A la vez, el senador RN Francisco Chahuán advirtió que el impuesto podría afectar a mercancías bolivianas. Añadió que se debe avanzar en una ley general de puertos.

RETROACTIVO
US$ 53 millones suma el pago de media hora de colación a trabajadores en el lapso 2005-2013. TPS: sobretasa a la carga es ilegal
Francesco Schiaffino, gerente general de Terminal Pacífico Sur (TPS) -operador privado de Valparaíso ligado al grupo Von Appen-, comentó que el proyecto de ley les preocupa porque se asume la existencia de una deuda pendiente con los trabajadores «que creemos no existe, incluso tenemos acuerdos con nuestros trabajadores acerca de cómo se aborda el descanso para la colación. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, mantener la continuidad en nuestras operaciones». Añadió que si se estima que «hay algo controvertido hacia atrás, lo que corresponde es recurrir a los tribunales».

Respecto de la sobretasa a la carga, el ejecutivo señaló que estiman que es «ilegal».

Schiaffino explicó que la paralización de las faenas portuarias para otorgar «simultáneamente el descanso de media hora, significa perder del orden de 1,5 horas por cada turno». Agregó que de los tres turnos que totalizan 22,5 horas, se trabajarían 18 horas.