Economía abrió consulta pública y mesa de trabajo con gremios. Espera que ayude a impulsar proyecto de deuda consolidada.

Por Maximiliano Andrade.

El Ministerio de Economía puso en consulta ayer un anteproyecto de ley para crear una agencia que, con una estructura semejante al Consejo de la Transparencia, buscará proteger el derecho de propiedad de los datos personales y fijar límites al uso que las empresas puedan dar a éstos.

Para ello estableció una mesa de trabajo junto a gremios como la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y el Comité de Retail Financiero (CRF). Esta instancia sesionará hasta el 15 de agosto, con el objetivo de que el envío del proyecto al Parlamento se concrete el 3 de octubre.

“Necesitamos crear un Sistema de Protección de Datos Personales, que se sustente en el derecho de las personas de controlar y proteger su información. Para eso, hemos estado trabajando en un anteproyecto de ley que presentamos al sector privado y la sociedad civil”, afirmó la subsecretaria de Economía, Katia Trusich.

En la iniciativa destacan los aspectos vinculados directamente con la consolidación de deudas de la banca y el retail. “Este proyecto es una especie de paraguas para el (proyecto) de deuda consolidada. Con esto podemos ayudar a la tramitación del Sistema de Obligaciones Económicas (SOE)”.

CONSENTIMIENTO

El anteproyecto sostiene que el consentimiento de los usuarios de crédito está excluido como necesidad cuando se trata de recopilación de datos por parte del Estado para fines regulatorios, y, por otro lado, que los usuarios, como dueños de sus datos personales, deben entregar su consentimiento expreso para que las entidades financieras puedan acceder a esta información.

Por otra parte, apunta a proteger especialmente la información considerada “sensible”, como orientación sexual, religión, etnia, o estado de salud.

Sobre este último punto, el gerente general de la Asociación de Aseguradores de Chile, Jorge Claude, sostuvo que “es una buena instancia de proteger los derechos de los consumidores y establecer una buena comunicación entre usuarios y proveedores”.

En general, el sector privado destacó la disponibilidad de diálogo de la autoridad al presentar un “anteproyecto”, y no directamente un proyecto de ley, en el Parlamento.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, valoró esta disposición del Ejecutivo e indicó que “vamos a leer el proyecto a partir de las próximas semanas para hacer nuestros aportes para la mesa de trabajo. En otros proyectos al respecto no se ha avanzado mucho”. Sobre si el proyecto perjudicará a algunas prácticas de empresas que podrían estar destinadas a obtener mayor información de las personas, Mewes sostuvo que “vamos a ver los detalles del proyecto y trabajar en eso”.

En la misma línea, el gerente general del Comité del Retail Financiero, Claudio Ortiz, señaló que “valoramos la metodología adoptada por la Subsecretaría de Economía, incorporando un trabajo público-privado prelegislativo respecto del anteproyecto de Ley de Protección de las Personas del Tratamiento de Datos Personales. Estimamos que es un buen camino para alcanzar los mayores consensos posibles entre todos los sectores representados”.

Las multas por mal uso de datos personales -como intercambio de datos sin autorización del consumidor-, que contempla el anteproyecto, llegan hasta 10.000 UTM ($ 421 millones), en el caso de las más graves, y son apelables ante tribunales.