Sectores del sindicalismo critican la cercanía que existe entre la directiva de la CUT y el Ejecutivo:
La autoridad deberá presentar un proyecto que fortalezca a los sindicatos, justo cuando busca restablecer confianzas con los empresarios.
Por Pablo Obregón.
Los plazos se acortan y el desafío del Gobierno de cumplir un compromiso de campaña y presentar un paquete de reformas laborales antes de fin de año y, a la vez, recomponer relaciones con un empresariado todavía dolido por el alto voltaje que alcanzó el debate tributario, se visualiza casi tan complejo como la cuadratura del círculo.
Mientras la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) transmitió esta semana el mensaje de que la titularidad sindical y el fin del reemplazo en huelga no apuntan en la línea de recomponer confianzas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -tensionada por las diferencias que existen entre sus distintas corrientes internas- acentuó las tratativas para que el Ejecutivo no desista del envío de un paquete de reformas que, a fines de 2013, fueron claves para lograr el apoyo explícito de la multisindical al programa de la entonces candidata Michelle Bachelet.
Esta tensión es la que se expresó el lunes, luego que trascendidos de prensa dieran cuenta de que el Ministerio del Trabajo había dado por suspendidas las negociaciones con la multisindical, debido a diferencias relacionadas con la iniciativa que busca fortalecer a los sindicatos (titularidad sindical en procesos de negociación colectiva).
Ese mismo día, la Presidenta Bachelet se reunió en la Moneda con el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, para conversar sobre los factores que estaban quebrantando la confianza de los empresarios en medio de la desaceleración.
En el añoso edificio de la CUT, hubo dirigentes de la vieja escuela -aquellos que han visto caerse varios intentos por reformular el Código del Trabajo durante los últimos 24 años- que cruzaron ambos datos y creyeron que la agenda laboral corría el riesgo de ser usada como moneda de cambio por parte del Ejecutivo para distender las relaciones con el empresariado.
Pero no fue así: «Ante los primeros trascendidos, nos llamaron del Ministerio del Trabajo para ratificar que nada de esto tenía que ver con lo que nosotros estamos discutiendo (reformas laborales) y que el trabajo seguía tal cual como estaba estipulado en el cronograma», señaló la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa a «El Mercurio».
Con ese llamado, se apagó lo que amenaza con convertirse en un incendio. De hecho, se acordó una nueva reunión para esta semana. Sin embargo, los trascendidos dejaron ver que las diferencias sí existen y que el gobierno está en medio de un juego de equilibrismo complejo.
Acuerdos y diferencias
Una alta fuente del Gobierno reconoce que en las reuniones de las últimas semanas se han acercado posiciones en temas que interesan al empresariado, como extender las materias que son susceptibles de negociación colectiva, pero no en las que empujan con más fuerza desde la Central: «Se han establecido brechas en algunos temas, principalmente en lo relativo a la titularidad sindical», afirma la misma fuente.
En sectores del Gobierno ven esta última propuesta como un retroceso hacia un esquema de sindicato único, situación que no estarían dispuestos a impulsar en este contexto.
Además, los trabajadores tampoco estarían dispuestos a ampliar las materias que son objeto de negociación sin establecer ciertos resguardos: «Los trabajadores creemos que es posible ampliar las materias de la negociación, pero estas materias solo pueden ser abordadas por una organización sindical que represente al menos al 70% de los trabajadores que van a ser afectados por esta medida», dice Bárbara Figueroa.
En la otra vereda, los empresarios retomaron esta semana las conversaciones con el Gobierno en materia laboral y, si bien valoran la idea de ampliar la negociación colectiva, rechazan los otros puntos de la agenda: «La CPC está dispuesta a oír y si hay buenos argumentos es posible que cambiemos de opinión, pero hasta ahora no hemos escuchado ningún buen argumento que nos convenza de que la titularidad sindical apunte en la dirección de mejorar la empleabilidad y los salarios», dice el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz.
Se abre un frente interno
Al interior de la CUT conviven distintas fuerzas: por un lado los dirigentes liderados por el Partido Comunista, por otro, los que se alinean detrás del ex presidente y actual secretario general de la multisindical, Arturo Martínez y, en menor medida, un grupo que gira en torno al dirigente de los trabajadores del petróleo, Nolberto Díaz (DC).
Estos dos últimos han expresado públicamente sus críticas a la directiva que encabeza Figueroa: «El Gobierno y la CUT iniciaron una cuenta regresiva sin retorno», acusó a mediados de julio Nolberto Díaz, a propósito del acuerdo logrado por el Gobierno y la Central para regular el uso del multi RUT en procesos de negociación colectiva. Dos semanas más tarde, fue el turno de Martínez: «No la califico pero siento que hay muchos que piensan que ella se cuida mucho de no agredir al Gobierno», dijo.
Ambos han abierto flancos que, durante las últimas semanas, han tensionado las cosas al interior de la multisindical. Mientras Figueroa se la ha jugado por mantener canales de diálogo fluidos con el Gobierno, bajo el argumento de que el programa de la Presidenta Bachelet en materia laboral se construyó tomando varias de las banderas de la CUT y que existe el compromiso de cumplirlo, Martínez y Díaz han instalado la idea de que, si la multisindical no asume una posición más dura, los cambios podrían desdibujarse.
Correlación de fuerzas
De los sesenta dirigentes que componen el consejo general de la CUT, 27 fueron elegidos como parte de la lista comunista, 25 a la facción de Martínez y ocho a la lista liderada por dirigentes de la ANEF y por Díaz.
Pese a las críticas que ha recibido por su cercanía con el programa de gobierno, Bárbara Figueroa descarta que los adversarios estén al interior del movimiento sindical: «En los debates internos ha sido claro que tenemos diferencias, pero obviamente que esas diferencias tienen espacio para expresarse, porque aquí nadie está diciendo que no quiere reforma laboral. Y si hay coincidencia (con el Gobierno) tiene que ver con que hay plataformas comunes para esta etapa».
Para conocedores de la interna de la Central, las declaraciones de algunos dirigentes que han criticado la sintonía que existe entre la Central y el Gobierno son «frases para la platea», puesto que, en los hechos, las relaciones con las autoridades son tan férreas que algunos directivos conjugan sus tareas sindicales con las de funcionarios de gobierno. El tesorero de la CUT, Víctor Ulloa (hombre de la línea de Martínez), es coordinador del Programa de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo.