Borrador del proyecto de ley para tratamientos de alto costo

Envío al Congreso de la propuesta había sido anunciado para antes del 31 de diciembre, pero en el oficialismo reconocen que discusión comenzará en marzo.

Por Carlos Said y René Olivares.

El Ministerio de Salud y parlamentarios oficialistas están afinando los últimos detalles del proyecto que dará financiamiento estatal a los tratamientos de enfermedades de alto costo -conocida como Ley Ricarte Soto-, que según el cronograma legislativo del Gobierno debería ingresar al Congreso antes del 31 de diciembre.

El borrador de la iniciativa, que data de comienzos de este mes y fue elaborado luego de una reunión entre los ministerios de Salud y Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de Presupuestos (Dipres), define a los tratamientos de alto costo como los «productos farmacéuticos, alimentos o dispositivos médicos asociados a programas, enfermedades o condiciones de salud» que son catastróficos para el paciente.

También plantea que un fondo estatal dará cobertura a todos los afiliados a algún sistema de salud, sin importar si pertenecen a Fonasa, isapres o instituciones de salud de las Fuerzas Armadas y del Orden, y que el beneficiario tendrá que pagar un copago que «no podrá ser superior al 20% del valor determinado en un arancel de referencia» que posteriormente fijará el reglamento del proyecto.

Sin embargo, establece que Fonasa «deberá cubrir el valor total de las prestaciones, respecto de los grupos A y B» del seguro público, y que a los afiliados de los grupos C y D se les podrá entregar una cobertura financiera mayor a la dispuesta.

Las enfermedades y los tratamientos que tendrán la cobertura de este fondo también quedarán definidos en un decreto supremo. Esto se decidirá en una comisión compuesta por los ministerios de Salud y Hacienda, los que cada tres años fijarán «el umbral para determinar el tratamiento de alto costo», para lo que tomarán en cuenta, entre otros factores, «los ingresos anuales de los beneficiarios».

Por otra parte, la decisión médica sobre qué casos acoger a la ley quedará en manos de la Subsecretaría de Salud Pública, la que también tendrá comisiones de expertos que analizarán la evidencia científica sobre la eficacia y eficiencia de los tratamientos y sus «repercusiones éticas, jurídicas y sociales».

De acuerdo al artículo 15 del proyecto, la vigencia del tratamiento de alto costo será de tres años, período que de no ser modificado «se entenderá prorrogado por otros tres años, y así sucesivamente».

El texto que prepara el Ejecutivo también indica que la vulneración de las normas -por ejemplo, que se presione a los expertos para entregar cobertura a medicamentos- supondrá una sanción de 100 a 10 mil unidades tributarias mensuales (de $4,3 millones a $431,9 millones).

Retraso en el envío

En Salud estiman que la Ley Ricarte Soto beneficiará a más de 20 mil personas y que su presupuesto debe ser aproximadamente de $150 mil millones. De hecho, la Ley de Presupuestos 2015 ya considera más de $16 mil millones para este fondo.

Para el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, este proyecto «debe ser el primer paso para que el Estado garantice el acceso universal de medicamentos» en «la parte más barata de la cadena, que ya cumple con cubrir consultas, especialistas y exámenes».

Sin embargo, aún no hay fecha para su ingreso al Congreso. El presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Marco Antonio Núñez, explicó en la instancia que la iniciativa «se presentará en enero, para comenzar a ser tramitada en marzo».

Esto, a pesar de que en noviembre el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que sería enviada antes del 31 de diciembre, de acuerdo al cronograma legislativo que fijó el Ejecutivo.

VIGENCIA

El borrador dice que la ley entrará en vigencia seis meses después de su aprobación.

Debate sobre el «umbral» de cobertura
El Ministerio de Salud ha tenido varias reuniones con los parlamentarios de las comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Diputados en las que les ha expuesto los lineamientos del Ejecutivo.

Según el diputado Juan Luis Castro (PS), uno de los grandes temas en debate es la definición del «umbral» de ingresos que podría definir desde qué costo un mal es considerado catastrófico.

«Se nos planteó que puede ser un punto de inicio el sueldo promedio del país, que está en torno a los $600 mil, pero varios parlamentarios nos opusimos desde ya, porque, por ejemplo, no es lo mismo $50 mil de gasto para un sueldo de $1 millón que para uno de $250 mil», explica.

En tanto, el senador Francisco Chahuán (RN) sostiene que la comisión de Salud del Senado pidió a la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, que el proyecto ingrese por esa corporación. «Hay un acuerdo transversal, sería un trámite fast track» , dice Chahuán.

Sin embargo, Rincón explicó que aún no hay una definición de por cuál cámara ingresará la iniciativa, y que el proyecto está en proceso de revisión de legalidad y financiamiento.