Actividad en Puerto Central, ligada al grupo Matte, está bloqueada desde el sábado pasado:

Federación de trabajadores acusa incumplimientos en «nombradas» y bonos, pero la empresa afirma que ha respetado todos los acuerdos.

Por Marco Gutiérrez y Camila Luengo.

El «fantasma» de los paros retornó al sector portuario. Ahora apareció en Puerto Central (PCE), concesionaria de San Antonio -ligada al grupo Matte-, cuyas actividades fueron paralizadas el sábado pasado. Esto, debido a que una federación de trabajadores acusa que la empresa no está cumpliendo compromisos en materia de la planificación de las «nombradas» y reajustes y asignación de bonos.

En medio de este escenario, gremios del sector frutícola manifestaron sus preocupaciones por el impacto que tendría este movimiento en los envíos del rubro durante la actual temporada.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Costanera Espigón (Fetraportces), Diego Silva, señaló que la concesionaria no ha firmado un documento con acuerdos surgidos tras las movilizaciones de septiembre pasado. Entre las demandas, el dirigente mencionó reajuste de un bono de turno nocturno y señaló que existen problemas para que la federación administre el 30% de la «nombrada», vinculada básicamente a trabajadores eventuales o esporádicos. El 70% restante -dijo-correspondería a las personas contratadas y su manejo es facultad de PCE.

Consuelo Cánaves, gerente general de Muellaje Central, informó que «Puerto Central tiene aproximadamente 250 trabajadores contratados en forma permanente agrupados en tres sindicatos recientemente constituidos, con los cuales la empresa ha mantenido un diálogo permanente y en un ambiente de confianza». Añadió que «en septiembre pasado suscribimos un convenio de prestación de puestos de trabajo por dos años con tres sindicatos de trabajadores portuarios eventuales que agrupan aproximadamente a 70 personas y que lidera Diego Silva, contrato que está plenamente vigente y que hemos cumplido y respetado al 100%». Llamó a Diego Silva a no bloquear el acceso al puerto.

La «nombrada» es un mecanismo vinculado a los requerimientos de trabajadores eventuales que hacen las firmas concesionarias de los terminales a los sindicatos para la ejecución de diversas faenas. Según actores privados portuarios, algunas federaciones han impuesto por la fuerza -mediante paros- ser ellas las que designan a las personas que laboran.

Fruteros en alerta

Si bien en PCE no están movilizando fruta, los productores y exportadores de ese ámbito manifestaron su temor respecto de que este tipo de movilizaciones se extienda a otros terminales de la zona central y afecte a los envíos, especialmente considerando que la temporada 2014-2015 tendrá su peak en marzo y ya se están despachando embarques de diversos productos.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex) indicó su preocupación por el conflicto y dijo que «se produce en momentos en que se acaba de publicar la Resolución 7.233 del 24 de diciembre de 2014 de la Dirección Nacional de Aduanas, que obliga a las empresas participantes del comercio exterior nacional a pagar una tasa equivalente a US$ 0,2 por tonelada que se exporta o importa al país, cuya recaudación se destinará a cancelar compromisos asumidos por el Estado, fundamentalmente relacionados con pagos retroactivos de colaciones y pensiones a trabajadores portuarios».

Añadió que «este esfuerzo que realiza el sector privado, que no le debería corresponder, debe conducir a evitar efectos altamente perniciosos que dañan nuestras exportaciones».

El presidente de la Federación de Productores de Fruta, Juan Carolus Brown, señaló que «el sector exportador frutícola asumió las pérdidas de los paros de 2013 y 2014, y acordó pagar por medio de un impuesto los compromisos del Estado y las empresas concesionarias de los terminales portuarios, justamente para que situaciones como las de ahora no volvieran a repetirse».

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social comentó que si bien el conflicto debe ser resuelto entre PCE y Fetraportces, que la cartera conoce de las gestiones que la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) ha arbitrado entre las partes a fin de que dicho terminal reanude en el más breve plazo sus operaciones.

US$ 0,2 por tonelada exportada o importada es el impuesto que deben pagar los actores del comercio exterior, tributo que se desprendió de la aprobación de la denominada «Ley Corta Portuaria» el año pasado.

Negativo liderazgo de Chile en estos conflictos
En enero de 2014 San Antonio sufrió 23 días de paro, movimiento que fue apoyado por otros terminales del país. Ese conflicto llevó a Chile a liderar las paralizaciones portuarias en América Latina, concentrando entre 2010 y enero de 2014 el 46% de los días de huelga a nivel regional, con 143 jornadas, equivalentes a unos 4,7 meses. Luego, en septiembre pasado, Puerto Central de San Antonio registró 18 días de paralización. Para poner fin al movimiento -que era liderado por el dirigente sindical Sergio Vargas-, ofreció contratos indefinidos a trabajadores eventuales.