Al otro extremo, en minería las remuneraciones crecieron solo 13,9%:
Cifras cercanas al pleno empleo y efecto multiplicador del boom minero hicieron que los sueldos en el sector inmobiliario y la construcción crecieran 46% y 37,8% en siete años, respectivamente.
Por Pablo Obregón.
A mayor sindicalización, una negociación colectiva más simétrica y mejoras salariales más pronunciadas para los trabajadores. Esa es la ecuación del Gobierno y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para justificar la necesidad de impulsar una reforma laboral que fortalezca la posición negociadora de los sindicatos.
Para los detractores de la reforma, no obstante, la idea de que la negociación colectiva pueda ser un mecanismo de redistribución de recursos eficiente no se ha manifestado en las cifras observadas durante los últimos siete años. Las remuneraciones de los trabajadores de las industrias con mayores tasas de sindicalización a nivel nacional son las que menos crecen entre 2007 y 2013, mientras que los salarios de las personas que se desempeñan en sectores con las tasas de afiliación más bajas son, coincidentemente, los que más crecen en este período.
Las dos actividades que registran los mayores aumentos de remuneraciones en términos reales son inmobiliarias y construcción, con alzas de 46% y 37,8% respectivamente. Ambos sectores son, a la vez, los que exhiben las menores tasas de sindicalización, con una afiliación de 11,8% y 6,6%, de acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo (DT).
En el extremo opuesto, los dos sectores que muestran los reajustes salariales más bajos son la minería y transportes, con incrementos de 13,9% y 18,5%, respectivamente. ¿Qué tienen en común ambas industrias? Que son las que exhiben las mayores tasas de sindicalización, con 22,5% y 27,3%, respectivamente.
Para unos, las cifras son el más claro ejemplo de que un período de generación vigorosa de empleo y la consecuente escasez de mano de obra en algunas industrias ha resultado ser un mecanismo más fuerte que la acción sindical para mejorar las remuneraciones. Para otros, las cifras muestran que, incluso en los sectores con altas tasas de sindicalización, el marco jurídico en que se desarrolla la negociación colectiva es tan asimétrico, que hasta los sindicatos más fuertes tienen dificultades para obtener reajustes salariales sustantivos.
El profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte, se ubica en este segundo grupo: la fragmentación de los sindicatos y la ausencia de una ley de pisos mínimos han hecho que los trabajadores aborden la negociación colectiva cuesta arriba y que apunten, en el mejor de los casos, a mantener los beneficios obtenidos en el contrato vigente, afirma.
Efecto de la atomización
La reforma laboral de 2001 fue clave en el proceso de atomización sindical. Esa iniciativa buscó aumentar la sindicalización bajando los quórum para constituir sindicatos de veinticinco a ocho trabajadores. Como resultado, el número de sindicatos pasó de 8.149 organizaciones a 10.634 entre 2002 y 2013, lo que representa un aumento de 30,04%. Mientras, las tasas de sindicalización se mantuvieron prácticamente estables pasando de 13,1% a 14,2%.
Según Ugarte, la reforma propuesta por el Gobierno no mejorará esta situación, dado que no se hace cargo ni de la fragmentación ni del nivel de la negociación: «La superación de la debilidad del trabajador no se logra a través del sindicato de empresa, sino en la negociación por rama», afirma el académico.
Distinta es la visión del presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción, Augusto Bruna. A su juicio, las cifras muestran que, en algunas industrias, la acción del mercado es más fuerte que la acción sindical.
A su juicio, no es resultado del azar que los sectores con mayores alzas salariales sean la construcción e inmobiliarias: durante los últimos años, esos sectores alcanzaron cifras cercanas al pleno empleo y, además, tuvieron que competir con las remuneraciones que ofrecía la minería durante el boom del cobre.
Como resultado, incrementaron sus salarios más que cualquier otra industria. Ejemplo de lo anterior es lo que ocurrió en la región minera de Antofagasta durante 2013, cuando se pagaron los mayores salarios en la construcción, con un promedio de $689 mil, muy por encima de la media sectorial, de $594 mil.
Pese a este incremento, la construcción y el transporte siguen entre las industrias con los salarios más bajos, lejos del sueldo promedio de la minería o de la banca, que superan el millón de pesos mensuales, sin considerar bonos (ver infografía).
Sindicatos y asesores priorizan bonos por fin de conflicto
Un dirigente sindical que prefiere mantener su nombre en reserva señala que los salarios de algunos sectores con altas tasas de sindicalización no han crecido de manera sustantiva debido a la estrategia de negociación que han ido adoptando algunos sindicatos y sus asesores: «Las empresas de asesorías sindicales priorizan la búsqueda del bono de fin de conflicto porque suelen cobrar sus honorarios como un porcentaje de ese bono», indica el dirigente.
Eso es lo que se expresa con más claridad en el caso de la minería, donde los bonos por fin de conflicto han superado los $20 millones por trabajador.
Las dudas que surgen en la Central Unitaria de Trabajadores
Consultado sobre el tema, el director del Trabajo, Christián Melis, señala que los resultados de la negociación colectiva no solo dependen de las tasas de sindicalización: «Una negociación de calidad requiere intervenir varios aspectos del sistema: favorecer la sindicalización, pero también eliminar trabas del procedimiento de negociación, prohibir el reemplazo y dar titularidad al sindicato».
A su juicio, el proyecto de reforma laboral presentado el 29 de diciembre se hace cargo de estos temas: «Promueve la calidad del proceso y la calidad del resultado de la negociación», afirma.
Sin embargo, con el paso de los días han comenzado a surgir dudas entre los dirigentes sindicales respecto a los alcances de la iniciativa.
El proyecto de ley no hace diferencias entre sindicatos según su tamaño. De este modo, si el sindicato que tiene la mayor representatividad al interior de la empresa decide no extender los beneficios a los no sindicalizados, pero un sindicato menor -de solo ocho trabajadores, por ejemplo- negocia en paralelo y decide extender los beneficios, el empleador tendrá luz verde para entregar los beneficios a todos los trabajadores.
Durante la discusión prelegislativa del proyecto, los representantes de la CUT hicieron ver este tema y trataron de convencer al gobierno de que la extensión de beneficios debía ser una prerrogativa del sindicato más representativo, situación que no fue incorporada en el texto.
Fuentes de la multisindical agregan que la injerencia de la Dirección del Trabajo en la determinación de los servicios mínimos que deberán cumplir los trabajadores en huelga es otro tema que ha comenzado a generar inquietud.
Si bien la legislación vigente permite el reemplazo en huelga, lo hace con condiciones difíciles de cumplir para los empleadores: la empresa debe ofrecer al menos los mismos beneficios contenidos en el contrato vigente reajustados por IPC (una ley de pisos mínimos) y debe pagar al sindicato cuatro UF ($90 mil) por cada trabajador reemplazado.
El proyecto de ley elimina esa prerrogativa, pero deja abierta la puerta para que el empleador establezca servicios mínimos en períodos de huelga sin requisito de piso mínimo ni el pago de las 4 UF al sindicato.
Según Ugarte, con este proyecto la atomización sindical podría agudizarse, dado que el texto no establece ningún límite para la constitución de sindicatos con escasa representatividad: «Como los beneficios de la negociación colectiva solo podrán extenderse con la venia del sindicato que negoció, lo que va a pasar es que se va a armar una cantidad enorme de sindicatos ‘amarillos’ (cercanos a la empresa)», señala el docente.