La mesa Mujer y Trabajo asentada en el Sernam, ya tiene un diagnóstico de la legislación: «Es letra muerta». Por ello ya están estudiando perfeccionamientos y la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, adelantó que la normativa de 2009 «necesitará modificaciones».

Por Pía Toro.

El tema de la brecha salarial por sexo y el avanzar a una igualdad de remuneraciones cada día está tomando más fuerza. Por eso ya no es raro ver a figuras públicas abogar por este desafío.

En la última entrega de los Premios Oscar, Patricia Arquette, ganadora del galardón a mejor actriz de reparto señaló: “a todas las mujeres que han dado a luz, a todos los contribuyentes y ciudadanos de este país, hemos luchado por la igualdad de derechos para todos. Es nuestro momento para exigir igualdad de salarios de una vez por todas en EEUU”. Un llamado similar realizó la directora general del FMI, Christine Lagarde.

Una problemática mundial, de la que nuestro país no escapa, y que toma más fuerza al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

Para lograr superar esta dificultad, en 2009 se promulgó la Ley 20.384 que resguarda el derecho de igualdad de remuneraciones, cuyo objetivo principal era generar un impacto positivo en el salario de las mujeres.

Sin embargo, ésta no ha tenido una buena evaluación. En 2013, el departamento de Evaluación de Ley de la Cámara de Diputados analizó el impacto de esta normativa y posibles soluciones.

El documento indica, de acuerdo a una encuesta del Instituto de Sociología de la Universidad Católica realizada en 2012, que sólo un 37% declara tener algún grado de conocimiento acerca de esta Ley. Incluso los resultados mostraron que existe una mayor declaración de conocimiento entre el estrato ABC1-C2 y en específico entre los hombres.

“Falta mucha difusión, hay un trabajo de políticas públicas que se tiene que hacer, para buscar que esta Ley tenga sentido y que cumpla con su espíritu”, señalaban desde el Sernam en el informe.

Deficiencias que también fueron constatadas por la CUT en su Agenda de Género, donde sostuvieron que “Chile necesita que se implementen medidas efectivas para la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. La Ley 20.384 sobre Igualdad de Remuneraciones no ha servido para este propósito”.

Según estadísticas de la Dirección del Trabajo, en los 5 años de implementación se han presentado 51 denuncias, de las cuales sólo 11 pudieron ser constatadas, es decir, se verificó que existiera la discriminación salarial.

De esas, denuncias constadas, 5 terminaron con acuerdo, y 6 sin acuerdo.

Según la vicepresidenta de la Mujer de la CUT, Angela Riffo, quien participa de la mesa Mujer y Trabajo (instancia tripartita), hay un diagnóstico claro respecto de la Ley: “Que la legislación no se usa, no se usa; que es letra muerta hasta ahora, es letra muerta; que es muy poco conocida, también”.

Diagnostico en cifras

Riffo también asegura que esta norma no ha generado el impacto buscado en las remuneraciones de las mujeres.

Un estudio realizado por Fundación Sol muestra que en los últimos 5 años (mismo tiempo de implementación de la Ley) un 60,9% del total del empleo femenino presenta una inserción endeble (es decir, se genera en la economía informal). En el caso de los hombres, un 47,8% del total del empleo creado tiene estas características.

En este contexto, este organismo detecta que el 15% de las chilenas se encuentra bajo la línea de la pobreza. “Esto se agrava si quitamos distintos aportes externos al trabajo (pensiones, subsidios, etc.). Sin subsidios ni alquiler imputado (precio estimado que el propietario de la vivienda pagaría si fuese inquilino de la misma), el 31,3% de las mujeres estaría bajo la línea de pobreza”, indica el texto.

El análisis también revela que existen diferencias en la ocupación entre hombres y mujeres. “La mayoría de los empleadores (77 %) y trabajadores por cuenta propia (59,3 %) son hombres; mientras, el 97% de las trabajadoras de servicio doméstico son mujeres y el 70% de las ocupadas como familiares no remuneradas son mujeres”.

En cuanto a los oficios, dice el estudio, los hombres y mujeres se diferencian por roles tradicionales de género que se reproducen en la estructura de empleo. El área de servicios es la más feminizada (casi el 70% son mujeres); mientras los oficios más masculinizados son las operaciones de instalaciones y máquinas (93,5% de hombres). En el poder Ejecutivo, Cuerpos Legislativos y Directivos, sólo un 31,5% son mujeres, “reflejo de lo que se conoce como discriminación vertical, en tanto las mujeres suelen ocupar en mucha menor medida que los hombres puestos de poder”, sostiene el estudio.

Soluciones

Desde el Ministerio del Trabajo reconocen que la Ley de Igualdad remuneracional tiene problemas. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, señaló a PULSO que “hay varios temas que hemos identificado y que tienen problemas (…). Está el tema de brecha salarial, que va a significar modificación legal, pero aún no tiene fecha”.

De hecho, ya en mayo pasado la Presidenta Michelle Bachelet dijo que la igualdad de sueldos entre hombre y mujer es una razón más para cambiar la Constitución.

“Me dijeron que era inconstitucional mandar un proyecto que dijera ‘igual pega, igual paga’, porque era una suerte de discriminación, yo no entiendo por qué pero parece que la Constitución nuestra no lo permite (…) otra razón más para tener una nueva Constitución, en que nunca más haya una discriminación tanto contra los hombres como las mujeres en nuestro país”, indicó la mandataria el 21 de mayo.

La evaluación realizada por la Cámara de Diputados recomendó, revisar todos los puestos de trabajo y asignarles valor en base a factores determinados por la empresa tales como calificaciones, responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo.

En este contexto, el ex director de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Guillermo Miranda, sostuvo que “a trabajo del mismo valor, igual salario. Países más avanzados han establecido mecanismos que midan trabajo de igual valor, o sea, que una secretaria puede tener la misma importancia que un gerente técnico, y ahí se iguala el salario”.

Para Riffo más que reformar la Ley, hay que crear instrumentos que permitan aplicar la legislación, y una vez hecho ver si es suficiente. Pero la Agenda de la CUT ya advertía que se debe “perfeccionar la Ley Igualdad de Remuneraciones, reconociendo adecuadamente el principio de igualdad de ingresos en trabajos de igual valor, generando incentivos y sanciones adecuadas a la necesidad de erradicar las brechas de ingresos entre hombres y mujeres causadas por las barreras que enfrentan las mujeres en la sociedad para desarrollarse en igualdad de condiciones que los hombres”.