Expusieron en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ayer
La economista de la Universidad Adolfo Ibáñez dijo que las condiciones de adaptabilidad laboral del proyecto son restrictivas.
Por Mariana Penaforte.
Algunos reparos importantes al proyecto de ley de reforma laboral presentó ayer la economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, en su exposición frente a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se tramita la iniciativa.
Si bien valoró el proyecto, afirmando que es «una oportunidad para el país», detalló que podría perfeccionarse en algunos de los titulares centrales.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es lo que propone el Gobierno en materia de extensión de beneficios pactados en la negociación colectiva. Hasta ahora, es el empleador quien decide sobre esta materia, pudiendo extenderlos unilateralmente. El proyecto cambia este escenario, poniendo en la mano del sindicato esta opción y transformando la extensión unilateral en una práctica antisindical, visión rechazada por Repetto.
«Mi preocupación es que podamos terminar con trabajadores dentro de la empresa que tengan distintas condiciones laborales a pesar de que cumplen con las mismas funciones y que entregan los mismos servicios. Lo más sano para la empresa es que esa extensión sea automática», afirmó.
Respecto a los pactos de adaptabilidad laboral, afirmó que esta es la instancia del proyecto donde más se puede avanzar en ganancias de productividad. Sin embargo, afirmó que las exigencias actuales en la iniciativa son restrictivas. Una de ellas es que, para que sea efectivo este tipo de pacto, el 30% de los trabajadores de la empresa estén sindicalizados.
«También, puede que se reúna el requisito de tasa de sindicalización, pero que se necesite negociar pactos con trabajadores organizados en sindicatos menos representativos o en áreas de la empresa sin sindicatos o con una tasa de sindicalización baja», advirtió.
Respecto a la titularidad sindical, propuso diferenciar la negociación por sección o establecimiento, ya que la existencia de un sindicato más representativo no debiese impedir que otros trabajadores también pudiesen negociar.
También expusieron ayer en la comisión Cecilia Cifuentes y Sergio Morales, investigadores del instituto Libertad y Desarrollo (LyD). Cifuentes afirmó que los costos de la reforma serán mayores que los beneficios. Dijo que se ven beneficiados en el corto plazo dos millones de trabajadores de las empresas de mayor tamaño, que tendrán una mayor igualdad salarial «forzada» y que llevará a una disminución de la productividad en el mediano plazo.
Sin embargo, afirmó que se verán perjudicados tres millones de trabajadores, que son los desocupados, por cuenta propia y asalariados sin contrato, ya que la reforma perjudicaría su acceso al mercado formal.
«No parece para nada claro que pueda haber un beneficio en términos de equidad, por el contrario, podría haber un deterioro», dijo Cifuentes.