Uno de los principales cuestionamientos estuvo a cargo de Jorge Marshall, quien afirmó que la iniciativa no solucionaba los episodios de huelgas ilegales, común en los portuarios.

Por Pierina Bertoni.

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados continuó ayer con la discusión del proyecto de reforma laboral y en esta oportunidad participaron actores de diferentes industrias que presentaron casos particulares de impacto de esta iniciativa.

Entre los reparos en que todos los actores coincidieron estuvieron los servicios mínimos, el fin del reemplazo en huelga y la huelga ilegal. Cada uno de los sectores fundamentó por qué esta reforma no se podría aplicar en su área.

Uno de ello fue el ex ministro del Gobierno de Patricio Aylwin y también ex consejero del Banco Central por 10 años, Jorge Marshall, actualmente presidente de la Cámara Marítimo Portuaria, quien expresó que “visualizamos esta discusión como una oportunidad, porque el sector necesita cambios en cuanto a las relaciones laborales”.

Actualmente, según Marshall, el sector portuario es el que presenta el mayor índice de conflictividad en Chile y uno de los más altos de América Latina. Es también el que cuenta con el mayor porcentaje de huelgas ilegales, por lo que en ese sentido fue crítico: “el proyecto tal como está no tiene efecto en la paralización ilegal”.

Los planteamientos que entregó Marshall apuntaron a cuatro aspectos. Indicó que las huelgas ilegales que se producen continuamente en el sector portuario “afectan a todos, pues en una situación de conflicto, los bienes importados son más caros y los exportados pierden valor. Un paro de 10 días cuesta US$150 millones, mientras que un hospital mediano cuesta US$50 millones”.

En segundo lugar consideró que el rol de la Dirección del Trabajo (DT) es “excesivo”, expresando que para todos los atributos que se le da al organismo en el proyecto la capacidad técnica de éste es “bastante reducida”. La extensión de beneficios es otro tema en disputa, pues indicó que debe existir una diferenciación entre trabajadores eventuales y los permanentes: “si es para eventuales que sea para aquellos que firmaron el convenio, pero no extensivo”.

Finalmente, recordó que en el sector portuario las tasas de sindicalización superan el 80%, por lo mismo sugirió que “cuando el Gobierno vea que hay sectores en donde hay una alta sindicalización, que permitan grupos negociadores”.

Felipe Sandoval, presidente de Salmón Chile -también ex colaborador de los gobiernos de la Concertación- se refirió al fin del reemplazo en huelga. “Nuestra postura no es política, es una posición técnica, la prohibición de reemplazo amenaza la continuidad de la industria por un tema sanitario y ambiental, la industria del salmón no puede parar”, sostuvo.

Al respecto comentó el también invitado a la comisión Patricio Peñaloza, miembro de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón (Conatrasal). Planteó que los salmones pueden vivir 90 días sin alimentación directa y “que si fuera el caso los animales comerían algas y sobrevivirían ese período”. Explicó también que la tasa de huelgas en la industria es muy baja y que nunca ha existido una paralización de las faenas en plantas de cultivo, donde debido a la modernización no trabajan más de 5 personas. “El 80% del sindicalismo está en las plantas de proceso”, explicó.

Otro sector que también presentó sus críticas fue la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), representados por su presidente Ronald Bown, quien expresó que en la industria trabajan alrededor de 300 mil trabajadores temporales cada año, que cambian de empresa permanentemente, por lo que “hay problemas de capacitación y fidelización”. Señaló que “debería existir un tratamiento coetáneo entre reforma y estatuto agrícola, para tener los elementos juntos y no ganchos por aquí y por allá”. Propuso que la negociación colectiva se pueda realizar en cualquier época, pero tener un pacto con los trabajadores para que no paralicen durante la cosecha y el embarque.

En tanto, el economista Bernardo Fontaine advirtió respecto de la reforma que “el riesgo es crear categorías de trabajadores privilegiados, beneficiar a 30% de los trabajadores que se pueden sindicalizar y ellos gozan hoy de salarios hasta 3,5 veces los promedios del resto”.

Expresó también que el piso mínimo de negociación más la huelga sin reemplazo y la prohibición del descuelgue generará más conflicto y más huelgas. Dentro de sus propuestas manifestó que los beneficios de la negociación colectiva sean extensibles para labores similares. En cuanto a titularidad sindical y representatividad, planteó que “existan grupos negociadores cuando la suma de los sindicatos tenga menos de 50% de trabajadores”.

Manifestó la posibilidad de reponer el derecho a descuelgue en la huelga a los 30 días, pues “debe existir libertad del trabajador para decidir hasta dónde puede llegar y por lo tanto a salirse si no está de acuerdo o lo necesita”.

Claudio Palavecino, abogado laboralista de la Universidad de Chile, recalcó que existen aspectos que generan conflicto: “hago presente que de acuerdo a lo que dice la Constitución, la titularidad de los sindicatos y no de los grupos negociadores es un problema”. Expresó también su preocupación por una politización que pudiera tener la DT con los nuevos atributos, en una mediación.