Ayer la reforma laboral pasó su primera etapa en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Los ministros Blanco y Arenas defendieron la iniciativa y se abrieron a perfeccionamientos, pero sólo en el marco del proyecto.

Por P. Toro y P. Bertoni.

Si bien, por las características del proyecto, y por las palabras del ministro Alberto Arenas, quien pidió el apoyo a todos los diputados para la votación en general, se podría haber pensado en una votación unánime, sin embargo, la idea de legislar sólo sería respaldada por los 7 diputados de la Nueva Mayoría, mientras que los 5 parlamentarios de la Alianza y el diputado Gabriel Boric votarían en contra. Hasta el cierre de esta edición aún continuaba la votación.

Previo a la votación los tres diputados de la UDI (Patricio Melero, Felipe de Mussy y Ramón Barros) se reunieron a puertas cerradas para la elaboración de una minuta respecto a los puntos que los llevaron a votar en contra de la idea de legislar.

En este sentido, Patricio Melero, en representación de los diputados UDI argumentó los votos de su bancada señalando que hay una obligación a la sindicalización. “El proyecto establece relaciones laborales tripartitas, con una injerencia mayor de la Dirección del Trabajo”

Nicolás Monckeberg (RN) quien votó en contra, dijo “me hubiese gustado votar a favor con un proyecto que pensara en el empleo y condiciones de los trabajadores”.

Su primer dardo fue en contra de la titularidad sindical. “En la práctica más allá que creo se deban fortalecer los sindicatos, tenemos que mejorar calidad y cobertura, pero la titularidad le quita el derecho de negociar colectivamente y se la traspasa a los sindicatos sin importar la representatividad”.

Además criticó el término de los descuelgues en período de huelga; y el piso de la negociación, porque podría afectar la empresa.

Idea de legislar

Un voto particular fue el del diputado independiente Gabriel Boric, quien también votó en contra. “Esperaba que el Gobierno se abriera hacer cambios sustantivos al proyecto (…) están demasiado acostumbrados a la política binominal sólo saben discutir con la derecha y el oficialismo y no escuchan a nadie más”.

El diputado PS y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, quien votó a favor, señaló no entender a quienes se oponen a la idea de legislar, ya que dijo “Qué raro negarse que los sindicatos se entiendan con el empleados”. En este sentido, Andrade propuso algunas modificaciones en el proyecto: ampliar el capitulo de información, ya que a su juicio, tener más información beneficiaría a ambas partes; simplificar el procedimiento, “porque la propuesta está con muchos ritos formales y podemos terminar en la judicialización y no es bueno”.

También indicó que hay que respaldar el fuero y hacerse cargo de la criminalización que hoy podría afectar al movimiento sindical.También pidió avanzar en las prácticas antisindicales y sus sanciones; acotar los servicios mínimos y acercarse a los estándares OIT y revisar los períodos de vacancia, que en proyecto es de un año; evitar la huelga legal, ya que dijo, que ésta es una ruptura de la realidad; y cambios al piso sin IPC, en ese sentido sostuvo que hay que incorporarlo, generando válvulas de salida en época de crisis.

El diputado se mostró a favor de una extensión de beneficios automática, siempre que primero se fortalezcan las relaciones.

Trabajo y Hacienda

Participaron ayer en la comisión de trabajo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas y la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, quienes coincidieron en estar dispuestos a escuchar las criticas y observaciones que se han manifestado durante el periodo de discusión en la Cámara, siempre y cuando estas vayan en pos de avanzar dentro de los marcos que establece la reforma laboral.

Señaló que algunas observaciones no van en el marco del proyecto, como por ejemplo “algunas antisindicales e impropias del siglo XXI, con la rebaja en las indemnizaciones” refiriéndose así a las indemnización por años de servicio.

El ministro Arenas aclaró que frente a las críticas que expresan que la iniciativa perjudicará al empleo y no mejorará la productividad, expresó que “para nosotros el proyecto mejorará la productividad, busca el equilibrio, relaciones laborales más estables y armónicas”, añadiendo que estudios en los que se basó el proyecto señalan que en empresas con mayor índice de productividad, la tasa de sindicalización se encuentra entre el 25% y 27% y que las compañías con sindicatos son 13% más eficientes que aquellas sin sindicatos.

Señaló también que no existe “evidencia robusta” que un cambio en la legislación laboral afecte el empleo, al contrario, según estudios de la OCDE una legislación laboral ayudaría a disminuirlo.

Por su parte, la ministra Javiera Blanco, detalló y aclaró punto por punto las iniciativas que fueron más polémicas durante el debate en la comisión, como la titularidad sindical, en donde expresó que la iniciativa no tiene vicios constitucionales, pues esta expresa que “la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva para llegar a un acuerdo pacífico y eso precisamente está haciendo este proyecto”, expresando que el Tribunal Constitucional establece que los grupos intermedios deben ser permanentes y no temporales, dando así crédito a los sindicatos.

En cuanto a la extensión de beneficios, la práctica de hacerlos extensivos de manera unilateral debilita al sindicato, por eso con el proyecto los empleadores no podrán extenderlos sin la autorización del sindicato o será considerada una práctica antisindical. Sobre el rol de la Dirección del Trabajo, expresó que la iniciativa busca la buena fe y mejorar la calidad de la negociación colectiva.

Sobre los servicios mínimos, sentenció que la regulación privilegia que las partes lleguen a un acuerdo en la materia antes de la negociación y que estos son los que establece el proyecto de manera puntual: “cuando decimos mínimos, es mínimos y esta constitución no puede ser usada para afectar la huelga”.

Aclaro que frente a las acusaciones sobre que las pyme abarcaban el 80% del empleo nacional, son las medianas y grandes empresas las que representan el 66% del empleo asalariado, y en termino de números representan el 4%, las microempresas generan el 15% del empleo.

Finalmente en cuando a las prácticas antisindicales por parte del sindicato, expresó que “nada es más alejado de nuestra inspiración que menoscabar la acción sindical y por eso como ejecutivo y conforme a la comisión, estamos disponibles a concordar aclaraciones que san necesarias en este punto”.