Con esto, el Gobierno pretendería despachar la reforma antes del 1 de mayo de la Cámara de Diputados, pese a la solicitud del empresariado de generar mayor diálogo. Además, se abrió un nuevo debate sobre un posible reemplazo en huelga encubierto.

Por P. Toro y P. Bertoni.

“Estoy segura que los espacios de reflexión contribuyen a mejorar el clima en que se instala este debate. Podemos disentir de los argumentos, pero nadie puede desconocer que Chile necesita con urgencia encarar un debate franco y abierto sobre las relaciones laborales”.

Así comenzó la ministra Javiera Blanco su exposición en el seminario “Visiones y reflexiones sobre la reforma laboral”, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en respuesta al bloque creado por los empresarios y emprendedores para rechazar la reforma laboral, quienes además convocaron a una jornada de reflexión para el 15 de abril.

Pero mientras la ministra señalaba la necesidad de debate y diálogo, el Gobierno le colocaba urgencia simple al proyecto que moderniza las relaciones laborales.

El proyecto tendrá como plazo de tramitación de 30 días en cada cámara del Congreso. Esto, permitiría al Ejecutivo cumplir con la primera etapa autoimpuesta -por presión de los partidos de la Nueva Mayoría-, que es despachar el proyecto desde la Cámara de Diputados, antes del 1 de mayo, marcando así un hito en la próxima conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

De hecho, hay quienes señalan que existe temor por parte del oficialismo de un movimiento “un poco más violento” durante el acto del 1 de mayo, tras el descontento manifestado por un gran número de sindicatos.

Sin embargo, desde el Gobierno indican que detrás de la urgencia simple también hay otras razones que tienen relación con apurar la discusión, dado que la posición de todos los actores ya estarían claras.

Ahora bien, el Ejecutivo podría retirar esta urgencia en cualquier momento. Conocedores del proceso, señalan que posiblemente se retire una vez que el proyecto ingrese al Senado.

A esta urgencia simple, se suma la solicitud que hizo el Gobierno a los parlamentarios oficialistas para extender el período de indicaciones del 6 al 13 de abril, lo que fue aprobado ayer por la comisión de Trabajo.

Visiones encontradas

El ingreso de esta urgencia simple, no genera preocupación en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su secretario general, Arturo Martínez, señaló que “en una primera etapa es positivo que se acelere el debate para poder avanzar con esta reforma que lleva tanto tiempo en debate, porque hubo un período prelegislativo bastante largo y creo que es el momento de acelerar, para ver hasta donde el Gobierno está dispuesto a colocar indicaciones”. Además el dirigente señala que hoy el Ejecutivo necesita despejar el debate en el Congreso, para darle prioridad a las medidas que buscarán regular la relación política y negocios.

Pero esta visión no es compartida por el mundo empresarial. El presidente de la CNC y vocero del bloque empresarios – emprendedores, Ricardo Mewes dijo que esta acción del Gobierno “fue una sorpresa”. Esto, porque según Mewes “estamos aspirando a un mejor debate de perfeccionar este proyecto (…). Es una mala señal, porque cuando uno está pidiendo mayor conversación y diálogo, el hecho de darle urgencia u tratar de sacar las cosas rápido, al final terminan siendo malas leyes, malas políticas públicas. Nos preocupa que se le haya colocado urgencia”.

Declaraciones que también se dan en el marco de la solicitud de más diálogo por parte de los empresarios y emprendedores.

De hecho, el presidente de Asech y representante de la multigremial nacional de emprendedores, Juan Pablo Swett, dijo: “nos sorprende la urgencia simple colocada por el Gobierno justo después que los empresarios, pymes y emprendedores pidiéramos más diálogo. Nos parece que es falta de voluntad de diálogo del Gobierno”.

Otras fuentes empresariales, señalaron que esto muestra la “posición intransigente y cerrada del Gobierno”. Incluso indicaron que no ven ningún cambio en la actitud del Ministerio del Trabajo por una mayor apertura al diálogo. Esta opción ejecutada por el Gobierno también causó el rechazo de parlamentarios de oposición. El diputado de la UDI que integra la comisión de Trabajo, Felipe de Mussy, dijo que fue una mala decisión.

“Siempre cuando se apurar las cosas no salen tan bien. Claramente es para tenerlo el 21 de mayo (cuenta pública). Pasó lo mismo con la Reforma Tributaria que después se tuvo que arreglar”, sostuvo De Mussy.

El diputado PPD, Cristian Campos , aseguró que la urgencia simple es apropiada, ya que “ha existido el momento para escuchar a todos. Aunque pasen meses el empresariado y la oposición no cambiarán su postura frente al proyecto. No es el momento de dilatar la discusión”.

Nueva arista en debate

Ayer durante el seminario organizado por la CNC, los asistentes manifestaron sus dudas respecto al fin del reemplazo en huelga, ya que el proyecto del Gobierno habla de la prohibición de sustitución del puesto de trabajo, tanto con trabajadores externos como internos.

La duda de los asistentes fue saber cuál es la diferencia entre puesto de trabajo y función. El encargado de responder fue el asesor del Ministerio de Hacienda, y uno de los ingenieros de la reforma laboral, Roberto Godoy.

“El puesto de trabajo es un concepto complejo que considera algunos elementos básicos para su configuración que son fundamentalmente el cargo, el lugar en que se desarrolla y el turno. Al final del día lo que se pretende que la huelga sea efectiva, porque si al final del día puede reemplazar a los trabajadores que están ejerciendo el derecho a huelga, convengamos que la eficacia de ese instrumento pierde fuerza”, dijo Godoy.

En cuanto a la diferencia entre puesto de trabajo y función, Godoy explicó que el trabajador que sigue operando en la empresa, porque no pertenece al sindicato en huelga puede mantener el ejercicio de su puesto de trabajo, y además “eventualmente desarrollar funciones de otros puestos de trabajo. No se está estableciendo la prohibición del reemplazo de una función”, sentenció.

Para ejemplificar, Godoy sostuvo que “la función del operador de la caldera no se está prohibiendo, así como la de cajera, guardia, de vigilante, etc. Lo que se prohibe es que un trabajador interno o externo tome la misma posición y desarrolle el mismo puesto de trabajo, del empleado que está en huelga”.

Este ejemplo no dejó tranquilo a los asistentes, ya que muchos opinaron que finalmente podríamos estar frente a un “reemplazo oculto”, dado que si bien no se contratará ningún trabajador como reemplazo, si se podrá sustituir la función del trabajador en huelga con otros, que sin participar de la negociación, cumplan esa misma función. En definitiva, se estaría sobrecargando de trabajo al empleado que no está sindicalizado y no va a huelga.

Desde el Gobierno reconocen que esta definición se puede prestar para diversas interpretaciones, por lo que se buscará aclarar a través de las indicaciones.

Los descargos de Arab

Entre los participantes al seminario se encontraba el ex subsecretario del Trabajo y actual socio del Estudio Morales & Besa, Fernando Arab, quien criticó fuertemente el proyecto del Ejecutivo.

Entre sus principales declaraciones se encuentran frases como: “más que a modernizar las relaciones laboral es viene a reinstaurar una lógica anticuada, pensada más en el conflicto que en el diálogo”. Además dijo que la reforma va en la dirección incorrecta respecto al fin del reemplazo, ya que países como EEUU, Reino Unido, Japón, Rusia, Canadá, entre otros, sí contemplan mecanismos de reemplazo en caso de huelga.

Criticó además otros puntos entre ellos la titularidad sindical en cuanto extensión de beneficios y representatividad.