Ayer el Gobierno ingresó indicaciones al proyecto laboral:

Si bien el Ejecutivo no incluyó el concepto de «servicios esenciales» como pedía la CUT a la Nueva Mayoría, sí acotó la definición de qué actividades se deben mantener en una empresa en caso de huelga.

Por MARIANA PENAFORTE.

El Gobierno ingresó ayer a mediodía sus indicaciones al proyecto de ley de reforma laboral que se tramita en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Tras ello, hoy se dará inicio a la votación en particular del texto en dicha instancia.

Según fuentes del Ejecutivo, los cambios buscaron primar el equilibrio entre las partes involucradas (trabajadores y empresas) y mantener la consistencia del proyecto con la recuperación de la economía.

Así, se excluyó la negociación por ramas de actividad y la indexación de los salarios al IPC en el caso de los contratos colectivos y se mantuvieron los pactos de adaptabilidad, que la CUT pedía eliminar.

Los cambios propuestos por el Gobierno enfrentaron reparos en todos los sectores, incluyendo a la oposición y la Nueva Mayoría (ver recuadro). De este modo, tanto representantes de los trabajadores, como de los empresarios esperan que el proyecto tenga cambios más relevantes durante su discusión en el Senado.

Esta vez, los perfeccionamientos se concentran en la definición de qué son servicios mínimos, fueros y facultades de la Dirección del Trabajo (DT), entre otros temas.

1. Servicios mínimos

En las indicaciones se restringe la definición de qué son los servicios mínimos que se deben mantener en una empresa en caso de huelga, aunque se excluye la posibilidad de que sean «servicios esenciales», como pidieron los parlamentarios de la Nueva Mayoría de acuerdo a la definición de la OIT. En cambio, se determina que ese tipo de servicios sólo atenderán las operaciones «estrictamente necesarias» y que sean para evitar un «daño grave» o irreparable a las instalaciones o infraestructura de la empresa. Adicionalmente, se propuso que la definición de dichos servicios debe ser pactada entre las partes antes del inicio de la negociación colectiva.

También se establece que la calificación de los servicios mínimos podrá tomar en consideración los requerimientos vinculados al tamaño de la empresa.

2. Federaciones y confederaciones

El proyecto que ingresó el gobierno eliminaba la posibilidad de que las confederaciones y federaciones pudieran negociar colectivamente. En las indicaciones eso se repone, pero con carácter voluntario y sólo si es que cuentan con el acuerdo de las empresas involucradas.

3. Negociación colectiva

Se establece una serie de normas que buscan hacer el proceso de negociación colectiva más rápido, facilitando la norma sobre la entrega de la respuesta del empleador frente a una propuesta sindical. Si no hay respuesta, el proyecto presentado por el sindicato se entiende como aceptado. También se remplaza la comisión negociadora «laboral» por «sindical», como pedía la CUT.

4. Fuero sindical

Se mantiene la norma actual sobre el fuero de constitución, lo que implica eliminar la propuesta contenida en el proyecto que establecía un aviso o reserva previa. Se excluyen algunas causales adicionales que había propuesto el proyecto de ley para el término del fuero sindical, como la renuncia al cargo o al sindicato.

5. Facultades de la DT

Se moderan las opciones que tenía la DT de intervenir en el proceso de negociación colectiva. El rol más preponderante de la Dirección había sido criticado tanto por empresarios como trabajadores. Se excluye la mediación forzada y se elimina la audiencia de asistencia técnica ante la DT para concordar entrega de información para la negociación colectiva.

También se elimina la facultad de la DT de proponer cláusulas en los procedimientos de mediación obligatoria, volviendo al esquema actual de buenos oficios.

«La posibilidad de que las confederaciones y federaciones negocien depende de la voluntad de la empresa y eso no va a ocurrir nunca. Esa indicación es un saludo a la bandera».

JOSÉ LUIS UGARTE
ACADÉMICO DE LA UDP

«Preocupa que se incluya la posibilidad de que las confederaciones y federaciones puedan presentar proyectos de contrato colectivo. Lo que están haciendo es amplificar la negociación fuera de la empresa. Se puede estar fortaleciendo la idea de la negociación supraempresa».

HÉCTOR HUMERES
ABOGADO LABORALISTA

REACCIONES GREMIALES B 18

Fontaine: «Una huelga poderosa, pero sin parar una empresa, sería suficiente para un sindicato»
El año pasado dio la batalla contra la reforma tributaria, y hoy la está dando contra los cambios que impulsa el gobierno a la legislación laboral.

«Está bien pretender fortalecer la huelga para que los sindicatos tengan un mayor poder de negociación. Pero esto no puede ser a costa de paralizar completamente una empresa», afirma el economista Bernardo Fontaine, impulsor de la plataforma www.reformalareforma.cl.

Por ahora, conocidas recién ayer las indicaciones que introdujo el gobierno al proyecto de reforma laboral, sus dardos apuntan al cambio que restringe los servicios mínimos y equipos de emergencia que pueden funcionar en una empresa en caso de huelga.

¿Por qué? A su juicio, una paralización no solo afecta al empleador y trabajadores de una empresa, sino que también a los ciudadanos, que no forman parte de la mesa de negociación.

Lo grafica de la siguiente manera: «Pensemos en el Metro. El Metro ha tenido huelgas, pero como la empresa ha podido reemplazar a los trabajadores en huelga por otros trabajadores, ha seguido funcionando normalmente». Como, a su juicio, la indicación del Ejecutivo prácticamente cierra la puerta a que la empresa siga funcionando, al no haber reemplazo en caso de huelga, «el Metro va a paralizar, dejando sentados en las estaciones a cerca de 2,5 millones de chilenos que lo usan al día».

«Las indicaciones que el gobierno ha presentado respecto a los servicios mínimos y equipos de emergencia son tan restrictivas, que no solucionan, por ejemplo, el problema concreto que se puede presentar en una empresa como Metro», enfatiza.

Fontaine explica que las indicaciones de la autoridad se limitan a que estos servicios mínimos y equipos de emergencia eviten daños a las instalaciones de una firma durante una huelga, «pero no que permitan realmente el funcionamiento de la empresa».

Advierte, además, que como el Metro hay otros casos, entre los que menciona los aeropuertos, las plazas de peaje, el sistema de pago de los bancos, o el servicio de almuerzo en un establecimiento de educación pública provisto por un contratista de la Junji. «En todos estos casos -sostiene-, los usuarios van a sufrir los perjuicios de una paralización como nunca ha ocurrido en el Chile moderno».

En su opinión, las indicaciones que el gobierno debió presentar en esta materia debían ir en la dirección de establecer una huelga, pero sin la paralización total de la empresa. «Una huelga poderosa, pero sin parar una empresa, sería una herramienta de negociación suficiente para el sindicato», subraya.

«Yo me pregunto: ¿qué van a decir a sus votantes los diputados que aprueben la huelga sin reemplazo cuando, por ejemplo, se paralice el Metro?», sentencia Fontaine, para quien también «la paralización de una empresa en caso de huelga va a ser muy perjudicial para las pymes, que no tienen espaldas financieras suficientes para resistir una paralización».

«¿Qué van a decir a sus votantes los diputados que aprueben la huelga sin reemplazo cuando, por ejemplo, se paralice el Metro?».

CUT: No hay cambios de fondo
Con decepción recibió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) los cambios que ingresó el Gobierno al proyecto de reforma laboral.

Arturo Martínez, secretario general del gremio, afirmó que el Ejecutivo no avanzó en ningún tema importante dentro de los que han planteado los dirigentes sindicales y que estos cambios «no modifican en nada el contenido del proyecto».

«No es un proyecto que la CUT valore. Las indicaciones no presentan grandes mejorías y no tocan los temas de fondo. El gobierno no ha escuchado y la pelea sigue (ahora) en la Cámara de Diputados», dijo.

La petición de la CUT era que se eliminaran los servicios mínimos y los pactos de adaptabilidad laboral, lo que no fue recogido por el Ejecutivo.

El gremio tendrá mañana una reunión interna para evaluar las indicaciones, y el viernes sostendrán un Consejo Nacional Ampliado para definir su postura en las movilizaciones previstas para el próximo 1 de mayo.

Reparos de oficialismo y oposición
Las indicaciones generaron algunos reparos de la Nueva Mayoría, y abierto rechazo en los parlamentarios de oposición.

Si bien valoró el trabajo en conjunto con el Ejecutivo, la senadora Carolina Goic (DC) dijo que quedan temas por avanzar. «Hay un tema pendiente sobre el nivel de la negociación, y el Ejecutivo ha señalado que no es parte de lo que estaba contemplado en el programa inicial de gobierno, pero es propio de la discusión parlamentaria debatirlo», sostuvo.

Para el diputado Tucapel Jiménez (PPD), se avanzó mucho en las reuniones con el Ejecutivo, pero la discusión no termina aquí. Dentro de las 27 indicaciones que presentó ayer, incluyó una que elimina el concepto de servicios mínimos y lo reemplaza por servicios esenciales. Su visión concuerda con la de la senadora Adriana Muñoz (PPD): «Hay que apegarse al estándar internacional, de la OIT. No hay sentido que en Chile hagamos una excepción».

En la oposición, en tanto, el diputado Patricio Melero (UDI) calificó como «frustrante que después de prácticamente 60 audiencias de empleadores y trabajadores, el Gobierno no haya recogido ninguna de las sensibilidades que mayor acuerdo generan sobre la reforma laboral». Agregó que las modificaciones son «poco sustanciosas, algunas un retroceso y otras una aproximación muy tímida al mejoramiento de la situación de las pymes».

«El proyecto sigue siendo muy malo y no se corrige ninguno de los aspectos fundamentales», coincidió Nicolás Monckeberg (RN).