Pidieron ser «escuchados» durante el trámite parlamentario, que se inició ayer:

«Sería positivo que las pymes se puedan adecuar con tiempo a los cambios. Un plazo de alrededor de un año nos parece prudente», dijo el timonel de la CPC, Alberto Salas.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y representantes de otros sectores productivos criticaron las indicaciones introducidas por el Gobierno al proyecto de ley de reforma laboral.

Los dirigentes gremiales cuestionaron que el Ejecutivo haya propuesto al Congreso adelantar de un año a seis meses, después de promulgada, la entrada en vigencia de la iniciativa; advirtieron un especial impacto en las pymes y pidieron ser «escuchados» durante el trámite parlamentario del proyecto.

También objetaron la restricción de los servicios mínimos que pueden funcionar en una empresa en caso de huelga y las trabas para extender los beneficios de un contrato colectivo a trabajadores no sindicalizados.

«Sería positivo que las pymes se puedan adecuar con tiempo a los cambios, y por eso un plazo de alrededor de un año nos parece prudente», dijo el presidente de la CPC, Alberto Salas.

Subrayó que, entre las indicaciones que se introdujeron, «nos preocupa principalmente que se elimine la condición pacífica de la huelga; que se elimine la potencial sanción de pérdida de fuero a aquellos dirigentes sindicales que hayan ejercido la práctica desleal del uso de la fuerza moral o física; que no se ponga fin al sindicato del día después; y que, en el caso de los servicios mínimos, se baje el estándar en la definición de estos».

La CPC, remarcó Alberto Salas, «espera que sus legítimas opiniones sean escuchadas y consideradas en la discusión legislativa en curso».

Construcción y Comercio

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ve con especial preocupación que no se haya considerado una indicación que corrija una medida que el gremio considera particularmente grave, como es la ampliación de la negociación colectiva a trabajadores contratados por obra o faena.

Jorge Mas, presidente del gremio, advirtió que «forzar que estos trabajadores negocien colectivamente desconoce la realidad de nuestra industria y perjudicará fuertemente a las pymes, olvidando que emplean al 81% de los trabajadores del sector».

Para la Cámara Nacional de Comercio (CNC), «aspectos como la inclusión del tamaño de empresa, para eventualmente calificar los servicios mínimos, no recoge la preocupación respecto del impacto que esta medida genera en las empresas, especialmente en las pymes. ¿Qué pasará con el destino de las empresas si son incapaces de responder a sus clientes o acreedores?». Sobre la extensión universal de beneficios, la CNC lamentó que «no fue siquiera insinuada en las indicaciones. ¿Por qué se valida la imposición de un veto sindical sobre los beneficios que pertenecen a todos los trabajadores de una empresa?».

El secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián García-Huidobro, calificó como «un guiño a la CUT» la indicación sobre la negociación colectiva por federaciones, «un modelo que daña a las empresas de menor tamaño y/o a los trabajadores de las empresas de mayor tamaño».

Sobre la reducción en el plazo de aplicación de la reforma, comentó que «el año para la puesta en marcha estaba bien pensado como un modo de atenuar los perjuicios que causará la aplicación de la nueva normativa».

Bofill (Carozzi) advierte sobre más conflictos
El presidente de Empresas Carozzi, Gonzalo Bofill Velarde, criticó la reforma laboral, proyecto que, sumado a otras iniciativas, podría, a su juicio, seguir afectando a la economía chilena.

«En la forma como está propuesta (la reforma laboral), amenaza con generar conflictos sindicales importantes en el futuro», dijo Bofill en carta a los accionistas de la compañía.

«Los cambios regulatorios propuestos por el nuevo gobierno a un Parlamento, que a su vez también se iniciaba con una nueva composición de fuerzas políticas, tuvo como resultado la aprobación de reformas, tales como la tributaria y la educacional, que generaron fuertes incertidumbres, no solamente en lo que implicarían en su aplicación práctica, sino que también en las certezas jurídicas con que había operado el país hasta entonces», afirmó el ejecutivo.

Diego Hernández (grupo Luksic): «Cada vez es menos necesario que el Estado se entrometa»
«Cada vez es menos necesario que el Estado se entrometa en estas relaciones (entre trabajadores y empresas). Ellos deben plantear lo macro, como cuántas horas se deben trabajar al mes; pero una vez que esas guías están dadas, se debe dejar a las empresas y sindicatos ponerse de acuerdo», dijo ayer, en referencia a la reforma laboral, Diego Hernández, CEO de Antofagasta Plc -del grupo Luksic-, en la semana Cesco.

Aseguró que la minería tiene un nivel de sindicalización alto y funciona. Prueba de ello es el alza en las remuneraciones de los últimos años. «Que en Chile no sea balanceada la cosa entre empresas y sindicatos es un mito», puntualizó. Agregó que la reforma no aborda los temas importantes que afectan a la industria. «Se están volviendo a aplicar medidas que hoy ya no son efectivas (…) Los temas importantes para los trabajadores son, por ejemplo, cómo abordar la flexibilidad y cómo eso se puede negociar directamente», dijo. A su vez, descartó que esta reforma mejore la baja productividad que exhiben los empleados.

La ministra de Minería, Aurora Williams, reconoció que su cartera participó de las conversaciones previas a la reforma, y señaló que si bien este es un sector muy sindicalizado, la normativa se genera para todo el país. «Es importante que se mire a toda la economía y no a un sector en particular», advirtió.