En 2014, profesionales recibieron hasta $ 1.000 millones por congelar alzas de planes de salud, según consultora Altura Management.

Por Oriana Fernández.

Más de mil millones de pesos por año, puede llegar a ganar un abogado dedicado a representar a afiliados de isapres que quieran congelar el precio de su plan de salud. Así lo plantea un estudio de la Consultora Altura Management, especializada en análisis sobre el funcionamiento de la industria.

Los bufetes jurídicos comenzaron en 2005 a interponer recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de los afiliados, para detener el reajuste de tarifas anunciadas por las aseguradoras. Luego, en 2009, la justicia fijó un criterio uniforme en orden a acoger los requerimientos de los usuarios, lo que lleva a que la industria deba asumir el pago de las costas u honorarios del proceso y de la defensa de los usuarios.

El estudio establece que en 2014 los cotizantes interpusieron un total de 99.097 recursos en todas las cortes de Apelaciones del país. De ellos, poco más de 84 mil corresponden al tribunal de Santiago. Así, tras ser acogidos por las distintas cortes, se cifraron en $ 14.836 millones las ganancias que obtuvieron los estudios jurídicos a lo largo del país.

Victoria Beaumont, gerente general de Altura Management, dice que “el margen de ahorro final para los beneficiarios es bajo, si se compara con el de quienes los representan”. Eso, pues la cifra llega a $ 5.457 millones, es decir, casi un tercio de las utilidades percibidas por los abogados.

Beaumont agrega que uno de los antecedentes que preocupa son “los costos que tienen estos procesos para el sistema isapres ascienden a $ 25.156 millones. Estos recursos podrían ser invertidos en beneficios para los cotizantes”. Ese cálculo involucra lo que se le paga en honorarios a los profesionales, los fondos que se dejan de percibir por la congelación de los precios de sus beneficiarios y el costo de mantener a los propios abogados en las causas.

El análisis también plantea que las costas dictaminadas han ido aumentando y varían de acuerdo a la región. Así, mientras en Antofagasta este criterio alcanza $ 562 mil, en Iquique baja a $ 50.000. “Esto es un negocio para los abogados. Se desvió a un lucro”, dice.

Según la consultora, hoy existen unos 50 estudios jurídicos destinados a esta área. De ellos, 20 acumulan las mayores ganancias, encabezados por cinco bufetes que obtuvieron, por concepto de costas, sumas mayores a $ 500 millones por año.

Este grupo es liderado por Aburto y Herrera, con $ 1.001 millones; la empresa Gana Salud, con utilidades de $ 946 millones; Carlos Tagle, quien obtuvo $ 629 millones; Jorge Zúñiga, con $ 598 millones y Luis Chinchón, con $ 469 millones.

VISIONES

Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, expresó que debido a este escenario, el sector “quiere trabajar por un cambio hacia un sistema de aseguramiento privado que se enmarque dentro de normas que transparenten y objetiven este problema. Eso dará viabilidad a instituciones que deben enfrentar una medicina cada vez más compleja y a pacientes más exigentes”.

Añadió que las cifras “muestran una industria consolidada y creciente de abogados que se mantendrá mientras no se concrete este cambio estructural”.

En contraste, Carlos Tagle, abogado especializado en la defensa de usuarios, refuta los datos del reporte. Afirma que “hay aseguradoras privadas que definitivamente no pagan las costas. Demoran hasta dos o tres años, por lo que hemos pedido a las cortes que se haga efectivo el cumplimiento de los fallos”.

Agrega que se debe hacer hincapié en que “las personas tienen derecho a acudir a la justicia ante el abuso al que se ven expuestos por su aseguradora. Por eso, dijo que hay afiliados que, desde 2005, presentan recursos “convencidos que el alza es ilegal”.

El superintendente de Salud Sebastián Pavlovic, explicó que “la judicialización es un síntoma del problema” y afirmó que se sigue la tendencia que se aprecia en Estados Unidos con los eventos ad versos que llegan a la justicia.