Estudio de CLAPES-UC sobre el impacto de la reforma laboral

Eliminar el reemplazo en la huelga significó aumentar en un 12% las huelgas en Canadá y tuvo un negativo efecto en el empleo, advierte el economista.

Por L. CASTAÑEDA y M. PENAFORTE.

Un sombrío panorama sobre el impacto que podría tener el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno vislumbra el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín.

Basado en la evidencia de Canadá, el hoy director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES-UC) estima que la «sindicalización forzosa» -como la define- implícita en la titularidad sindical, la no extensión de los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados y el fin del reemplazo en huelga costará al país del orden de 150 mil empleos en dos o tres años.

La institución elaboró un estudio en el que, junto a Larraín, participaron Rodrigo Cerda, director alterno de la institución, y los profesores del Instituto de Economía de la UC Juan Bravo y Macarena Kutscher.

El estudio utiliza el mark-up salarial de los trabajadores sindicalizados, esto es, la ganancia salarial por pertenecer al sindicato versus no pertenecer. Lo que está probado, dice Larraín, es que cuando se fuerza la sindicalización los trabajadores adscritos al sindicato van a tener mayores aumentos salariales no relacionados con la productividad.

El informe cita un libro de Aidt y Tzannatos (2005) publicado por el Banco Mundial y el planteamiento de otros autores, según los cuales el mark-up salarial de trabajadores sindicalizados versus los no sindicalizados tiene impactos: «Provoca una disminución relativa del empleo en el sector sindicalizado debido a que las empresas buscan formas de evitar mayor contratación de trabajadores sindicalizados para reducir sus costos».

La mayor sindicalización le costaría al país del orden de 55 mil empleos y la eliminación del reemplazo en huelga, 95 mil empleos, según Larraín. En el caso de Canadá, la incidencia de huelgas aumentó un 12% y la duración promedio de la paralización de actividades aumentó en 32 días, agrega.

El economista hace ver que «aunque las reformas laborales son para el largo plazo, la economía chilena apenas está creando empleo: 0,6% en diciembre-febrero 2015, la tasa más baja desde la recesión de 2009».

La propuesta de CLAPES-UC es que los empresarios tengan la posibilidad de reemplazar el 50% de los trabajadores en huelga y que corra el reemplazo para los servicios básicos, incluyendo actividades que tienen características especiales, como la producción de bienes perecibles o las cosechas.

Larraín sostiene que las indicaciones al proyecto de reforma laboral restringen la definición de servicios mínimos al interior de la empresa, pero no tienen en consideración qué pasa si la empresa le presta un servicio que es esencial para un tercero.

Con todo, Larraín afirma que le parece sano que los trabajadores se organicen y se sindicalicen. «Lo que no me parece es que esto tenga que establecerse virtualmente por ley y se coarte la libertad de los trabajadores para escoger si quieren o no permanecer en un sindicato. «Nuestra propuesta es que se suba de 75% a 100% el pago de la cuota sindical para los trabajadores no sindicalizados que se beneficien con la negociación colectiva», precisa. En la mayor parte de los países de la OCDE se permite la extensión de los beneficios y en algunos es obligatoria, afirma.

También le preocupa que se acorte de un año a seis meses la entrada en vigencia de la ley una vez promulgada. «Es muy poco tiempo para prepararse, especialmente para las pymes», sentencia.

Trabajo califica video como un «retroceso»
El video hecho por un grupo de dirigentes gremiales del sector privado y que pide un gran acuerdo nacional frente a la reforma laboral no gustó al interior del Ministerio del Trabajo. La iniciativa fue lanzada el miércoles durante una jornada de reflexión de más de 20 gremios en oposición al proyecto del Ejecutivo.

El subsecretario de la cartera, Francisco Díaz, calificó ayer el video como un «retroceso en el debate». Señaló que tanto él como la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se han reunido con todas las personas que aparecen en la grabación y que «no hay que confundir la falta de diálogo con que no estén de acuerdo con tus puntos de vista».

«Hay muchos temas que corregir, hemos presentado indicaciones, pero abandonemos la trinchera», señaló Díaz en radio Duna.

Por su parte, el presidente de la Asech y uno de los ideólogos del video, Juan Pablo Swett, dijo que no esperaba este tipo de reacción del Ejecutivo y que «descalificar» no es el camino. «Es una actitud desesperada del Gobierno hablar de retroceso cuando el video lo que hace es llamar al diálogo, a un gran acuerdo nacional», sostuvo.

Swett afirmó que el mensaje está direccionado no solo al Ejecutivo, sino que también al Parlamento.

Alberto Salas afirma que movimiento en contra de la reforma laboral es válido
Los ministros del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de la Segpres, Ximena Rincón, llegaron ayer hasta la casona de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), donde estuvieron reunidos por cerca de dos horas con los dirigentes de las seis ramas de la CPC y su presidente, Alberto Salas. Uno de los temas centrales del encuentro-y el motivo por el cual las autoridades solicitaron la reunión- fue debatir sobre transparencia, probidad y formas de financiamiento de la política.

Durante el encuentro, la CPC planteó a los ministros que una solución o acuerdo nacional en esta materia tiene que ser liderado por el Ejecutivo, especialmente por la figura de la Presidenta, y que tiene que ser un proceso transparente y de cara a la ciudadanía, para que no quede la sensación de algo que se hizo entre cuatro paredes, señalan fuentes que asistieron a la cita.

En un punto de prensa, Salas agregó que tanto el Gobierno como el empresariado buscan «poder trabajar en conjunto, cada uno aportando desde su responsabilidad, respecto a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, los políticos y los empresarios». En la CPC valoraron el gesto de las autoridades de acercarse al empresariado con este encuentro, en momentos en que se ha vivido un quiebre de confianzas entre los sectores público y privado.

Otro de los temas abordados fue la reforma laboral, donde Salas defendió el movimiento gremial que surgió en contra de la iniciativa. «Hubo una jornada de reflexión, que encontramos muy válida, donde cada uno de estos sectores aportó su visión (…) los diálogos, en la medida que sean constructivos, nosotros los calificamos positivamente», dijo Salas. Explicó que él no participó porque no representa ninguna rama en específico, sino que a todas.

Por su parte, Rincón agregó que en el Parlamento «siempre puede haber modificaciones a los proyectos de ley». Peñailillo, en tanto, aseguró que «esas diferencias se tienen que tratar, se tienen que conversar a través de las instancias que están establecidas en nuestra institucionalidad (…) ese diálogo se tiene que mantener»