Entre enero y abril la judicialización del alza del precio de los planes de las aseguradoras de salud aumentó 74,2%, pasando de 21.688 casos en 2014 a 37.776 procesos este año. La industria advierte que esta situación no será sostenible por mucho tiempo.
Por P. Poblete y K. Caniupán.
La industria de isapres evidencia el golpe que ha intentado advertir desde el fallo del Tribunal Constitucional, hace cinco años: la necesidad de tener un mecanismo legitimado para determinar el alza de los planes de salud.
Durante el primer trimestre la utilidad de la industria descendió un 40,5% interanual, pasando de $30.733 millones a $18.280 millones. Sólo Colmena mantuvo el nivel de sus utilidades, con un avance marginal de 0,78% (aunque baja la utilidad por afiliado). La ganancia de Consalud, Cruz Blanca, Masvida, Vida Tres y Banmédica, en tanto, bajaron 79% y 33,6%.
Recursos de protección
No sólo afectan los resultados el incremento de licencias médicas, el costo de la salud o la mayor frecuencia de prestaciones. En el primer cuatrimestre (entre enero y abril) los tribunales ya recibieron 37.776 recursos de protección (RRPP) contra la adecuación de los planes de las isapres en la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que implica un alza de 74,17% respecto el ejercicio anterior.
Altura Management, empresa consultora del área de salud, concluyó en su cuarto estudio sobre judicialización en el sector que los costos totales estimados para 2014 a nivel costas, ahorro de los cotizantes y defensa de las isapres asciende a $25.156 millones.
El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, enfatiza que “esto es una muestra clara de que tiene que haber algún cambio legal que transparente el proceso de adecuación de tarifas (…) La gran mayoría de los recursos de protección ha sido fallado a favor de los usuarios; como hay costas involucradas se ha generado una verdadera industria del litigio, que significó el año pasado $15 mil millones, y para este año se espera transferir más de $20 mil millones sólo a estos abogados”.
Por esto el timonel gremial destaca que “esta industria (los abogados) ya acumula el 50% de las utilidades del sistema de isapres; y lo que está haciendo es llevar a las isapres a una tensión tremenda y es evidentemente el gobierno quien tiene la responsabilidad de resolver esto”.
Pese a haber entregado una propuesta de autorregulación al superintendente de Salud, aún no reciben respuesta por parte de la autoridad.
En tanto, la directora de Altura Management, Victoria Beaumont, advierte que el sistema se debilita “pues se destinan recursos que por definición deberían ir a financiar prestaciones y servicios de salud. Llevamos ya 10 años de judicialización, pasando de casos aislados al fenómeno masivo de 99 mil recursos en 2014 y calculamos unos 150 mil a nivel nacional para este año”. Agrega que hoy “se permite que se instale una cultura de aprovechar el recurso legal para obtener un beneficio individual. Se instala la cultura del descuido del seguro y se fomenta que los actos individuales no tengan costo alguno”.
Beaumont alerta sobre el efecto sobre el sistema: “Los cotizantes que recurren reciben un beneficio en desmedro de los otros afiliados, generando inequidad; lo que va en contra del espíritu de la Ley de Isapres. Antes de la Ley, aprobada en 2005, algunos afiliados reclamaban y las isapres concedían, pero la Ley prohibió expresamente a las isapres hacer cualquier diferencia entre cotizantes, por lo tanto la única forma de frenar el alza fue a través de la vía judicial, abriéndose la puerta ancha a la judicialización”.
Caviedes indica que el gobierno tiene una oportunidad única para avanzar en base a los consensos generados por la Comisión, lo que permitiría resolver este tema. Si bien admite que hoy no están en un momento crítico, hace hincapié en que “se requiere con urgencia tratar este problema por cuanto los procesos legislativos son lentos (…) Evidentemente un sistema que lleva más de 150 mil RRPP a los tribunales requiere una modificación legal y eso es de responsabilidad del gobierno y el Parlamento”.