El 29 de diciembre ingresó este proyecto al Congreso, y la meta del Gobierno es que sea ley antes del 31 de agosto:

Por el cariz que ha tomado hasta ahora la discusión, existe consenso en que el texto que llegue a la Cámara Alta no experimentará «grandes alteraciones», a diferencia de lo ocurrido en materia tributaria, donde aspectos centrales se modificaron.

Por Silvana Celedón y Pablo Obregón.

Casi cinco meses lleva en tramitación legislativa el proyecto de reforma laboral, y la iniciativa ha experimentado cambios significativos, los que han profundizado los alcances de las modificaciones propuestas por el Gobierno el 29 de diciembre de 2014.
A mediados de abril ingresaron más de 800 indicaciones entre las del Ejecutivo y las de parlamentarios. Todo esto, en medio de un clima en que se han ido polarizando las posturas y ha habido poco espacio para una discusión de fondo respecto de las dudas que genera este proyecto. Básicamente desde el sector empresarial se le critica que no aborda materias como productividad, flexibilidad y cómo se incorpora a más mujeres y jóvenes al mercado laboral.
El escaso diálogo quedó graficado en la última sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El RN Nicolás Monckeberg consultó a la ministra Javiera Blanco por los efectos prácticos de una huelga de trabajadores del Metro y si los conductores se podrían reemplazar. La secretaria de Estado se limitó a señalar que los trabajadores de esta empresa tienen derecho a negociar colectivamente. Monckeberg reiteró su preocupación, pero el presidente de la Comisión, Lautaro Carmona (PC), interrumpió rápidamente al diputado RN y argumentó que la instancia legislativa no tenía facultades para interpelar a la ministra. Acto seguido, se siguió con la votación en particular del proyecto, y no hubo más análisis respecto de las consultas planteadas.
Este impasse grafica que se ha ido alejando la idea de avanzar hacia un acuerdo transversal en el Senado, similar al que se alcanzó para la reforma tributaria, en julio de 2014. Esta opinión no solo es advertida desde el mundo privado, sector que ha dicho que si bien el Gobierno los ha escuchado, no ha considerado sus propuestas, sino que también en el propio Senado.
De hecho, varios integrantes de las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Alta anticipan que el proyecto que emane de la Cámara de Diputados no experimentará «grandes alteraciones» cuando llegue a sus manos y que los aspectos centrales de la iniciativa se mantendrán, a diferencia de lo ocurrido con la reforma tributaria, donde uno de los aspectos más polémicos, la obligatoriedad en el uso de la renta atribuida, sí se modificó.
Adriana Muñoz: La idea es no desautorizar a los diputados
Todos estamos por una reforma laboral, no por impedirla ni por alterar sus principios», señala el integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, Carlos Montes, quien fue uno de los artífices del acuerdo que se alcanzó en materia tributaria en 2014, el que supuso desmantelar parte importante del proyecto aprobado en la Cámara Baja.
En la misma línea, la senadora de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), indica que, a diferencia de las descoordinaciones que ocurrieron en materia tributaria, esta vez los senadores y diputados de la Nueva Mayoría han mantenido reuniones permanentes sobre los avances del proyecto de reforma laboral, de modo que el texto que emane de la Cámara no se vea alterado en su segundo trámite legislativo. La idea, señala Muñoz, es no desautorizar a los diputados.
En la Democracia Cristiana, en tanto, aún no hay una postura única y en el empresariado esperan que senadores como Andrés Zaldívar jueguen un rol relevante en morigerar el proyecto. Sin embargo, varias figuras de este partido han expresado su apoyo a incorporar las demandas de la CUT, y la senadora DC Carolina Goic, integrante de la comisión del Trabajo del Senado, encabezó el trabajo de un equipo técnico del partido que elaboró un documento en que se pide incluir la negociación ramal.
Allamand: Las posibilidades de corrección se agotaron
En la oposición, en tanto, existen escasas expectativas de que se alcance un acuerdo. El senador de la comisión de Hacienda, José García Ruminot (RN), teme que, lejos de morigerarse el proyecto, en el Senado pueda radicalizarse aún más: «Éste es un proyecto emblemático para el oficialismo, el que tratará de defenderlo aun cuando en el mediano plazo signifique deteriorar el empleo. Yo no he escuchado voces de la Nueva Mayoría que llamen a la moderación. Sí espero que el Gobierno se dé cuenta de que el empleo se ha deteriorado», señala.
Una opinión similar tiene el senador de la comisión de Trabajo, Andrés Allamand (RN): «El proyecto desde que ingresó a la Cámara solo ha empeorado. No veo ninguna capacidad de corrección en el Senado. Ella se agotó en la reforma tributaria, y en el caso de la reforma educacional, la Democracia Cristiana solo pudo postergar los problemas. Hay que ser realistas y no abrigar falsas esperanzas».
¿Cuáles son los cambios concretos que han ido ganando apoyos y que se perfilan como aspectos centrales de la nueva reforma laboral? El espectro es amplio. Desde la posibilidad de que federaciones de trabajadores negocien con empresas, hasta modificaciones en el concepto de «servicios mínimos» en casos de huelgas.
Proponen negociación con confederaciones
Dentro de las indicaciones presentadas a mediados de abril figuró una relacionada con las federaciones y confederaciones de trabajadores. El proyecto original del Ejecutivo eliminaba la posibilidad de que estas entidades -que agrupan a sindicatos de distintas empresas de un mismo sector productivo, como la Confederación Bancaria o la de Trabajadores del Comercio- pudiesen negociar con las empresas. Pero eso ha cambiado.
En la primera camada de indicaciones, el Gobierno cambió su criterio indicando que las federaciones y confederaciones podrían negociar con el empleador, pero de manera voluntaria; es decir, siempre que hubiera acuerdo entre las partes. Sin embargo, varios parlamentarios oficialistas consideraron que la indicación no era suficiente, por lo que en los últimos días se acordó generar incentivos a la negociación con federaciones y confederaciones.
Uno de estos será que las empresas que accedan voluntariamente a negociar con estas entidades podrán pactar acuerdos de adaptabilidad laboral y acceder a beneficios adicionales en materia de capacitación.
Senadores presionan para la negociación ramal
En el mundo privado coinciden en que la generación de incentivos a la negociación con federaciones y confederaciones es un primer paso hacia la negociación ramal. Esta última corresponde a un esquema de negociación en que una organización multisindical negocia condiciones mínimas de trabajo para todos los que se desempeñan en una misma actividad.
En la Nueva Mayoría no ocultan su intención de avanzar en esta materia. «No considerar la negociación ramal contradice el objetivo de que más trabajadores estén cubiertos por la negociación colectiva», afirma Adriana Muñoz.
El ejercicio que hacen entre los parlamentarios oficialistas es que si no se incorpora la negociación ramal, cerca del 75% de las empresas quedarán fuera de los alcances de la reforma laboral, puesto que en promedio tienen menos de 8 trabajadores, que es el quórum mínimo exigido para constituir un sindicato.
Si se estableciera un sistema de negociación por rama de actividad económica, una organización a nivel supraempresa -confederaciones, por ejemplo- negociaría condiciones mínimas de trabajo para todos los trabajadores que se desempeñan en ese rubro.
Servicios mínimos: solo si amenaza a la seguridad
El proyecto también se ha endurecido en lo relativo al fin del reemplazo en huelga. El texto original planteaba que durante la paralización los sindicatos tendrían la obligación de mantener equipos mínimos de trabajadores para preservar los bienes materiales de la empresa.
Sin embargo, esta propuesta no resultó satisfactoria para los parlamentarios de la Nueva Mayoría, y el Gobierno presentó una indicación que restringe aún más los servicios esenciales. En concreto, el Ejecutivo planteó que los trabajadores solo tendrán la obligación de preservar la infraestructura de la empresa, pero eliminó la expresión «bienes materiales».
Con esto, se busca que la paralización sea total, aun cuando pueda afectar la vida útil de los productos de la empresa, por ejemplo, si son perecibles.
«Cuando se elimina del proyecto la obligación de proteger los bienes materiales, lo único que se cubre es que la fábrica no desaparezca», afirma el abogado laboralista Marcelo Albornoz.
Pese a este endurecimiento, los senadores oficialistas están empujando la idea de que el proyecto recoja los mismos criterios de la OIT; es decir, que las únicas actividades que no puedan paralizar sean aquellas vinculadas a la seguridad nacional o a la salud pública. La OIT considera dentro de esta categoría un número reducido de actividades, como el suministro de agua, electricidad, control de tráfico aéreo y hospitales.
Los «guiños» hacia el empresariado
Si bien la balanza en las últimas semanas se ha ido inclinando hacia las demandas de la CUT, el Gobierno en sus negociaciones con la Nueva Mayoría ha hecho saber su preocupación por el bajo crecimiento económico del país, y desde esa perspectiva ha abogado por dar algunas señales al sector empresarial.
En ese «gallito», la Nueva Mayoría habría accedido a mantener la propuesta inicial del Gobierno respecto de los pisos mínimos. De esta forma, la norma quedaría tal como la propuesta original, sin dejar explícita la incorporación del IPC en las negociaciones colectivas.
Otro aspecto donde los equipos de Hacienda y Trabajo han logrado flexibilizar la postura del oficialismo es en lo relativo a la extensión de beneficios de la negociación colectiva, los que actualmente pueden ser extendidos por los empleadores a los trabajadores no sindicalizados de forma unilateral. El proyecto inicial del Ejecutivo establecía que la potestad de los beneficios de la negociación colectiva fuera de los sindicatos exclusivamente.
La tendencia que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es la que opera en la OCDE, donde es obligatorio para las empresas extender los beneficios de la negociación colectiva a todos los trabajadores, incluyendo a los no sindicalizados. Es decir, esta extensión no opera como un arma ni para las empresas ni para los trabajadores, opera de forma automática.
«Cuesta entender que no se puedan extender los beneficios. Sería razonable ver un esquema de extensión obligatoria», señala el senador Carlos Montes.
SENADORES oficialistas han pedido que las únicas actividades que no puedan paralizar sean las vinculadas a la seguridad y salud pública.
Frente contra la iniciativa sumará nuevos gremios
Compartida es la opinión en el mundo privado en el sentido de que el Gobierno no ha incorporado en la reforma laboral sus propuestas y que la estrategia debe apuntar a lograr una mayor acogida en el Senado.
En varios gremios hay confianza respecto del rol que jueguen los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, tal como ocurrió en la reforma tributaria. Es por eso que tanto la CPC como sus ramas se encuentran en estos momentos preparando las exposiciones que deberán realizar en el debate del Senado.
Sin embargo, en paralelo las ramas de la CPC han endurecido su postura y se sumaron a otros gremios como la ASECh para hacer frente a la reforma laboral a través de una postura mucho más confrontacional. Este grupo de gremios ya lanzó un video rechazando los puntos centrales de la reforma laboral y a pesar de que en estos momentos no está en negociaciones con el Gobierno en materia de reforma laboral, están afinando nuevas acciones para las próximas semanas. La idea, anticipan fuentes ligadas a este movimiento, es sumar a otras entidades a su postura y presentar públicamente cálculos sobre el impacto de la reforma laboral en el empleo.
La CPC, en cambio, ha optado por una postura más moderada y ha seguido en conversaciones con los ministerios de Hacienda y del Trabajo, reiterando sus puntos de vista.