Legisladores piden recursos al Ejecutivo para incluir exámenes de diagnóstico. Pacientes piden que agencia seleccione patologías.
Por Oriana Fernández.
La petición de aumentar los recursos para poner en marcha la Ley Ricarte Soto, proyecto que busca financiar fármacos, alimentos y dispositivos a pacientes con enfermedades de alto costo, es el punto que condiciona el apoyo de los senadores de la Comisión de Salud para despachar la norma antes del 21 de mayo. La discusión entra hoy en una etapa decisiva, pues se espera que el Ejecutivo envíe indicaciones a solicitud de los legisladores y de organizaciones de pacientes, con el fin de mejorar la cobertura en la norma.
Al respecto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, ratificó que se recogerán las demandas de diversos actores: “Todos estos son temas que se han dado a conocer y esperamos incorporarlos”.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Fulvio Rossi, aseveró que “las expectativas que se han generado son muchas e incluso se han pedido $ 200 mil millones que son exiguos para todo lo que se quiere abordar”.
Actualmente, la iniciativa contempla un alza progresiva del presupuesto: el primer año de vigencia del plan se contará con $ 30 mil millones; el segundo año serán $ 50 mil millones y en pleno régimen se alcanzarán los $ 100 mil millones.
Para ello, Rossi afirmó que el Ministerio de Salud y el de Hacienda se contactaron ayer para conversar sobre los recursos. “Es central que se suban los fondos para aprobar el proyecto”, aclaró .
También, la senadora Carolina Goic (DC) expresó que es clave para despachar la norma que se eleven los montos asignados y se incluyan en el financiamiento los exámenes de diagnóstico y de seguimiento. “Este proyecto es un tremendo primer paso, pero debemos hacernos cargo de las insuficiencias. El aumento de dineros es importante, aunque sea progresivo”, aclaró.
El senador Guido Girardi (PPD) dijo que otro punto a incluir es la definición del denominado “umbral” o fórmula por la que se determina qué se entiende por alto costo para una familia. El Ejecutivo y los congresistas dialogaron en la última semana en torno a la idea de que una persona podrá acceder a financiamiento total cuando sus gastos en terapias involucren el 40% de sus ingresos (recomendación de la Organización Mundial de la Salud).
Diagnóstico
El senador Francisco Chahuán (RN) planteó que el proyecto de ley “debe tener otros cambios. “La selección de enfermedades a cubrir no puede ser arbitraria, sino que mediante un mecanismo transparente”, sostuvo.
Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza de Pacientes, señaló que se ha propuesto al Ejecutivo que “sea una agencia la que evalúe los casos, las enfermedades y las tecnologías para cada una. No queremos que un comité dependiente de Salud sea el encargado de elegir”, acotó.
También, la diputada Karla Rubilar (Amplitud) señaló que el proyecto tiene “deficiencias, pues “no sólo importan los medicamentos, sino que también un diagnóstico integral u hospitalización domiciliaria. Debe haber claridad”.