Para la ministra del Trabajo la oposición al proyecto que cambia el Código Laboral en materia de negociación colectiva tiene varias explicaciones, pero para ella hay una clara: «Hay algunos en este país, en el mundo empresarial y también político, a los que no les gustan los sindicatos», acusa.

Por Pamela Jimeno y Marta Sánchez.

Yo leo al Papa Francisco y creo que sería el defensor número uno de esta reforma”, dice la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, al reflexionar sobre cómo el proyecto de ley del gobierno que busca potenciar la negociación colectiva y la sindicalización en Chile sigue tensionando los ánimos y dividiendo opiniones.

En su primera entrevista tras el ajuste ministerial que la “levantó” desde la Segpres, la abogada DC y ex senadora asegura que el gobierno no va a claudicar en su compromiso por “defender valores en el mundo del trabajo y no intereses”, y que, por lo mismo, en el Senado la discusión no será para otra cosa que no sea la búsqueda de un mayor equilibrio al interior de la empresa. “Los contenidos de la reforma están claros”, enfatiza.

¿Quedó conforme con el proyecto que salió de la Cámara Baja?

En mi experiencia, tanto como senadora, ministra de Segpres y ahora como ministra del Trabajo, creo que ha sido notable lo que ha ocurrido. Sin perjuicio de que este es un proyecto de iniciativa del Ejecutivo, se recogieron muchos de los aportes de los parlamentarios y se incorporaron vía indicaciones que el Ejecutivo hizo propias. Pero hay discusiones que se instalaron en la prensa y en la opinión pública que no han sido buenas y sanas…

¿Como cuáles?

Ni siquiera las quiero mencionar, porque no ayudan a la comprensión del proyecto, que tiene objetivos bien específicos.

¿Se refiere a la crítica de los privados de que el proyecto no aborda otros temas laborales relevantes como, por ejemplo, incentivos al empleo de la mujer y juvenil?

Cuando escuchaba el debate en la comisión y en los medios, y también el día de la votación en particular en la sala, e incluso lo escuché en la OIT de parte de los representantes de los empleadores, me causaba risa escuchar que el proyecto no solucionaba el empleo joven o el de la mujer. ¿Y por qué me causa risa? Porque no es el sentido ni el objetivo del proyecto. Esta iniciativa busca modernizar las relaciones laborales de los contratados con sus empleadores, porque esa es una deuda que tenemos hace 35 años, que fue cuando se hizo la última modificación estructural.

¿Es decir que el gobierno no va a recoger iniciativas para el empleo de jóvenes y mujeres?

Es que el proyecto no es el mecanismo ni el instrumento para abordar esos temas. Pero eso no significa que al gobierno y a mí, como ministra del Trabajo, no nos interese abordarlos.

Pero en otra instancia.

Estamos trabajando con el equipo ministerial y con el ministro de Economía (Luis Felipe Céspedes) en cómo abordar esos aspectos que son relevantes para el desarrollo del país. Pero se hará por otra vía y no por este proyecto. Pedirle eso a la reforma es sólo una excusa para oponerse a lo que significa.

¿Y qué significa para el gobierno?

Significa lograr la titularidad sindical, conseguir pactos de adaptabilidad y contar con una huelga efectiva, teniendo claro que la titularidad tiene que ir con los pactos de adaptabilidad y que la huelga efectiva tiene que ir con servicios mínimos, porque si no es muy difícil de entender.

¿En qué se basa el gobierno para creer que fortalecer a los sindicatos ayuda a mejorar la productividad?

Un estudio que se hizo en 171 países demostró que los trabajadores que están conformes con su trabajo, con la relación laboral, con un buen clima laboral, con confianza con su empleador, tienen un 270% de mayor productividad. ¿Qué quiero decir? Que los países con un buen nivel de sindicalización y de negociación colectiva son países que ranquean desde el punto de vista de la productividad y son nuestro referente. Son países con niveles de sindicalización promedio sobre el 20%, mientras que en Chile es menos de 15%, y que alcanzan niveles de negociación colectiva sobre 60%, mientras en Chile llega apenas a 8%. Por tanto, ahí claramente hay un llamado de atención que dice que cuando hay buenas relaciones laborales, diálogo y negociación, los niveles de desarrollo, emprendimiento y crecimiento son mayores.

Pero eso no lo dicen quienes critican la reforma y a los sindicatos.

Esta falsa dicotomía de que cuando tengo sindicatos no hay crecimiento simplemente no la puedo aceptar, porque todos los buenos ejemplos dicen justamente lo contrario.

Pero si existe evidencia a favor del equilibrio en la relación laboral, ¿por qué el gobierno no ha logrado instalar con mayor fuerza la importancia de esta reforma?

Cuando tenemos a los medios de comunicación todos los días hablando en contra de la reforma y cuando el mensaje central es que va a generar desempleo, que no va a aumentar el empleo de la mujer, que no va a permitir que los jóvenes trabajen, créanme que yo desde la calle, sin información, también estaría contra la reforma.

¿Es trabajo del gobierno revertir eso y convencer de lo contrario?

Por cierto, pero con eso no agarramos ni los titulares ni las bajadas con ese discurso. Esa es la verdad.

Tras el cambio de gabinete, usted y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunciaron que se tomarían un tiempo para estudiar el proyecto. ¿Qué los convenció de seguir rápidamente adelante?

El mandato que tenemos de la Presidenta de la República es garantizar que salga adelante esta reforma, lograr equilibrios y que el país genere oportunidades para todos. El crecimiento es un desafío del gobierno, pero también lo es la equidad. Y esos dos objetivos tenemos que ser capaces de impulsar.

¿Se pueden combinar ambos desafíos en un contexto de menor crecimiento?

Es que tenemos que reorientar la discusión. Debemos entender que esta es una discusión de valores y no de intereses. Si ponemos nuestros intereses, los míos como ministra, los de la CUT, la CAT o la UNT, o los de la CPC, la Sofofa y la SNA, en el debate, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si ponemos en el centro de la discusión los valores que inspiran el desarrollo que queremos darle al país y eso significa diálogo, oportunidad, emprendimiento, mejor calidad de vida, sustentabilidad, vamos a ser capaces de construir acuerdos que permitan, a lo mejor no para esta generación, pero sí para las que vienen, tener más oportunidades que las que hemos dado hasta hoy y con mayor equidad.

El subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, dijo que sin crecimiento estas reformas no tenían mucho sentido y los empresarios, economistas y ex ministros de Hacienda sostienen que la prioridad debería estar en el crecimiento. ¿No sería mejor acoger ese llamado, dado que el mejor pronóstico de crecimiento para este año es de 2,5%?

Nadie puede perderse en esto: lo que ha dicho el subsecretario Díaz es una opinión que compartimos en este ministerio y es una ecuación perfecta. Es decir, si no tenemos capacidad de ofrecer empleo no hay trabajo. Pero la pregunta de fondo aquí es si estamos o no dispuestos a generar condiciones para que haya crecimiento.

¿Y están?

La respuesta es clara. Para que haya crecimiento tienen que haber condiciones de estabilidad. La paz social y las oportunidades son elementos claves del crecimiento y del desarrollo y ahí habría que preguntarse cuánto estamos o no dispuestos a aportar para que eso ocurra. Cuando estábamos en la votación en la Cámara, varios dipu- tados me preguntaron si en Perú hay o no negociación colectiva, si hay derecho a huelga y cómo es. Y resulta que nuestros empresarios sí están dispuestos a invertir en Perú y, entonces, si invierten allá no debe ser tan malo tener sindicatos, negociación colectiva o derecho a huelga. Pero también pasa que inversionistas extranjeros de países desarrollados vienen a invertir en Chile sabiendo que se discute esta reforma. Entonces, creo que los argumentos que algunos esgrimen para oponerse a esta reforma no tienen que ver con su contenido y sus efectos, sino con que simplemente no quieren esta reforma.

¿Es un rechazo más ideológico que real, en su opinión?

No me gusta esa palabra, porque pone el debate en un plano que, insisto, no le aporta al país. Esto tiene que ver con las convicciones. Hay algunos en este país, en el mundo empresarial y también en el político, a los que no les gustan los sindicatos. Es cosa de escuchar, por ejemplo, las intervenciones de los diputados de la UDI y de algunos de Renovación Nacional que decían que esta no es una reforma laboral, sino que es una reforma sindical. Bueno, yo les digo que eso es obvio: las reformas sindicales tienen que ver con reformas laborales. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿O los sindicatos no son parte del entramado laboral? Debemos ser capaces de sincerar posiciones y convicciones. Por eso hago la reflexión de si estamos defendiendo intereses o valores. Si somos capaces de discutir sobre valores nos vamos a poner de acuerdo.

Hay senadores de su partido más conservadores en materia laboral…

Cuando en el Senado se conozca el equilibrio que tiene este proyecto creo que vamos a contar con su apoyo. Insisto en que todo aquel que opine respecto de esta iniciativa tiene que hacerlo sobre la base de lo que realmente plantea el texto, su mensaje, su articulado y sus indicaciones. Porque si el debate no se hace sobre esa base se pueden cometer errores como, por ejemplo, que haya gente que aún sostiene que el gobierno ha propuesto la sindicalización automática. Eso no es parte de este proyecto.

Usted estuvo la semana pasada en la OIT, ¿cuáles fueron las observación del organismo?

Las observaciones son respecto de aspectos puntuales, como, por ejemplo, en el tema del reemplazo en huelga; en el tema de la votación de la huelga y la conformación de los quórum, y en la falta de incorporación de ciertos trabajadores al derecho a negociar colectivamente. En Chile, hay categorías de trabajadores que están impedidos por ley de negociar y eso lo estamos corrigiendo en este proyecto.

¿De qué trabajadores se trata?

La reforma lo que hace es circunscribir a dos categorías específicas y precisas a quienes no pueden negociar colectivamente: los gerentes generales y los gerentes, ejecutivos o trabajadores que tengan facultades de representación de un empleador y estén dotados de facultades en el área de administración. Por tanto, todos quienes no tengan esas facultades pueden negociar en forma colectiva.

Algunos empresarios tras volver de la OIT afirmaron que el cambio que se propone al derecho a huelga y a la titularidad sindical va contra los principios de la entidad. ¿Es así?

No es así y me llamó mucho la atención lo que dijeron respecto de lo que había sido su reunión con el director general de la OIT, porque lo que a mí me expresó es la satisfacción de la OIT en orden a lo que estábamos haciendo en Chile.

La entidad guió la norma que finalmente el gobierno presentó para regular los servicios mínimos, pero a la CUT esa propuesta no le gusta, ¿Cómo esperan convencerlos?

Eso es parte de los equilibrios. Nos han dicho que no podemos estar secuestrados por la CUT y de eso se trata la búsqueda de equilibrios. Entendemos que este proyecto debe permitir cierta simetría entre empleador y trabajadores y, por tanto, no se trata de pasar de una mesa inclinada hacia un lado para inclinarla en el sentido opuesto. Lo que tenemos que hacer es nivelar y la norma de servicios mínimos es un equilibrio necesario y, además, con estándar OIT para que el derecho a huelga tenga sentido sin dañar los bienes de la empresa y exponer la vida, la salud o la seguridad de la población.

La legislación chilena tiene una lista específica de empresas sin derecho a huelga. ¿Esa excepción se mantiene o la creación de servicios mínimos puede dar a una interpretación de esa norma?

No, esa es una norma constitucional, está consagrada en la Constitución y este proyecto da cuenta de aquello. Lo que sí modificamos en esa materia son los arbitrajes. La reforma lo que propone es derecho a huelga sin reemplazo, pero con el establecimiento de servicios mínimos que sindicato y empleador deben acordar, vía equipos de emergencia, para garantizar la seguridad de los bienes y de las personas. Ese equipo debe ser de trabajadores que participan de la negociación colectiva, y si no cumplen con proveer ese servicio mínimo de emergencia, el empleador lo puede instalar y debe dar cuenta a la Dirección del Trabajo. También estará regulado todo el procedimiento en caso de diferencias.

¿En el Senado podrían reducir la lista de servicios mínimos como lo ha pedido la CUT?

El acuerdo que teníamos con los diputados, y lo conversamos con la CUT y con los gremios empresariales, es que íbamos a ocupar el estándar OIT para definir y regular los servicios mínimos. En ese sentido, el Ejecutivo ya tomó una decisión y recurrimos a la Comisión de Normas de la OIT para que nos diera una definición adecuada.

¿Cómo van a enfrentar la discusión en el Senado? Hay sectores que tienen la expectativa de que se genere un acuerdo transversal.

El sistema chileno es bicameral y está bien. Lo que ha hecho la Cámara de Diputados, en un trabajo de cinco meses, no significa que el tema está cerrado, porque si así fuera, el proyecto estaría listo y no habría nada más que debatir. Lo que viene es el segundo trámite constitucional en la cámara revisora, que en este caso es el Senado, y ahí se va a estudiar todo el proyecto, vamos a escuchar y atender todas las opiniones, al igual como se hizo en la Cámara, y veremos qué va surgiendo del debate. Recogeremos las cosas que nos parecen pertinentes y también hay cosas que ya tenemos claro que tenemos la intención de mejorar y revisar.

¿Qué cosas?

Todo el tema de reponer la gradualidad de los pactos de adaptabilidad que se cayó en la Cámara de Diputados. También queremos revisar el tema de los árbitros que actualmente tienen que tener carreras de 10 semestres, y la verdad es que la tendencia es que la exigencia sea de ocho semestres.

¿Qué repondrán respecto de la gradualidad de los pactos de adaptabilidad?

Teníamos un inciso transitorio que se perdió en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Podríamos haberlo repuesto en sala, pero nos pareció que en el Senado podíamos tener espacio para hacerlo. Ese inciso establecía un período de cuatro años para la entrada en vigencia en régimen del 30%, con una gradualidad del 65%, disminuyendo hasta llegar a 30%. Nos han planteado que parece un poco excesivo cuatro años y es algo que vamos a conversar en el Senado.

El ministro Valdés ha planteado 18 meses. ¿Esa es la alternativa?

Vamos a conversarlo en el Senado, aún no hemos partido las reuniones. El lunes (mañana) tengo una reunión con el presidente del Senado (el DC Patricio Walker), y quiero juntarme con el presidente de la Comisión de Trabajo (el PS Juan Pablo Letelier) para ponernos de acuerdo en cómo va a ser la tramitación. De verdad, estamos muy tranquilos de lo que debiera ser el debate por la experiencia que tuvimos en la Cámara de Diputados en este proyecto.

¿Por qué los senadores Andrés Allamand y Patricio Walker dicen que en el Senado se necesita lograr un acuerdo transversal?

Nuestro país necesita instalar una capacidad de diálogo que hemos perdido y ser capaz de discutir valores respecto del país que queremos construir. Y nosotros como gobierno siempre vamos a estar dispuestos a conversar.