La compañía dispuso el cierre temporal de operaciones de División Salvador en medio de las protestas que realizan trabajadores contratistas en demanda por mejoras laborales.
Por P. San Juan.
El gerente general de División Salvador, Juan Carlos Avendaño, señaló que la detención de las operaciones producto de las protestas desarrolladas por trabajadores contratistas y subcontratistas tiene un costo estimado superior a los US$500 mil diarios.
Asimismo denunció «el hurto, sustracción ilegal y destrucción de valiosos equipos mineros de Codelco, así como de las empresas contratistas».
Avendaño manifestó su preocupación «por estos hechos de violencia y vandalismo» y enfatizó «los riesgos que conlleva el ingreso a áreas no autorizados y la utilización de equipos de gran envergadura sin la adecuada supervisión, y que han sido utilizados para obstaculizar los accesos a las instalaciones».
Codelco dispuso el miércoles el cierre temporal de operaciones de División Salvador hasta que se restablezcan las condiciones de normalidad que permitan operar sus instalaciones en forma segura.
«La administración se encuentra analizando las implicancias de este cierre temporal, con el objetivo de generar un plan para resguardar las instalaciones y definir las condiciones que permitan restablecer las operaciones de la división en forma segura», explicó.
Avendaño recordó que Codelco está preparando las acciones legales correspondientes para perseguir a las personas que resulten responsables de la toma ilegal.
«Codelco reitera su enérgica condena a los hechos de violencia y destrucción generados por estas movilizaciones ilegítimas e ilegales, en particular teniendo en cuenta el total cumplimiento realizado al Acuerdo Marco vigente que establece condiciones de remuneraciones y beneficios pactados entre los representantes de empresas contratistas y organizaciones supra sindicales de empresas contratistas», aseveró la compañía.
Los trabajadores contratistas y subcontratistas de Codelco agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) exigen que Codelco instale una mesa de negociación para mejorar el Acuerdo Marco con sus empleadores, del cual la compañía estatal es garante.