Ministra Ximena Rincón ofició a la superintendenta de Pensiones cuestionando la autorización para que Cuprum se fusionara con Argentum y le solicitó «abstenerse de autorizar operaciones de la misma índole».
“Por el presente me dirijo a usted para expresar mis reservas sobre el proceso de constitución de la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A y de su fusión con AFP Cuprum S.A. y del rol que cumplió la Superintendencia de Pensiones en él”, inicia el oficio que la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, envió a fines de julio a la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic.
En el documento -difundido ayer por el diputado Fuad Chahín en medio de la comisión que investiga dicha operación- la secretaria de Estado cuestiona la autorización de la superintendecia a la operación, aludiendo a que no se contituyó una nueva AFP y que incluso el mismo organismo había llegado a esa conclusión en su informe.
La autorización de la SP permitirá a Cuprum ahorrar unos US$129 millones producto de su incorporación a la estructura societaria de Principal Chile mediante una fusión por absorción.
En esa línea, la secretaria de Estado calificó la venia del regulador a la operación “a lo menos irregular y no ajustada a imperativos legales ni a la obligación de velar por intereses de afiliados”.
“Por lo reparos anteriormente expresados, es que solicito a usted se abstenga de autorizar operaciones de la misma índole”, señaló en el documento la ministra Rincón, lo que de inmediato puso los ojos sobre la operación que está en marcha con AFP Provida.
Fuentes del Ministerio del Trabajo confirmaron que los mismo reparos de la fusión de Cuprum se aplican a la operación que impulsa la administrador controlada por Metlife para la creación de la AFP Acquisition, cuya fusión podría generar un ahorro tributario de US$288 millones.
Desde AFP Provida no hubo comentarios.
Ayer en la comisión, la superintendenta Agnic leyó el oficio en que respondió a la ministra. En él asegura que el proceso fue analizado y evaluado por un equipo de vasta experiencia en este tipo de operaciones: “Este organismo ha llevado a cabo a la fecha más de 18 fusiones de administradoras de fondos de pensiones, 5 cambios de controlador y a lo menos ocho análisis de constitución de nuevas administradoras”.
Respecto a la observación de que el proceso de autorización sería a lo menos irregular, la superintendencia afirmó que “en todo momento se tuvo en cuenta que los afiliados no sufrieran perjuicio alguno, lo que queda acreditado con las exigencias efectuadas a AFP Argentum S.A.”
Para el regulador, la fusión tiene su fundamento en que la nueva AFP fue creada con el propósito de fusionarse con AFP Cuprum S.A. “A este respecto es útil considerar que en los procesos de fusión se conservan en general, todos aquellos recursos y procesos de la sociedad absorbida.”
Tras ello, en la Superintendencia asumen los reparos del Ministerio del Trabajo como sugerencias y en ningún caso como imposición. A su vez, apelan a la independencia que la ley les otorga en la aprobación de este tipo de operaciones.
AFP de papel
Desde la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga la operación de Cuprum con Argentum, el diputado Jaime Belollio (UDI) sostuvo que “no se entiende cómo hoy día la ministra Rincón declara la operación como irregular, seis meses después que ésta se concretara con la venia de la superintendencia”.
En tanto, el diputado Fuad Chahin (DC) señaló que la ministra del Trabajo “reafirma lo que nosotros siempre hemos dicho, que acá se creó una AFP de papel, ideológicamente falsa, con la colaboración de la Superintendenta de Pensiones para un solo objetivo, el que el grupo Principal se quedara con la AFP Cuprum y aprovechara el Good Will y la rebaja tributaria de $80 mil millones que ello implicaba”.
Chahín insitió en emplazar a la superintendenta de Pensiones para que acoja la recomendación de la ministra del Trabajo y se inhiba de hacer una nueva autorización.
La Comisión que investiga la operación de Cuprum acordó citar para el martes 18 de agosto a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y al ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza, quienes estuvieron a cargo del Ministerio del Trabajo y de la Subsecretaría de Previsión Social, respectivamente, en el período en que se aprobó la operación.