La definición del reemplazo en huelga y de los servicios mínimos son los puntos que generan más división en el oficialismo.

Por Carlos Agurto L.

“Vamos a sostener la mayor cantidad de reuniones con los distintos actores involucrados para alcanzar un acuerdo”, dijo una importante autoridad de gobierno de cara al proceso de negociación que llevan adelante los ministros de Trabajo, Ximena Rincón, y de Hacienda, Rodrigo Valdés, previo al ingreso de las indicaciones al proyecto de reforma laboral, programado para el mediodía del próximo lunes 7 de septiembre. Y es que pese a que el miércoles último se aprobó en el Senado la idea de legislar la iniciativa, con la unanimidad de los votos de la Nueva Mayoría más el independiente Antonio Horvath, y el rechazo total por parte de la oposición, al interior del conglomerado de gobierno existen marcadas diferencias respecto de las modificaciones que se le deben efectuar al articulado, aprobado durante el primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

Entre las materias que han generado más ruido al interior del oficialismo está la posibilidad de reemplazo en huelga con trabajadores internos, la definición de los servicios mínimos y la extensión de beneficios a los trabajadores no sindicalizados. Y este ruido genera posiciones divergentes al interior de los partidos, donde existe una línea que separa a los que pretenden aplicar el “realismo” a la hora de impulsar las reformas y quienes buscan que éstas se hagan “sin renuncia” respecto a lo planteado en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

La Nueva Mayoría en el Senado cuenta con 21 votos de un total de 38, siendo la bancada DC la más importante con 7 representantes, seguido de la del PS (6), PPD (6), más el representante del MAS, Alejandro Navarro y el independiente Alejandro Guillier. En este escenario, al gobierno le basta conseguir unir a su conglomerado político para lograr aprobar el proyecto.

Pero pese a que la tarea en el papel no parece tan difícil, basta revisar las diferencias al interior de los partidos oficialistas, para corroborar que la tarea que enfrentarán Rincón y Valdés en los próximos 15 días será compleja. De hecho, en el Ejecutivo reconocen que la discusión se pueda extender más allá de los plazos autoimpuestos, por lo que el proyecto podría salir del Senado a fines de septiembre, para comenzar recién el tercer trámite legislativo en la Cámara en octubre, es decir, en paralelo con la discusión de la Ley de Presupuesto para 2016.

DC dividida

Al interior de la bancada falangista, las diferencias son evidentes en relación al denominado “corazón de la reforma”. Existe un grupo compuesto por la integrante de la Comisión de Trabajo del Senado Carolina Goic y el independiente Pedro Araya, que se ha mostrado partidario del no reemplazo en huelga y la titularidad sindical. “No nos engañemos. Todos sabemos que sin sindicatos fuertes, no hay negociación colectiva ni mayor diálogo social”, dijo en el hemiciclo la parlamentaria, representante de la Región de Magallanes.

Por otro lado, el grupo compuesto por Andrés Zaldívar, Ignacio y Patricio Walker se ha manifestado partidario de no permitir el reemplazo externo, pero sí con trabajadores internos. De hecho, el senador por la Quinta Región interior sostuvo en el debate que se debe terminar la práctica de los “rompehuelgas”, pero que en el momento de la discusión en particular, “habrá que hacer precisiones que son propias de una cámara revisora como el Senado”.

No obstante, en otras materias como la definición de los servicios mínimos o la situación de las pymes hay más consenso. “Es necesario regular lo que es la huelga efectiva en las pymes. “No podemos pedir una huelga efectiva de una empresa con 10 o 15 trabajadores, versus una de 50 o 60, debemos resolver bien cómo termina la huelga”, reconoció Araya,

PPD con dos almas

Al interior del PPD también existen dos almas en esta materia. Por un lado, está el presidente Jaime Quintana junto a la senadora y miembro de la Comisión de Trabajo, Adriana Muñoz, quienes han hecho pública su defensa de la titularidad sindical y el no reemplazo. “Queremos terminar con las desigualdades. (…) Este no es un proyecto pro huelga, sino pro diálogo y sindicato. Me sorprende que se tenga una valoración negativa del derecho a la huelga, porque es algo esencial que mundialmente se reconoce como tal y que incluso nosotros hemos respaldado”, señaló el timonel PPD.

En la vereda del frente, está un grupo de senadores liderados por Ricardo Lagos Weber que no ve con malos ojos la posibilidad de permitir el reemplazo en huelga. “El proyecto que salió de la Cámara creo que es perfectible y si eso significa discutir sobre la sustitución interna como otros países de la Ocde, creo que amerita discutirlo”, señaló.

En tanto, Eugenio Tuma es partidario de introducir cambios que permitan a las pequeñas y medianas empresas “enfrentar la negociación colectiva”.

PS no transa

Al interior del partido de la Presidenta Bachelet han asumido una postura clara y así lo hizo explicito su líder, Isabel Allende: “Nosotros no estamos por el reemplazo ni con trabajadores internos o externos. Creemos en una huelga efectiva”. Esta postura ha sido refrendada por los senadores Juan Pablo Letelier, Alfonso de Urresti, Rabindranath Quinteros y Carlos Montes. Este último, además, se mostró abierto “a buscar fórmulas para evitar efectos indeseados en la pequeña empresa”.

MAS e independientes

El senador del MAS, Alejandro Navarro, ha sido uno de los más acérrimos defensores del proyecto de ley. Y pese a que reconocer que es un “avance” que se prohíba el reemplazo de trabajadores, adelantó que ingresará un “conjunto importante de indicaciones”.

En tanto, el senador independiente Alejandro Guillier, reconoce que hay aspectos puntuales del proyecto que se pueden perfeccionar, “pero no hay que perder la línea gruesa, que es bajar los altos niveles de desigualdad y entre esas asimetrías está la desigualdad de salarios.