Compañía, que fue autorizada el martes por regulador, puso en el debate la real independencia de las superintendencias respecto del poder político.

Por Jimena Catrón Silo.

El martes pasado, por la tarde, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, recibió el oficio reservado por parte de la Superintendencia de Pensiones, en la que se le informó la autorización de la creación de AFP Acquisition.

Así, el regulador del sector previsional puso término -al menos por ahora- a la polémica que se generó con la titular de esa cartera. La razón del enfrentamiento se encuentra en que Principal Financial Group logró un ahorro tributario (goodwill) cercano a US$ 130 millones al comprar Cuprum al grupo Penta.

Cuando se dio a conocer este antecedente, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora, debido a que supuestamente la reguladora habría autorizado una AFP «de papel» cuya finalidad era evadir impuestos, y que jamás iba a operar.

Esto puso en el foco el destino que tendría la fusión de Metlife con Provida, luego de que la primera comprara a la segunda, y que aún se encontraba en trámite.

Para ello, los norteamericanos solicitaron la creación de AFP Acquisition, antes del término de 2014, lo que también les permitió acceder al goodwill, ya que la reforma tributaria consideraba esa «ventana» abierta hasta esa época. Ya a partir de 2015, ese beneficio no existe.

Según altos ejecutivos conocedores de esta situación, los norteamericanos ya habían encargado varios informes en derecho, en caso de que si finalmente la SP decidía rechazar la fusión, se tuviera claridad respecto a cuáles serían las acciones legales a seguir en tribunales y sus posibilidades de éxito.

Después de todo, Metlife pagó unos US$ 1.900 millones por la AFP, hasta entonces controlada por BBVA.
Pero, ¿por qué en ambos casos se creó una administradora que podría ser considerada «de papel»? Porque el Decreto Ley 3.500 (ley que norma el actual sistema de pensiones) establece que una AFP sólo se puede fusionar con otra AFP, y está prohibido hacerlo con otro tipo de sociedades.

Al ser consultada la SP por Diario Financiero, se informó que «efectivamente fue autorizada la existencia comercial» de la AFP Acquisition, habiéndose cumplido con todos los requisitos que exige el Decreto Ley 3.500 (ley que norma el actual sistema de pensiones), y la Ley 18.046 (de sociedades anónimas).

Ahora viene la SVS
Se espera que en la edición de hoy del Diario Oficial se informe la creación de esta AFP, cuya existencia se encuentra condicionada a la posterior fusión.

Una vez publicados, los antecedentes deben ser enviados por Principal a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ya que es necesario que se encuentre inscrita en el registro de emisores de valores.

Después de esto, el siguiente paso es acudir al Conservador de Bienes Raíces, para hacer la anotación en la escritura de Principal, y así, finalmente, lograr la fusión entre ambas administradoras.

A pesar de que no existen plazos definidos para llevar a cabo este proceso, las estimaciones preliminares -y más optimistas-, apuntan a que todo debiera estar concluido y en regla en los primeros días de septiembre.

El comienzo de la polémica
En una de las sesiones de la comisión investigadora fue leído el oficio que la ministra le envió a Tamaras Agnic, superintendenta de Pensiones, cuestionando su actuar en la aprobación de la fusión entre las AFP Argentum y Cuprum. En el documento, Rincón señala que «la superintendencia no resguardó los intereses de los afiliados».

Además, la ministra le solicitó a Agnic que «se abstenga de autorizar operaciones de la misma índole».
Después de esto, la reguladora respondió cada acusación de Rincón, indicando que «esta Superintendencia no podría abstenerse de analizar y autorizar una operación similar a la ya descrita» invocando las atribuciones que le da la ley.

La próxima sesión de la comisión investigadora será el martes 1 de septiembre.

Hacienda defiende independencia sp

Una vez que la polémica entre la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, comenzó a escalar, la molestia en el Ministerio de Hacienda se hizo evidente.

La razón está en que actualmente se discute en la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto de ley para la creación de la Comisión de Valores, que entre otras cosas busca dar a la actual SVS más facultades y mayores grados de independencia.

Por ello, fue el subsecretario de esa cartera, Alejandro Micco, quien salió a defender públicamente la libertad del regulador de pensiones. «Las superintendencias son las únicas que tienen la capacidad de interpretar las leyes», añadiendo que «por lo tanto, el sistema funciona, y lo hace desde hace mucho tiempo».

Luego, recalcó que la opinión del gobierno es que las superintendencias son autónomas y «así lo han hecho saber todos los ministerios, por lo tanto, de eso no queda duda».