La redacción de las indicaciones al proyecto de reforma laboral están en tierra derecha.
Por Karen Peña.
La redacción de las indicaciones al proyecto de reforma laboral están en tierra derecha. Con el plazo fatal del 7 de septiembre en el horizonte, el oficialismo y la oposición continúan negociando los principales contenidos de los cambios que se ingresarán en el Senado. En este contexto, las auditoras -quienes tienen el sentimiento del análisis que está haciendo el sector privado- entran al debate, respaldando la posibilidad de reemplazo interno en la huelga y perfeccionar los servicios mínimos.
Michel Laurie y reemplazo interno: «Si no se incluye se puede afectar el crecimiento»
Frente a la encrucijada de optar por los servicios mínimos o el reemplazo interno, el abogado y senior manager de PwC Chile, Michel Laurie, plantea que la mejor alternativa si se mira el tema en términos más amplios es la segunda opción.
De hecho, señala que si no se incluye el reemplazo interno se puede afectar el crecimiento y «esto debe mirarse desde la perspectiva de cualquier empresa, independiente de su tamaño, aunque para empresas pequeñas y medianas puede ser más grave», explica.
Sobre el mecanismo de los servicios mínimos, entendidos por su definición y la determinación del número de trabajadores necesarios que integrarán los equipos de emergencia, Laurie dice que éste no asegura que la empresa pueda funcionar adecuadamente. «Además, el procedimiento establecido para la determinación de los servicios mínimos puede llevar a que la empresa esté con una huelga ya declarada y se encuentre aún discutiendo en los tribunales laborales lo referido a los servicios mínimos. En esta materia, tengo la impresión que la Inspección del Trabajo no tiene la capacidad instalada ni técnica para dar abasto a todos los requerimientos que se pueden producir y que son tantos como empresas que estén negociando colectivamente», puntualiza.
Otros perfeccionamientos que para el experto deben ser presentados apuntan a eliminar la necesidad de negociar con el sindicato la extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados. En ese sentido, plantea que «el tema debiese mantenerse en el plano estrictamente patrimonial, esto es que por ejemplo a los trabajadores no sindicalizados a quienes el empleador les extienda los beneficios, deban pagar el 100% de la cuota sindical y no el 75% como es en la actualidad».
Considerando que se entiende por huelga legal aquella que se da dentro del proceso de negociación colectiva reglada a nivel de empresa y los funcionarios públicos se rigen por el Estatuto Administrativo -que no contempla la huelga-, sostiene que gran parte de los paros ilegales no estarán «reguladas» por las nuevas normas que plantea el proyecto, ya que no se pronuncia sobre normas contenidas en el Estatuto Administrativo.
Por esto, pone sobre la mesa «si no sería mejor hacer un cambio radical en el enfoque que se le está dando a la reforma y plantear derechamente cambios legales en materia laboral que abarquen al sector público, dejando atrás el argumento planteado por las autoridades de que necesariamente a través del fortalecimiento de la negociación colectiva los trabajadores obtendrán más y mejores beneficios».
juan pablo mesías: «Las indicaciones deben apuntar a fortalecer los servicios mínimos»
En la auditora KPMG esperan que las indicaciones precisen «varias materias», como la «flexibilización» de los requisitos para los pactos de adaptabilidad, de manera de ampliar su cobertura a empresas hoy excluidas; «intensificar» las normas de estímulo a la formación sindical; «abrirse» a que en «ciertos casos» el empleador pueda «autónomamente» extender beneficios del sindicato a trabajadores no sindicalizados; «mantener» las facultades propuestas para la Dirección del Trabajo pero con normas que «garanticen» su independencia y «objetividad» de cara a los trabajadores y los empleadores; y «precisar» la norma referida a la prohibición del reemplazo del puesto de los trabajadores en huelga.
Sobre este último punto -quizá el más controversial del proyecto-, el director de Servicios Laborales y Tributarios de KPMG, Juan Pablo Mesías, advierte que la inclusión del reemplazo con trabajadores internos en caso de huelga puede ser «contraproducente».
«Más bien, creemos que las indicaciones deben apuntar a fortalecer los servicios mínimos y precisar la norma del proyecto que se refiere a la prohibición de reemplazo de trabajadores en huelga. El texto actual es ambiguo, dejando en duda si la función que desarrolla el trabajador en huelga debe suspenderse o puede ser continuada por otro trabajador de la empresa dedicado a lo mismo», asegura el experto.
Para Mesías, la ampliación de los servicios mínimos debe «asegurar» el personal «necesario» para que no se provoque un daño «permanente o severo» al proceso productivo durante la huelga.
«En todo caso, esto no debe llevar al debilitamiento definitivo de la huelga como mecanismo de presión legítima de los trabajadores, que es lo propio de ella como institución jurídica», asegura.
Mesías señala estar «preocupado» de que las indicaciones al proyecto se inspiren «exlusivamente en el juego político», algo «legítimo» pero que «en exceso puede ir en desmedro de la calidad técnica que debe tener la nueva legislación».
«También nos inquieta ver que en la discusión, se traen frecuentemente a colación experiencias legislativas de países extranjeros, normalmente desarrollados (en que la autoregulación y autodisciplina está muy presente en los individuos), con miras a instalarlas ciegamente en Chile, olvidando que se debe legislar para nuestra propia realidad laboral, para nuestra cultura y para nuestras prácticas laborales, buenas o malas que sean», lanza el directivo de KPMG.
mónica fernández: «Ampliar servicios mínimos creará conflicto interpretativo»
En Deloitte son partidarios de mantener el reemplazo en caso de huelga «a lo menos» con trabajadores internos, uno de los puntos que más conflicto ha generado entre las partes a la hora de negociar las indicaciones a la reforma laboral.
Por lo mismo, plantean que extender los servicios mínimos creará un «conflicto interpretativo», debido a la definición del tópico en cada caso.
«¿Cuántas personas son las llamadas a llevar a cabo los servicios mínimos? ¿Quién los define? ¿En cuánto tiempo? El reemplazo interno es preferible, en el entendido que nunca se podrán mantener niveles productivos. Con el reemplazo interno, en definitiva se cubrirá lo básico, pero con un menor desgaste del proceso de negociación», señala la socia de Tax & Legal de la auditora, Mónica Fernández.
Asimismo, propone que se establezca la posibilidad de terminar la huelga después de transcurrido un plazo. «Con o sin reemplazo, la huelga trae consecuencias durísimas para la empresa y los trabajadores. Limitarla en el tiempo -o bien, establecer mecanismos para consensuar acuerdos después de un tiempo razonable- facilitará acuerdos positivos en torno a la negociación», señala Fernández.
La experta plantea que mantener la normativa sobre los pactos de adaptabilidad iría en la línea de «modernizar» y promover la «confianza» en las relaciones dentro del mercado laboral.
También propone reponer el concepto de condenar los actos de violencia dentro de la negociación, tópico que fue excluido del proyecto original durante la tramitación en la Cámara.
«Si bien la legislación general tiene normas para enfrentar estas situaciones, es importante dar una señal clara de la forma como construimos relaciones laborales y el lugar más adecuado para ellos es en la normativa laboral», asegura la socia de la auditora.
Fernández, por último, hace un llamado al Ejecutivo y a los legisladores a «lograr un equilibrio» en el texto legal que «deje contentos a todos» los actores. O, por lo menos, «tranquilos» de que ha primado un criterio «objetivo» y «acorde» a los tiempos actuales.
«Mis expectativas son que prime el equilibrio en esta reforma. El bien común debe priorizarse por sobre el interés particuar de cada una de las partes, por respetable que sea. La normativa laboral afecta más que a trabajadores y empresarios, es importante para toda la sociedad», recalca.
reemplazo interno y servicios mínimos: EY: «Ambos temas son complementarios»
En la auditora EY esperan que las indicaciones del Ejecutivo aborden a lo menos tres puntos: la autorización del reemplazo interno en caso de huelga; la obligación de los sindicatos en todas las empresas de establecer los servicios mínimos antes de la negociación colectiva; y el derecho de los empleadores a extender a otros trabajadores los beneficios pactados con el sindicato, mediante el cobro de la respectiva cuota sindical.
El socio líder de Human Capital de la auditora, Mauricio Peñaloza, señala que la ampliación de los servicios mínimos y el reemplazo con trabajadores internos en caso de huelga son temas «complementarios», que debieran incluirse «conjuntamente» en las indicaciones, ya que «apuntan» al mismo fin.
«O sea, proteger el derecho a huelga, pero respetando el derecho a la continuidad operativa de la empresas y disminuyendo al máximo el perjuicio a tercer personas, como clientes y otros trabajadores», señala el experto.
Peñaloza espera que el Ejecutivo tome en consideración el complejo escenario económico local a la hora de redactar las indicaciones, también teniendo en el horizonte que la situación financiera en China -con una bolsa que se ha desplomado en las últimas dos semanas- podría afectar aún más la actividad en nuestro país.
«Yo espero que el gobierno, ante las diversas opiniones de expertos y la grave situación económica que se avecina -por China- tome las decisiones que corresponden e incluya las indicaciones que corrijan y mejoren el proyecto», expresa.