La Cámara Chileno Británica, que agrupa a inversionistas como Anglo American, BHP Billiton, AMSA y BAT, envió una carta al ministro Valdés con fuertes aprensiones sobre titularidad sindical, el no reemplazo y la ausencia del concepto de «huelga pacífica».

Por Juan Pablo Palacios.

Antes fueron los empresarios norteamericanos congregados en Amcham los que golpearon la mesa y ahora fue el turno de los inversionistas británicos.

Con fecha 28 de agosto de 2015, la Cámara Chileno Británica de Comercio, A.G. (Britcham) que agrupa a firmas como Anglo American, BHP Billiton, Antofagasta Minerals y British American Tobacco, envió al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, una carta con duras observaciones al proyecto de Reforma Laboral que hoy se encuentra en su etapa final de debate en el Senado.

Reino Unido, que incluye a Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es el quinto país con mayor inversión extranjera directa en Chile entre los años 2009 y 2013, con US$ 4.338 millones (4,3% de participación) según cifras del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE).

La misiva, recepcionada el martes en el gabinete de Teatinos 120, advierte a apropósito de la participación de Valdés en el Chile Day que se celebrará en Londres la próxima semana, que uno de los principales temas de debate “que importan a los miembros del gremio y que podría surgir durante su visita” son los cambios a la legislación de relaciones laborales en Chile.

Sobre la base de los comentarios de las empresas socias en un informe que preparó la Cámara respecto de las principales modificaciones que propone la reforma del Ejecutivo, la carta constata que “el proyecto importa un significativo incremento del poder de los sindicatos y, en particular, la necesidad de requerir su autorización para que los beneficios de la negociación colectiva se puedan extender a los trabajadores no sindicalizados. Ello, en la práctica, hará que la afiliación a un sindicato ocurra en forma casi automática”.

Britcham dice que este escenario contrasta con la situación de las organizaciones sindicales en los países de la OCDE, donde con excepción de España, Portugal e Italia, desde el 2000 a la fecha la afiliación promedio a los sindicatos se ha reducido.

“En estas economías se observa un mayor énfasis en la necesidad de transparencia, buenas comunicaciones, capacitación, educación y resolución de conflictos a nivel local, más que a nivel centralizado. Si bien se han fortalecido las facultades de representación de los sindicatos, ello no se ha reducido a una representación única y excluyente para negociar”, señala el texto de la misiva.

La entidad gremial advierte también que la prohibición de reanudar faenas “sin la aquiescencia del sindicato, aparece como una colectivización forzada”.

Sobre la prohibición que impediría al empleador contratar reemplazantes durante la huelga, la Cámara Chileno Británica precisa que, en la práctica, provocará que la compañía detenga sus actividades: “Lo anterior, impondrá al público, clientes, proveedores y contratistas de la empresa sacrificios y pérdidas, y afectará a la larga a toda la economía”.

Asimismo, destacan como “particularmente inquietante, y esperamos que sea un error, que el proyecto haya omitido la palabra pacífica al definir lo que es el legítimo derecho a la huelga, abrogando así un principio básico de convivencia y de larga data en nuestra legislación laboral”.

Finalmente, se consigna que los principales inversionistas internacionales “tendrán especial interés en averiguar la significancia de la reforma laboral propuesta en el contexto más amplio de la política del Gobierno de Chile y, específicamente, cómo aquella estaría alineada con el propósito de tener una economía moderna”.

Resolución del SII

Britcham cuestionó además una resolución de Impuestos Internos que requiere la presentación de una cierta declaración formal acerca del destino de las primas de reaseguro a remesar, como condición para acceder a una tasa más favorable del impuesto de retención, según lo establece el tratado de doble tributación suscrito entre Chile y Reino Unido.

Ello, dicen, significará un trámite redundante, costoso e impracticable, puesto que las oficinas consulares no tienen dotación ni equipamiento suficiente para procesar los requerimientos. “Existe preocupación en la industria del reaseguro en orden a que este negocio pierda competitividad y se vea amenazado” por esta medida, concluye la Cámara.