Ejecutivo trabaja a toda máquina para ingresar este mes un proyecto de ley en tal sentido. También analiza el rol que jugarían los trabajadores públicos a honorarios y los cambios que podrían suponer las propuestas de la Comisión Bravo.

Por Nicolás Vivanco.

Si bien desde 2012 rige la obligación de que los trabajadores independientes realicen cotizaciones previsionales, la normativa consideraba la posibilidad de eximirse anualmente hasta el año 2014, plazo final que culminó en la última Operación Renta. Así, desde 2016 todos los trabajadores a honorarios se verán obligados a destinar el 10% de sus rentas para fines previsionales. En esa línea, el Ejecutivo anunció hace casi un año que postergaría la entrada en vigencia de esta obligación, considerando la poca voluntad de los trabajadores para aportar a sus fondos de pensiones. Sólo en la operación renta de 2015 más de 970 mil personas realizaron el proceso para eximirse voluntariamente, cifra muy superior a los cerca de 73 mil que decidieron cotizar para su vejez.

Desde hace unos meses, el Gobierno retomó su anunció de octubre pasado y trabaja en la modificación de la ley para postergar la entrada en vigencia de la medida. Una de las razones que sustentarían el cambio de fecha sería el momento económico del país, ya que supondría reducir en un 10% la renta líquida de más de un millón de trabajadores, a su vez que la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones entregaría el próximo lunes su diagnóstico y propuestas a la Presidenta Bachelet, dentro de los cuales se plantea elevar la tasa de cotización hasta un 15%.

Dado ello, en el Ejecutivo se analiza la modificación de la medida para que calce con la cotización de salud, que entrará en régimen en 2018 y obliga a los trabajadores honorarios a aportar el 7% de su renta.Esta propuesta aún no es de consenso, ya que significaría un impacto relevante para los ingresos de los independientes, pese a que el aporte a salud está mucho más concientizado que la cotización previsional. Así se trabaja en afinar las fechas y no generar mayor reticencia con los trabajadores a honorarios, particularmente con los empleados públicos, quienes se han manifestados muy reacios a la medida.

La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, ya comenzó a manifestar los cambios que ingresarían al Congreso en septiembre. En una reunión de hace dos semanas en la V Región, donde participó junto al diputado DC Aldo Cornejo, planteó lo que considera el proyecto a una coordinadora de trabajadores a honorarios.

En esa línea, desde la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios Públicos, Pablo Tapia explicó que la opción de postergar no es algo que celebren. “Creemos que el Gobierno no tiene atributos morales para aplicar un descuento a los trabajadores honorarios, siendo que por años los ha tenido en el mismo nivel. El Gobierno exige y exige leyes que luego no cumple”, aseguró.

Tapia reconoció que la postergación les permitiría seguir negociando para que se cambie la situación contractual de los honorarios o se elimine la obligación. “Mientras el Gobierno no reconozca a los honorarios que cumplen labores permanentes nuestra idea es que no se aplique ese descuento. Por eso la postergación viene a ser una solución parche”, dijo. El líder gremial señaló que la autoridad debería hacer un plan de trabajo para que los honorarios que cumplen faenas permanentes desaparezcan del Estado. “Si se está pensando en hacerlo coincidir con la entrada en vigencia del descuento de salud, es algo que no nos deja satisfechos”, manifestó.

Esta opción es crítica para el Ejecutivo ya que supondría elevar en torno al 22% la renta de quienes pasen a contrata, considerando que la Comisión Bravo aconsejará aumentar hasta 15% la tasa de cotización, escenario que por las condiciones de la economía, presupuesto, precio del cobre y los efectos fiscales, no sería viable.

Efecto en pensiones

Desde la Asociación de AFP explicaron que, de acuerdo a las propias cifras de la Subsecretaría de Previsión Social, en promedio los hombres cotizan durante 24 años y con ello financian 20 años de pensiones, mientras que las mujeres promedian 15 años de cotización para financiar 30 años. “Estas cifras muestran claramente que las lagunas previsionales es el principal responsable de que muchas pensiones sean bajas”, señaló Francisco Margozzini, gerente general de la entidad.

“Claramente mientras antes se aplique la ley en curso es mejor porque se protege a los trabajadores y se aumentan sus pensiones”, aseguró.

En tanto, frente a las licitaciones de cartera que adjudica a la AFP ganadora las cotizaciones de los nuevos entrantes, Margozzini dijo que la administradora que obtuvo la licitación, PlanVital, consideraba el ingreso de los trabajadores independientes y que la postergación es “un cambio en las reglas del juego”.

En tanto, en PlanVital si bien se han visto beneficiados por la adjudicación de la cartera con un alza del 87% de sus afiliados desde junio de 2014 al cierre del primer semestre, fuentes conocedoras de la operativa interna aseguran que existe la expectativa de que el Gobierno pueda compensar el cambio en la normativa.