Asesores de Trabajo y Hacienda analizan las propuestas y buscan zanjar las diferencias de criterio existentes entre ambas carteras.

Por Carlos Agurto.

“Tenemos un acuerdo respecto de las indicaciones que nosotros presentamos”. De esta forma, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, reveló cuál es el real nivel de consenso que existe en el gobierno, principalmente con el Ministerio de Hacienda, de cara a la discusión de las enmiendas al proyecto de reforma laboral que comenzará el próximo martes 30 de septiembre su discusión en particular en la Comisión de Trabajo del Senado.

Y es que la participación del jefe de las finanzas públicas Rodrigo Valdés en la presentación de las indicaciones de la bancada de legisladores pro-pyme, liderada por el senador PPD Eugenio Tuma, enfatizó las diferencias de criterio existentes en ambas carteras respecto del camino que debe tomar la iniciativa.

Esto porque pese a que estaba presupuestado que tras la presentación de más de 60 indicaciones por parte del gobierno -el sábado 12 de septiembre- un grupo de senadores intregrado por el propio Tuma, Andrés Zaldívar (DC), Ignacio Walker (DC), Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI) incluiría otro paquete de cambios con el objetivo de beneficiar específicamente a las micro y pequeñas empresas (Mipes, con menos de 50 trabajadores), el contenido de los mismos sorprendió no a pocos al interior del gobierno y la Nueva Mayoría,

Lo anterior porque dos de ellas apuntan a aspectos considerados “centrales” del proyecto: un aumento de ocho a 25 en el quórum mínimo de trabajadores exigido para la constitución de sindicatos en las Mipes, y la posibilidad en que en estas compañías puedan subsistir grupos negociadores distintos de los sindicatos.

Por esta razón, los equipos técnicos de Hacienda y Trabajo se han reunido en los últimos días para revisar y analizar dichas enmiendas y definir si contarán o no con el respaldo del Ejecutivo.

Desde Hacienda aseguran que ese fue el compromiso asumido por Valdés tras la firma del acuerdo alcanzado por este grupo de senadores y no necesariamente entregar un apoyo explícito a dichas enmiendas.

Sin embargo, la lectura en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) liderada por Bárbara Figueroa fue diametralmente distinta. La dirigenta criticó con dureza al secretario de Estado por apoyar indicaciones que, según señaló en entrevista con La Tercera, “nunca” fueron planteadas por la autoridad en la serie de reuniones que sostuvieron para discutir los contenidos del proyecto.

“Si respaldan indicaciones fuera de las que ellos mismos presentaron significa que están actuando de manera tramposa”, sostuvo Figueroa.

“Solución fácil”

En ese contexto, una fuente al interior del gobierno que participa de las conversaciones plantea que el aumento del quórum es percibido como “una solución fácil para un problema complejo” ya que establecer una nueva sub-categoría de empresas pequeñas podría ser un incentivo hacia la fragmentación artificial de empresas de menor tamaño. Además, subraya que no existe evidencia empírica que sustente que un incremento en los quórum sea una solución para la negociación colectiva en este tipo de empresas.

Por ello desde el Ejecutivo aseguran que actualmente se están discutiendo fórmulas que permitan recoger las distintas necesidades y capacidades de las firmas de menor tamaño pero que no se ha tomado ninguna decisión sobre si ello se debe abordar, por ejemplo, permitiendo grupos negociadores paralelos a los sindicatos.

Al respecto, el senador PS y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier, confirmó que el gobierno aún no se ha pronunciado si respaldará o no la coexistencia de grupos negociadores, “pero dudo que se decida a apoyar indicaciones que rompan los acuerdos que existen en la Nueva Mayoría, más aún cuando hay voces en la Cámara de Diputados que están insatisfechos con las indicaciones”.

En caso que esta indicación de los parlamentarios pro-pyme no cuente con el apoyo del Ejecutivo, podría ser declarada inadmisible, atendida la limitación constitucional que confiere de manera exclusiva a laPresidenta de la República la iniciativa para modificar las normas sobre negociación colectiva.