Las paralizaciones de facto y los pronunciamientos de la justicia han hecho que para los empleados públicos ya no sea tan urgente que se legisle para regular su derecho a huelga. Al contrario, una regulación al respecto podría menoscabar su fuerza a la hora de movilizarse.
La negociación colectiva que se da en el ámbito privado, por ejemplo, está sujeta a procedimientos altamente reglados, que establecen cuándo presentar una demanda de mejoras salariales, cuánto tiempo esperar por una contrapropuesta del empleador y cuándo votar la huelga. También está reglado el descuento de los días no trabajados y, por ahora, el reemplazo.
En el sector público, en cambio, las paralizaciones se dan, en la práctica, en cualquier momento del año.
La senadora de la DC, Carolina Goic, presentó en julio de 2007 un proyecto de reforma que apunta a permitir y regular la negociación en el sector público. A juicio de la parlamentaria, sería mejor reconocer el derecho a negociar de estos funcionarios y tener un mecanismo que permita procesar el conflicto: «Esto permitiría ordenar el tema», señala Goic.
Hasta ahora, el Gobierno no tenía entre sus prioridades patrocinar esta iniciativa, pero los efectos del paro del Registro Civil han hecho que se reactive esta posibilidad, de modo que los funcionarios no paralicen en cualquier momento del año: «Nos gustaría legislar, lo que implica regular la huelga y los límites que deben imponerse, considerando las particularidades del sector, que tiene instituciones que atienden necesidades básicas de la población y cuya paralización afecta a muchas personas que no tienen otra alternativa», señalan en el Ministerio del Trabajo.
Los trabajadores, en cambio, consideran que sería beneficioso regular en la medida que la legislación reconociera las modalidades de negociación que han instaurado en los hechos.
«Nosotros somos partidarios de que exista una regulación que sistematice lo realizado de hecho. Nosotros tenemos negociación en tres niveles. Todo esto ha funcionado y debiera regularse», afirma De la Puente.
Para el asesor legislativo de la Fundación Avanza Chile, Juan Francisco Galli, la paralización del Registro Civil ha servido para develar la inconsistencia del Gobierno en esta materia, puesto que mientras patrocina una iniciativa que prohíbe el reemplazo en huelga en el sector privado, plantea la necesidad de regular y poner límites a los paros del sector público: «Resulta muy contradictorio que el Gobierno considere legítimo reemplazar a los funcionarios en paro del Registro Civil, mientras que al mismo tiempo esté legislando para prohibir el reemplazo en las empresas, incluso el interno. Es una inconsistencia muy relevante que esperamos se revierta, que incluso contraviene la práctica y legislación mayoritaria de los países más desarrollados», afirma.
Domingo Pérez, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), es partidario de mantener la libertad de acción de los sindicatos del sector público en esta materia: «Lo que se requiere no es que se siga definiendo cuándo y cómo deben llevar adelante sus formas de negociaciones, sino que dar más autonomía y herramientas para que los trabajadores con su contraparte definan cómo quieren negociar. Si los empleados definen que están en un pie aceptable de negociación, y no requieren que se legisle en torno a ellos, es cosa de ellos».