Algunos señalan incluso, que derechamente la huelga no debería existir en esta área, o que se debería incluir a las firmas públicas y ciertos sectores administrativos en el listado anual de empresas estratégicas sin huelga y con mediación obligatoria.
Por Pierina Bertoni.
El paro del Registro Civil ha abierto un debate que aparecía en segundo plano para el Ejecutivo: restablecer el derecho de negociación colectiva al sector público.
Es algo que se les prometió este año, específicamente en el aniversario de la muerte del líder sindical y ex presidente de la Anef, Tucapel Jiménez. En ese momento, las entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y de Segpres, Ximena Rincón, se comprometieron con el titular de la Anef, Raúl de la Puente, a restituir este derecho.
Han pasado unos meses, y luego del acalorado debate que ha generado la Reforma Laboral y las acusaciones desde el empresariado por las restricciones que impone a los empleadores, la pregunta que surge es, ¿cómo será esta “reforma laboral” para el sector público?, considerando la experiencia del paro del Registro Civil.
Al respecto, expertos laborales coincidieron que es un tema difícil para el Ejecutivo, y algunos creen que la Reforma Laboral actualmente en discusión puso en jaque al Gobierno al momento de enfrentarse a los cambios laborales del sector público.
Sergio Morales, abogado de Libertad y Desarrollo, señala enfáticamente que el sector público no debería tener derecho a huelga, ya que “la paralización de un servicio público trae consecuencias extremadamente perjudiciales para la población, que en el fondo trascienden del conflicto laboral propiamente tal y el mejor ejemplo es lo que pasa en el Registro Civil y lo que pasó en la Dirección Aeronáutica Civil”. Asegura que por lo delicado del servicio que prestan estos organismos, es que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que los funcionarios públicos no tendrían derecho a huelga.
Propone que deberían existir otras instancias de mediación como una mesa permanente de negociación, y que los reajustes sean realizados por organismos técnicos especializados. Aclara que “el aumento de las remuneraciones y las plantas es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pero debe ser materia de ley”.
Para el abogado Hector Humeres, del estudio AHMT, el origen de la discusión radica en que Chile ratificó el convenio 151 de la OIT, el cual permite la negociación colectiva en empleados públicos y, con ello, la huelga.
Sin embargo, asegura que “la huelga es la última opción y se pueden establecer medios de solución pacíficos antes de ir a la huelga, como la mediación”. Por lo mismo postula que ante una eventual reforma laboral para este sector se deberían reglar más pasos previos.
Además postula que una de las opciones del Ejecutivo podría incluir algunos sectores del funcionamiento del Estado dentro del listado de empresas estratégicas que no pueden ir a huelga y se verían forzadas a un arbitraje obligatorio.
Huberto Berg, de Berg Consultores, sostiene que cualquier cambio debería tener en consideración dos aspectos: “la prioridad son los ciudadanos, y son los que pagan finalmente las platas que el Gobierno asigna a través de los impuestos”. Propone entonces incorporar como contraprestación por parte de los trabajadores del sector público un compromiso de aumento de productividad y entrega de mejor servicio, porque “la sensación que uno tiene como observador es que todas las platas que los gobiernos de turno entregan no es a cambio de estas ideas, sino que a cambio de que vuelvan a trabajar y eso evidentemente no puede ser”. Es aún más enfático al señalar que “establecer una huelga sin derecho a reemplazo es una torpeza y solamente obedece a una mirada miope del mundo laboral; una huelga sin reemplazo lo que provoca es exactamente lo que le está pasando a los miles de chilenos que hoy no tienen como obtener un servicio que para ellos es básico. Querer replicar el error que se está cometiendo en la Reforma Laboral en el sector público es cuadriplicar el error”.
Finalmente el ex subsecretario de Trabajo, Zarko Luksic señala ante un eventual fortalecimiento de la mediación: “No sé si la entidad indicada para regularlo sería la Dirección del Trabajo, hay que buscar una fórmula donde haya un órgano que se haga cargo de la fiscalización, debería hacerlo la Contraloría. Claramente habría que tener un organismo, incluso se podría crear un organismo distinto”.
En cuanto al reemplazo, admite que “estamos frente a un servicio público, que le otorga un servicio a la ciudadanía, y por lo mismo debería tener un tratamiento especial”.