El conflicto, que ya completa un mes, se agudizará hoy con el paro nacional convocado por la ANEF

Trabajadores rechazaron una oferta de La Moneda que se basaba en el Incentivo de Satisfacción Neta, un bono sujeto a una evaluación de cómo atienden al público.

Por M. J. Ahumada, L. Adriasola, S. Sottorff y M. Gálvez.

La advertencia se hizo varias veces desde La Moneda. El Gobierno no negociaría con los funcionarios del Registro Civil mientras estos no depusieran un paro «ilegal».

La presión en torno al conflicto, sin embargo, escaló a tal punto que en la noche del lunes, y por primera vez en 28 días, el Ministerio de Justicia se sentó a dialogar con los dirigentes de los trabajadores y les presentó una propuesta para terminar con la movilización.

Reunidos en las oficinas de Huérfanos con Manuel Rodríguez, centro de operaciones de los trabajadores, en las conversaciones participaron el economista Carlos Aparicio, el abogado Eduardo Paredes -asesores de la ministra Javiera Blanco- , representantes del servicio y la presidenta de los funcionarios, Nelly Díaz. El diálogo progresó de tal forma que continuó en la mañana de ayer. Incluso en La Moneda hubo quienes pensaron que la movilización terminaría durante el día, justo en la víspera del paro nacional convocado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

«Hay señales que han permitido abrir un espacio de diálogo y esperamos que prosperen», afirmaba a mediodía el ministro vocero, Marcelo Díaz.

Lo vieron por TV

Sin embargo, la respuesta de la asamblea de trabajadores fue categórica: la propuesta del Gobierno se rechazaba. Lo anunciaron pasadas las 15:00 horas y lo reiteraron poco antes de las 22:00, pues en el intertanto hubo nuevos acercamientos.

«¿Querían un gesto? El gesto está», aseguraba Blanco en La Moneda, minutos después de ver por televisión el primer pronunciamiento de Nelly Díaz.

«Vamos a seguir en esa línea. Estamos disponibles, siempre con las puertas abiertas, esperando una respuesta positiva de la dirigencia para echar para adelante todo el trabajo que se nos viene y deponer una movilización que afecta a tantos chilenos y chilenas», agregó la titular de Justicia, acompañada por el ministro Marcelo Díaz.

En la sede del Ejecutivo, el análisis del conflicto está centrado en las oficinas del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. A ella concurren a diario la ministra de Justicia, el subsecretario Ignacio Suárez y el director del Registro Civil, Luis Acevedo.

Pero dada la espiral que ha alcanzado el paro, anoche el grupo se trasladó al segundo piso, a la oficina de Ana Lya Uriarte, jefa de gabiente de la Presidenta Michelle Bachelet, para analizar las acciones a seguir.

La estrategia del Gobierno pretendía desactivar la movilización antes del paro de la ANEF, para que el conflicto no crezca de cara a la venidera negociación del reajuste del sector público. Y si bien los funcionarios se mostraron dispuestos, en La Moneda creen que Nelly Díaz optó por extender la protesta justamente para hacer hoy una demostración de fuerza con el resto de los empleados fiscales.

Visada previamente por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la propuesta del Ejecutivo planteaba crear una mesa de trabajo apenas los funcionarios vuelvan a sus labores. La instancia elaboraría un proyecto de ley que fijaría bonificaciones o mejoras salariales. Sin detallar los montos ofrecidos, Blanco aseguró que el Ejecutivo planteaba una mejora salarial en 2017, que incluso podría entrar en vigencia en los últimos meses de 2016.

Se trata del Incentivo de Satisfacción Neta (ISN), un bono que se paga a cada trabajador en función de una evaluación de la atención al público. La idea era enviar el proyecto de ley al Congreso en diciembre y aprobarlo en el primer semestre de 2016. Eso permitiría que parte de los beneficios se paguen desde octubre o noviembre, para quedar plenamente vigentes en 2017.

Esto no convenció a Nelly Díaz, quien criticó la «tardía» reacción del Gobierno y cuestionó la ausencia de montos concretos.

«Es algo distinto a lo que estábamos pidiendo (…) Por tanto, mañana (hoy) seguimos con este paro indefinido hasta que no se aclaren los instrumentos, los montos y si Hacienda se reunirá con nosotros», sentenció.

Según fuentes al tanto de las negociaciones, el acuerdo se trabó porque los funcionarios exigían un bono de $1 millón, a pagar durante 2016, para sentarse a dialogar sobre el ISN. Al respecto, Acevedo confirmó que la contrapropuesta que hicieron los trabajadores plantea «duplicar el millón de pesos» que ya tienen como bono anual.

Agregó que el Gobierno considera «poco razonable» pagar un bono cuyo costo fiscal es de $3 mil millones y le pidió a Nelly Díaz que «armonice sus aspiraciones, se ponga una mano en el corazón y no pierda el foco en esto. Desmovilicemos, volvamos a trabajar».

El paro organizado para hoy por la ANEF abarca 188 instituciones que solo atenderán a la población con turnos éticos.

En La Moneda, en tanto, diputados de la UDI entregaron una carta dirigida a la Presidenta Bachelet, en la que demandan una solución rápida al conflicto. Además, no descartaron una interpelación a la ministra Blanco.

Nueva remoción
La directora regional metropolitana del Registro Civil, Ana Cristina Celis, fue removida de su cargo. Fue reemplazada por el abogado independiente Ismael Chamorro, de confianza de Luis Acevedo. La trastienda del paro: funcionarios marcan su hora de salida, polémico negocio paralelo en Arica y el «terapeuta» de Catedral
Trabajadores marcan asistencia:

Una larga fila -que avanza más rápido que la que a diario están haciendo tanto chilenos como extranjeros en calle Catedral para obtener cédulas de identidad o pasaportes- hacen cada mañana los funcionarios en paro del Registro Civil para marcar su asistencia a «trabajar».

Este sería el motivo por el cual el Gobierno no habría podido aplicar descuentos en las remuneraciones de los trabajadores movilizados en octubre, tal como lo había anunciado el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez.

En el próximo pago, Justicia pretende aplicar esta sanción, ya que también se instruyó un sumario para esos efectos.

En Arica, comerciante lucra con certificados:

Dirigentes de los funcionarios del Registro Civil de Arica anunciaron ayer que denunciarán ante la Contraloría General de la República la habilitación de al menos un local comercial, ubicado en la céntrica calle 21 de Mayo, donde se ofrece sacar documentación y se cobra por ello.

«Amerita el reclamo, porque no hay personas con responsabilidad administrativa. No deberían usar un logotipo o forma de identificación del Gobierno. Induce a error, y jamás habíamos visto algo así», dijo Francisco Hernández, tesorero de la asociación de funcionarios

El hombre que calma a los impacientes:

Para quienes han debido ir durante dos, tres o más días a la oficina de contingencia que dispuso el Registro Civil para la entrega de documentos, en Catedral 1772, en Santiago, Héctor Sepúlveda, jefe de Administración del Registro Civil, se ha transformado en una «luz» de esperanza.

Más allá de llamar con un megáfono a los «afortunados» del día, ha debido consolar y socorrer a quienes han sufrido malestar en la fila. Sepúlveda explica que un pequeño equipo hace «lo posible» por encontrar cada documento entre los más de 10 mil que alberga esa sucursal.

Luego de la movilización de 2013 no hubo descuentos por días no trabajados ni despidos
En la memoria de los usuarios del Registro Civil aún está la paralización de septiembre de 2013: duró 29 días y que dejó 1.090.512 trámites pendientes. Hasta hoy era el paro más extenso del servicio, que desde 2002 ha tenido cuatro de carácter nacional.

Dicha paralización no solo develó la situación salarial de sus más de tres mil trabajadores, sino que evidenció irregularidades y otros problemas.

Infraestructura deficiente, pugnas al interior de la dirigencia sindical y, sobre todo, serias carencias tecnológicas estaban entre las problemáticas que salieron a la luz dos años atrás.

De hecho, en ese momento, la normalización de los servicios se extendió durante varios meses, producto de las constantes fallas que sufrieron las plataformas tecnológicas. Asimismo, sus oficinas tuvieron que abrir los sábados durante un mes para concretar la entrega de documentos pendientes.

Y pese a que en ese momento la administración del Presidente Sebastián Piñera anunció sumarios administrativos, descuentos por días no trabajados y eventuales despidos de los trabajadores involucrados, eso nunca se concretó.

Así lo confirman tres ex altos personeros involucrados en las negociaciones de 2013 consultados por este diario. Explican que entre septiembre de ese año y marzo de 2014, época del mayor colapso de la institución, hubo 27 sumarios administrativos.

De todos ellos, 22 tenían que ver con robos en distintas oficinas y ninguno concluyó que alguien tenía que ser desvinculado de la institución después de la extensa movilización.

En ese sentido, tampoco hubo una clarificación concreta acerca de doce inusuales hurtos que terminaron con la pérdida de equipos, documentos e, incluso, cédulas de identidad.

Por eso hay preocupación en el Gobierno acerca de qué medidas administrativas se tomarán ante el actual paro, pues pese a que el director del Registro Civil, Luis Acevedo, anunció una intensificación de los sumarios para determinar descuentos o despidos, ese es un flanco pendiente que podría entorpecer las negociaciones o extender la paralización.

Esto, porque la presidenta de los funcionarios, Nelly Díaz, advirtió que ante la desvinculación de algún trabajador, la protesta se radicalizaría.