El diputado plantea que no podrán declarar huelga quienes trabajen en servicios de utilidad pública, entre otros.

Por Ángela Chávez M.

Cuando se cumple más de un mes del paro de los funcionarios del Registro Civil, afectando a miles de usuarios, el diputado socialista Osvaldo Andrade, llegó ayer hasta el Ministerio del Trabajo para presentar una moción de reforma constitucional que permitirá establecer el derecho para que los trabajadores del sector público puedan negociar colectivamente.

La iniciativa, que el parlamentario ingresaría formalmente al Congreso el martes y que viene a hacerse cargo de un compromiso programático asumido por la presidenta Bachelet, apunta a regular el derecho a huelga tanto de los trabajadores del Estado como de las municipalidades.

De hecho en la fundamentación de la moción, el diputado quien además encabezó el Ministerio del Trabajo en el primer gobierno de la mandataria (2006-2010), plantea que la gama de instrumentos internacionales suscritos por nuestro país «no guardan simetría con los estándares de protección de los derechos colectivos de los trabajadores públicos», como es el Convenio 151 de la OIT.

Ello, agrega, ha significado que «el desarrollo de relaciones laborales en el sector público no exentas de efectos negativos, como negociaciones sin una periodicidad prefijada, paralizaciones desreguladas que afectan a la población y, en general, la configuración de un cuadro de incertidumbre sobre la protección de los derechos de los trabajadores de este sector de la economía».

En esa línea, el diputado sostiene que dada la importancia de la labor del Estado como prestador de servicios que permiten y facilitan el funcionamiento de la actividad económica en distintas áreas, así como el ejercicio por parte de la ciudadanía de múltiples derechos individuales, «hace necesaria una mirada reformadora sobre los mecanismos a través de los cuales el Estado negocia las condiciones de empleo de quienes son sus trabajadores y sobre los mecanismos de resolución de conflictos que puedan coadyuvar a un mejor nivel de relaciones laborales en el sector».

Con todo el parlamentario plantea que los esfuerzos para regular este tema deben enmarcarse en «un esquema legal que permita a las partes acceder a negociaciones colectivas eficientes y efectivas, protegiendo tanto los derechos de los trabajadores a presionar por mejores condiciones de empleo y remuneraciones, como también permitir al Estado ejercer de mejor forma su mandato de servicio a la ciudadanía y sus intereses».

En su propuesta, Andrade no sólo establece que una ley fijará «las modalidades y procedimientos a través de los cuales los funcionarios del Estado y de las Municipalidades podrán ejercer su derecho a negociar colectivamente», sino que también «no podrán declarar la huelga las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, la economía, el abastecimiento de la población o a la seguridad nacional».