Proyecto que moderniza la justicia tributaria se encuentra entrampado en la Cámara. Ejecutivo retiró la suma urgencia el mes pasado.

Por Sebastián Valdenegro.

El 2015 ha sido un año especial para la justicia tributaria. Los casos de financiamiento irregular a la política -Penta y SQM, entre otros- han elevado la carga de trabajo no sólo para el Servicio de Impuestos Internos (SII), sino que también para los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). Y algo de aquello ya se está reflejando en las cifras.

Según datos al segundo trimestre, las causas en trámite en la justicia tributaria se dispararon 16% respecto al mismo período del año pasado, situándose en 1.955, un incremento de 273 causas no terminadas en el período. La cifra se acerca al máximo histórico de casi 2.000 archivos pendientes registrado en el último cuarto de 2014.

Esto se complementa con la caída de más de 21% que anotaron las causas terminadas en el período. En tanto, los expedientes ingresados al sistema se redujeron 31,2% en el segundo trimestre. O sea, los tribunales se están demorando más tiempo en resolver las causas.

El tribunal donde más patente ha sido el incremento en la carga de trabajo es en el Tercero de la Región Metropolitana, con un alza de más de 450% en las causas en trámite (ver infografía).

«Este incremento se debe a que el SII ha implementado desde hace ya algunos años, una fiscalización con criterio antielusivo. Mientras los contribuyentes no adapten su cultura de negocios al nuevo criterio del SII, la judicialización seguirá en aumento», advierte Claudio Bustos, socio de Bustos & Cía.

Proyecto entrampado

Desde el 3 de marzo que el Congreso se encuentra tramitando un proyecto de ley para fortalecer la justicia tributaria, radicado en la comisión de Constitución de la Cámara.

Consciente del retraso en la tramitación del proyecto -debía estar aprobado en mayo de este año- y ante la inminencia de la entrada en vigencia de la norma general antielusión (30 de septiembre), el Ejecutivo puso suma urgencia al texto el 3 de septiembre.

Sin embargo, el 16 de septiembre quitó la urgencia desde «suma» a «simple», la cual ratificó el 15 de octubre, para incluir indicaciones al proyecto.

Los expertos advierten que ante el alza en la judicialización en la justicia tributaria, el Ejecutivo debe priorizar el proyecto de fortalecimiento de los TTA.

Esto, especialmente considerando el impacto de la cláusula antielusión en las organizaciones societarias de los contribuyentes, las cuales podrán ser objetadas por el SII. Las discrepancias deberán ser resueltas por la justicia tributaria.

«Es importante acelerar el proyecto, para terminar de una vez con este clima de que en Chile no hay un buen ambiente de negocios», advierte el socio de AK Contadores, Patricio Gana.

El socio de Tax & Legal de RSM Chile, Cristián González, señala que la tramitación debería «apurarse» siempre y cuando implique una mejora en el funcionamiento de los TTA. «Especialmente porque el proyecto contempla la conciliación entre las partes, lo que claramente puede constituir una ventana para lograr un acuerdo contribuyente/fisco».

Mientras que el tributarista de Aguayo, Ecclefield y Martínez, Sergio Endress, señala que dada la naturaleza del proyecto, con «importantes modificaciones», como la conciliación entre contribuyente y Fisco, el texto «debe ser aprobado a la brevedad» por el Congreso.

«El proyecto establece un sistema de conciliación, de terminar con los conflictos tributarios de forma rápida. Esto es importante porque persigue acortar procedimientos, mejora el sistema tributario más allá de un largo juicio que puede ser pernicioso para ambas partes», plantea.

Oscar Meriño, presidente asociación de magistrados de los TTA: «La norma antielusión hace prever que la litigiosidad irá en aumento»

– La judicialización en la justicia tributaria viene al alza. ¿A qué lo atribuye?
– El aumento de la judicialización respondería principalmente a dos factores: uno, dice relación con la confianza que de a poco han ido ganando los TTA por parte de los contribuyentes; y segundo, por un aumento de la labor fiscalizadora del SII.
Respecto del primer punto, desde la puesta en marcha de los tribunales en 2010, los contribuyentes han visto como una posibilidad cierta el alegar sus pretensiones frente a un tribunal independiente, formado por profesionales de alto nivel y fallos de buena fundamentación.

– ¿El nuevo criterio de fiscalización del SII ha implicado una mayor carga de trabajo para los TTA?
– Es innegable que tanto la administración tributaria como la aduanera han aumentado sus programas de fiscalización que finalizan en actuaciones reclamables. Cabe destacar que esta es una tendencia que sólo irá en aumento, con lo que evidentemente la judicialización aumentará, en especial porque estamos frente a un escenario donde recién se aprobó la reforma tributaria, que considera aumentar la planta del SII en 500 fiscalizadores. A fines de septiembre entró en vigencia la norma general antielusión, la que supone un nuevo y complejo procedimiento ante los TTA, quienes en definitiva serán los que tendrán que definir su aplicación. Todo esto hace prever un escenario en que la litigiosidad irá en aumento.

– El gobierno ratificó la urgencia simple para el proyecto que moderniza los TTA. ¿Debe apurarse la tramitación?
– El proyecto trae soluciones importantes y urgentes para la justicia tributaria y que benefician directamente a los actores del sistema, por lo que creemos que debiera ser una prioridad para el gobierno y el Parlamento. Esperamos que se consideren estos antecedentes y se le dé una pronta tramitación.