El próximo viernes a las 17 horas se inicia la discusión entre la mesa del sector público y el Gobierno. Mientras eso sucede, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda fijan criterios.
Por Carlos Alonso.
El próximo viernes, a las 17 horas, se dará inicio a la primera reunión entre el Gobierno y los 15 gremios que componen la mesa del sector público. El objetivo de este encuentro es consensuar una cifra en común para enviar el proyecto de ley al Congreso con la venia tanto del Ejecutivo como de los dirigentes sindicales.
La propuesta entregada por la mesa del sector público incorpora un reajuste de 8% nominal, junto con un bono de vacaciones por $250 mil y un reajuste de 12% para la asignación escolar entre otras materias.
Una vez finalizada las conversaciones entre las partes, el debate legislativo se inicia en la Comisión de Hacienda de la Cámara. En ese contexto, entre los parlamentarios que integran dicha instancia no hay coincidencia en el porcentaje del reajuste, ya que las visiones entregadas, en su mayoría, fluctúan entre 4,5% y 5%, aunque otros sostienen que debe estar un punto por sobre la inflación.
Asimismo, coinciden en la necesidad de establecer alguna institucionalidad que fije criterios objetivos y claros para llegar a alguna cifra, tal como lo debiera ser para la negociación del salario mínimo.
Debate
Como fecha preliminar se espera que el proyecto ingrese a trámite la semana del 16 de noviembre, aunque no hay claridad todavía sobre fechas. Cabe recordar que el reajuste debe estar aprobado antes del 30 de ese mes, pues comienza a regir el 1 de diciembre. Sin embargo, en otras oportunidades, la negociación se ha extendido más allá de ese plazo y se aplica con efecto retroactivo.
El diputado Pablo Lorenzini (DC) señaló que “lo razonable, debido al escenario económico, es que el Ejecutivo haga una propuesta de 3,5% a 4% para comenzar a negociar, pero en el Congreso es probable que pueda llegar a 5% como máximo”. Mientras que el jefe de bancada de los diputados del PS, Manuel Monsalve indicó que “lo más probable es que la discusión sea compleja, considerando el escenario de menores ingresos que tiene el fisco”. Sin embargo, precisó que “se debe hacer varios esfuerzos para acercarse a la cifra que piden la mesa del Sector Público (8%)”.
De acuerdo a Monsalve el alza que ha tenido la inflación que tiene consecuencia directa en el costo de la vida de los trabajadores, por lo que se justifica que el reajuste esté por sobre la inflación acumulada en 2015. “Estamos partiendo básicamente en 4%. Espero que podamos cifra intermedia entre 4% y 8%, es decir algo cercano a 6%”. El diputado espera que se logre un acuerdo antes de la votación, por ello, llamó a tanto al Gobierno como a los funcionarios públicos y a los parlamentarios a realizar un “esfuerzo previo al ingreso del proyecto”.
Marcelo Schilling (PS) argumentó como regla general que “debiera ser un punto más que la inflación”. El parlamentario argumentó además que “se puede explorar algunas alternativas, como por ejemplo, para los tramos más bajos un reajuste mayor, incluso de 8%, y para los más altos o de confianza se podrían congelar”, puntualizó.
El diputado Patricio Melero (UDI) acotó: “El Gobierno debiera hacer un esfuerzo por garantizar a lo menos el IPC acumulado, puesto que cifras menores a esa generar dificultades en la aprobación”. El diputado Alejandro Santana (RN) dijo que “un reajuste de 8% es alto en un escenario macroeconómico como el actual, donde el fisco está recibiendo menos ingresos a los proyectado, por ello, la discusión sobre el reajuste debe ser responsable”.
El año pasado el incremento fue de 6% y el Gobierno no logró el acuerdo con todos los gremios. Mientras que en los últimos tres años bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera el reajuste fue el mismo, de 5% nominal, pese a las peticiones de los funcionarios, que por ejemplo sólo en 2013 demandaron 8,8% de incremento y 10% para quienes recibieran un sueldo inferior a $750 mil.
Institucionalidad
Cada vez que se negocia el reajusta del sector público, como el de salario mínimo aparece el debate de la necesidad de establecer una institucionalidad que en base a parámetros objetivos y técnicos se establezca una cifra de reajuste.
En ese sentido, el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, señaló: “Se debe abordar de manera profunda y clara con resultados concretos la negociación del sector público, ya que la ausencia de una regulación apropiada termina por afectar a la ciudadanía”.
Monsalve acotó que “se debiera establecer una fórmula para que se calcule en base a factores objetivos como la inflación, el crecimiento y poder adquisitivo, cual es una reajuste razonable, y así no estar todos los años en discusión arbitraria y subjetiva en el Congreso”. En tanto, Santana aseveró que “se debe fijar el reajuste en base a reglas y parámetros macroeconómicos claros”.