Funcionarios piden una asignación anual de $ 2.500 millones para sus 3.182 miembros. En tanto, el Ejecutivo rechazó la contraoferta y puso sobre la mesa $ 1.500 millones.
Por Víctor Rivera y Carlos Reyes.
Desde la semana pasada a la fecha ya van siete reuniones entre la ministra de Justicia, Javiera Blanco; sus asesores; Enrique Paris, el representante del Ministerio de Hacienda; y la directiva de los funcionarios en paro del Registro Civil, encabezados por Nelly Díaz. Los encuentros buscan poner fin a una movilización que hoy cumple 38 días, donde el factor económico es la piedra de tope para darle una salida al conflicto, en que los ánimos comienzan a tensarse.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, la contraoferta realizada el martes por los funcionarios del servicio al Ministerio de Justicia consiste en que se les entregue un bono de $ 2.500 millones anuales, lo que se traduce en una asignación particular de $ 790 millones cada año, a partir de 2017. Estos fondos son aparte de la bonificación ya existente por Indice de Satisfacción Neta (ISN), que es de $ 1.160.000 para cada uno de los 3.182 asociados, siempre y cuando tengan más de un 80% de satisfacción del usuario.
Sin embargo, la propuesta de los trabajadores fue rechazada de plano por el Ejecutivo, argumentando que no se ajusta a la realidad económica del país. Es por eso que el gobierno contraatacó y puso sobre la mesa $ 1.500 millones anuales para los trabajadores por cumplimiento de tarea (productividad), sin tomar en cuenta el bono ISN. Esto se traduce en $ 471 mil para cada funcionario al año.
El instrumento de entrega de los fondos, es decir, cómo se va a disponer a los funcionarios, será lo que se tiene que determinar en la mesa de trabajo entre Justicia y los trabajadores del servicio. Nelly Díaz no quiso referirse al dinero involucrado, aunque señaló que “estamos topando en la oferta económica, es por eso que todavía no llegamos a acuerdo(…) Los funcionarios hemos hecho todos los esfuerzos necesarios”. La ministra Blanco también habló, pero no desde la oficina ministerial, sino que cruzó hasta La Moneda para dar un claro mensaje a deponer el paro, advirtiendo que no se pagarán los días no trabajados (ver nota secundaria). “Estamos disponibles para explicar todo lo que haya que explicar, pero el paro se depone ya, y de nuevo el llamado a los trabajadores es a volver a sus funciones”, señaló la secretaria de Estado. Blanco agregó que “el daño a la gente es invaluable”.
En tanto, recibida la propuesta del gobierno, Díaz llamó a los funcionarios a una reunión informativa, posponiendo la asamblea para votar esta oferta. Finalizada la cita concurrió nuevamente hasta las dependencias del Ministerio de Justicia, durante la tarde donde continuaron las negociaciones, entre ambos sectores. Tras cerca de dos horas, Nelly Díaz reiteró que no se logró un acuerdo y que el paro continúa. “Nosotros hemos bajado el monto (de lo ofertado) lo suficiente y a ante eso no hay acuerdo con el gobierno (…) Esperamos que nos sigan llamando, esperamos seguir conversando”, dijo. Además, manifestó que seguirán concurriendo al ministerio. Sin embargo, hubo molestia entre los funcionarios, los que incluso estaban evaluando ayer hacer una huelga de hambre.
Medidas de contingencia
En lo operativo, la Dirección Nacional del Registro Civil sigue adoptado medidas de contingencia para mitigar los casi dos millones de trámites pendientes. Ayer, el director del servicio, Luis Acevedo, anunció que desde hoy funcionarios del Ministerio de Salud se integraran al proceso de inscripción de recién nacidos. “A contar de mañana (hoy) también se suma la red de salud a la inscripción de nacimiento y defunciones en los hospitales que indicaremos en nuestra web (…) En los hospitales habrá un funcionario adjunto del Registro Civil para poder realizar las inscripciones”, señaló.
En tanto, Díaz dijo que ellos también están atendiendo al público en las oficinas de Huérfanos con Manuel Rodríguez: “Ya no estamos haciendo los turnos humanitarios (éticos), sino que estamos atendiendo a todo el que llega”.