En medio del trabajo de la comisión de diputados que analizó la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, a pedido de los diputados acusadores dicha instancia solicitó información a varias reparticiones públicas; entre ellas, al propio Ministerio de Salud, para tener más antecedentes disponibles sobre el quehacer de la cartera.

Aunque tales requerimientos fueron planteados el 26 de noviembre, sorpresivamente la comisión dio por finalizado su trabajo apenas cinco días después (el 1 de diciembre), pese a que todavía no recibía las respuestas de las instituciones que fueron consultadas. De este modo, la instancia que integraron Lautaro Carmona (PC), Leonardo Soto (PS), Guillermo Ceroni (PPD), Marcela Hernando (PRSD) y Hugo Gutiérrez (PC) elaboró un informe en el que rechazó la acusación constitucional.

Los informes oficiales que nadie revisó

Sin embargo, pese a que la comisión había terminado su trabajo, la ministra Castillo respondió las consultas en un oficio que llegó a la comisión el lunes recién pasado.

Esos antecedentes no fueron revisados por los diputados de la comisión ni por la sala de la Cámara de Diputados -que dos días después desechó el libelo en la llamada cuestión previa-, pero aportan nueva información sobre la gestión de la cartera, uno de los aspectos que más se le cuestionaban a la secretaria de Estado.

Entre los datos destaca la distribución geográfica de los nuevos médicos especialistas contratados en el país, que según la respuesta de la ministra Castillo, suman 915 jornadas médicas desde el mes de febrero. De aquellas, 737 corresponden a jornadas diurnas y 178 a profesionales que cumplen turnos de urgencia, y equivalen a 32.428 y 4.984 horas, respectivamente.

Esas nuevas contrataciones han favorecido principalmente a los servicios de salud Araucanía Sur, Maule, Reloncaví (Región de Los Lagos) y a la zona norte de Santiago, que juntos concentran el 45% de esas nuevas jornadas.

En contraste, en los servicios de salud de Atacama y de Osorno solo se agregaron cinco y ocho jornadas médicas, respectivamente.

Otro de los puntos a los que se refirió la ministra en sus respuestas a los parlamentarios fue el de los retrasos en las atenciones de salud que están garantizadas por el plan AUGE.

Reportes retrasados

Sobre esto, planteó que el sistema informático con el que se hace el seguimiento del plan AUGE «no permite registrar ciertas acciones», por lo que en algunos casos «aparecerán retrasadas en los reportes, aunque la prestación se haya otorgado efectivamente al beneficiario».

Respecto de la deuda hospitalaria, Castillo respondió a los diputados que en octubre esta ascendía a $226 mil millones, y que a fines de este año los centros asistenciales del Estado no podrán tener una diferencia superior al 3% entre sus ingresos y gastos operacionales.

El diputado Leonardo Soto (PS) confirmó a «El Mercurio» que este oficio no fue visto por la comisión que analizó la acusación constitucional.

Agregó, no obstante, que «con la ministra tuvimos una coordinación permanente y sabemos las acciones que se están realizando para cada uno de los puntos críticos de la cartera».

Al contrario, Javier Macaya (UDI) -quien en septiembre estuvo a cargo de la interpelación de la ministra de Salud- planteó que «los datos son bastante ilustrativos de la crisis por la que atraviesa la salud, que fue negada por la defensa de la ministra».

A su juicio, «la información no fue revisada, porque en la comisión no quisieron hablar de salud. Fue una defensa política que no quiso mirar los datos duros».

 

Fuente: El Mercurio